La Fiscalía General de la República inició este lunes a materializar el control estatal sobre doce propiedades a través de la Ley de extinción de dominio, las cuales le fueron congeladas al diputado del partido PCN, Reynaldo López Cardoza.
El arranque de este proceso inició en una casa de la elitista colonia Quintas del bosque en Los Planes de Renderos, departamento de San Salvador. Esto, como parte de la orden de la Cámara Segunda de lo Civil, en fallo pronunciado el pasado viernes sobre un juicio por enriquecimiento ilícito contra el legislador.
El caso de Cardoza fue el primero que destapó la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su investigación contra funcionarios sospechosos de enriquecimiento ilícito. El pasado viernes, la Cámara asignada a su caso, eximió de responsabilidad civil al diputado, pero encontró a responsable a su esposa, Alma De López, por no justificar un incremento patrimonial de $78,000.
De acuerdo con la Fiscalía, el monto de lo que determinó la Sección de Probidad de la CSJ de incremento patrimonial no justificado por Cardoza, fue de $ 806,479.25. A esto se le suman el valúo que se le practicó dentro del proceso judicial en sus inmuebles, así como las construcciones y mejoras que les realizó, lo cual asciende a $665,366.55.
Además, los vehículos que adquirió y que vendió, le habrían generado un total de $155,561.38, y por medio del peritaje financiero contable se determinó que entre depósitos y retiros, hubo una cantidad que fluctuó en aproximadamente $31,819. 84
Las propiedades intervenidas por la Fiscalía se localizan en los departamentos Santa Ana, Chalatenango, San Salvador y La Libertad, en incluyen lugares de habitación, así como negocios.
La Ley de extinción de dominio establece que el diputado Cardoza tendrá espacio para demostrar que los bienes fueron adquiridos de forma lícita, para que los mismos le sean restituidos por un juzgado especializado.
En cuanto al fallo que declaró no ha lugar la responsabilidad civil, la Fiscalía expresó desde el viernes que apelará la decisión ante la Sala de lo Civil.
Casa en colonia Quintas del bosque en Los Planes de Renderos incautada al diputado Reynaldo Cardoza. Foto cortesía de la Fiscalía General de la República.
Pese a que al diputado no se le encontró responsabilidad civil en el juicio, la Cámara librará certificación de la sentencia a la CSJ a efecto que, de considerarlo pertinente, imponga a López Cardoza la multa a la que se refiere el artículo 10 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP). Igualmente librará oficio al Tribunal de ética Gubernamental, a fin de que investigue las probables infracciones establecidas en la Ley de Ética Gubernamental, por parte del diputado López Cardoza.
Las magistradas también librarán oficio al Tribunal Supremo Electoral, a fin que investigue si se ha hecho un uso adecuado de los fondos entregados en concepto de deuda política al demandado.
El pasado viernes, Diario1 cuestionó al fiscal Héctor Martínez por una observación realizada el lunes, respecto a que si los registros de unos préstamos otorgados a los hijos del exdiputado suplente Wilver Rivera Monge, podrían constituir un indicio de lavado de dinero, el fiscal se limitó a decir que esto se deberá dilucidar en una instancia distinta a la civil.
En ese sentido, se le preguntó si todavía se está contemplando un proceso penal contra Cárdoza, el fiscal Martínez señaló que de momento, no podría adelantar tal idea.
El lunes, el fiscal Héctor Martínez insistió que una demanda penal contra Cardoza sigue en pie y no descartan que esta sea la próxima fase del proceso judicial contra el legislador.
Los beneficiarios de los supuestos préstamos, estableció Martínez, serían los hijos del exdiputado suplente Wilver Rivera Monge, condenado a 10 años de cárcel por lavar dinero para estructuras de narcotráfico.
“Él (Cardoza) simulaba que daba mutuos hipotecarios, cuando el perito estableció que no consta de donde salió el monto, ni consta que de verdad se haya dado el préstamo”, indicó el fiscal.
El 3 de noviembre de 2015, el entonces fiscal general, Luis Martínez, anunció el inicio de una investigación contra Cardoza por lavado de dinero.
“En cuanto a la investigación de lavado se están desarrollando las investigaciones respectivas”, respondió cuando los periodistas le cuestionaron sobre cómo avanzaba la investigación contra el legislador pecenista.
En los últimos años, el PCN, el que fuese el partido que respaldó los presidentes militares durante los años 60 y 70, se ha rodeado de una serie de personajes cuestionables por sus vínculos con el narcotráfico y otros ilícitos. Tal es el caso de los exdiputados suplentes Roberto Silva Pereira y Wilver Rivera Monge, ambos condenados por nexos con grupos de narcotráfico.
Otra de las propiedades incautadas al diputado Reynaldo Cardoza. Foto cortesía de la Fiscalía General de la República.
De igual forma alberga en sus filas al alcalde de Metapán desde 2006, Juan Samayoa, que además está vinculado con el Cártel de Texis, una organización de narcotráfico que opera en el noroccidente del país.
Wilver Rivera Monge fue detenido en 2014 acusado de tener vínculos comerciales con el narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián “El Repollo”, condenado en noviembre de 2014 a 77 años de cárcel por los delitos de tráfico ilícito, almacenamiento, tráfico internacional; así como conspiración y proposición para delitos relacionados con la droga.
Vínculos con Cártel de Texis
Al diputado Cardoza también se le vincula desde hace tiempo con estructuras del narcotráfico, específicamente con el Cártel de Texis, agrupación delictiva que al parecer apoya las campañas de políticos del PCN.
De acuerdo con la Fiscalía, el ex diputado suplente de Cardoza, Wilver Rivera Monge, a través de algunos miembros de su familia, se dedicaba a lavar bienes de los delitos de Ulloa Sibrián “El Repollo”. Además lo acusó de no justificar el ingreso de 7 millones de dólares a sus cuentas bancarias, tampoco 41 propiedades y una gran cantidad de vehículos a su nombre.
Un informante de este y otros procesos legales, quien prefirió el anonimato, reveló a Diario1 que Rivera Monge tenía un autolote en la prolongación de la alameda Juan Pablo II. El informante señala que algunos vehículos que se vendían y compraban tenían como destino el Cártel de Texis y políticos como Manuel Rodríguez, del PCN.
Los vínculos entre Rivera Monge y esta organización de narcotráfico que opera en el noroccidente del país son tales, que según este mismo informante, el exdiputado habría participado en una reunión el 11 de noviembre de 2013, en el rancho Salinitas, en el departamento de Sonsonate, en la que habrían participado el alcalde de Metapán, Juan Samayoa; el asistente del despacho del a Fiscalía, Rodolfo Delgado y Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal.
En la misma se habrían discutido estrategias para favorecer electoralmente al PCN y la movilización de cargamentos de droga; además se habría fraguado un atentado contra Jorge Ulloa Sibrián “El Repollo”, un comerciante condenado a 77 años de cárcel por delitos de narcotráfico.
Junto al alcalde Juan Samayoa y Reynaldo Cardoza (diputado del PCN), el fiscal Delgado le habría tendido una trampa a Wilver Rivera Monge, quien era el encargado de lavar parte del dinero del Cártel de Texis y de “El Repollo”. Aparentemente Rivera Monge fue procesado porque se negó a participar en el atentado contra el mencionado empresario.
De acuerdo con la Fiscalía, Rivera Monge a través de algunos miembros de su familia, se dedicaba a lavar bienes de los delitos de Ulloa Sibrián “El Repollo”. Además lo acusó de no justificar el ingreso de 7 millones de dólares a sus cuentas bancarias, tampoco 41 propiedades y una gran cantidad de vehículos a su nombre.