El Salvador
domingo 12 de enero de 2025

Dinero para campaña de Mauricio Funes no fue reportado al sistema financiero

por Redacción


Plataforma ciudadana “Amigos de Mauricio” captó donativos sin pasar controles financieros, de acuerdo con reporte de organización civilista.

Al menos $600 mil que el expresidente Mauricio Funes recibió en su campaña política por medio de la plataforma ciudadana “Amigos de Mauricio” no fueron reportados al sistema financiero en concepto de transacción, según reveló este miércoles la organización Acción Ciudadana.

Funes llegó a la presidencia de la República en 2009, cuando aun no se aprobaba la Ley de Partidos Políticos, la cual exige a estos entes la identidad de sus financistas y el monto que reciben en concepto de donaciones para campañas, tanto para elecciones legislativas y municipales como presidenciales.

Dicha Ley exige además que se debe fiscalizar toda donación recibida, tanto por el partido como por los candidatos de manera personal.

Acción Ciudadana reveló la información, como parte de un informe sobre los ingresos reportados por los partidos políticos durante el 2016, obtenidos mediante solicitudes de información a las unidades de transparencia de los diferentes institutos políticos.

Desde que ganó la presidencia de la República en 2009, nunca se ha sabido con certeza cuánto dinero ingresó a la campaña de Mauricio Funes, siendo este un tema de polémica, desde que el experiodista era candidato presidencial.

En ese entonces se especuló que gobiernos amigos del partido FMLN estaban financiando la campaña presidencial de Funes, pero fue el mismo candidato quien reveló que un préstamo de $3,000,000 otorgado por el empresario Nicolás Salume, ayudó a solventar los gastos de su campaña.

Cuando llegó a la presidencia, Funes se desdijo acerca de que dicho dinero era un préstamo y alegó que ese aporte había sido absorbido por el FMLN a manera de donación.

En una publicación en su cuenta de Facebook de principios de 2016, Funes señaló que los ingresos obtenidos durante la campaña presidencial del año 2009 “permitió pagar compromisos personales” y otros propios de campaña.

Además indicó que el libro de ingresos de su campaña fue entregado a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la cual acusó de no tomar en cuenta dicho documento, al momento de examinar su declaración patrimonial.

Debido a inconsistencias encontradas en su declaración patrimonial, en la que no se explican incrementos patrimoniales de cerca de $728,000, Funes enfrenta actualmente un juicio civil por enriquecimiento ilícito.

Ese mismo 2016, diputados del FMLN alegaron desconocer todas las fuentes con las que el expresidente Funes financió su campaña, pero aclararon que buena parte de esos ingresos fueron canalizados por el partido.

Desde el pasado septiembre, a Funes se le confirió asilo político en Nicaragua, cuyo gobierno lo consideró “perseguido político”. El exmandatario recibió esta condición, días después que la Fiscalía lanzara una investigación en su contra por delitos de corrupción. Como parte de la investigación, el Ministerio Público giró órdenes para allanar propiedades vinculadas a gente cercana al exmandatario.

El punto de partida de las indagaciones de la Fiscalía fueron las empresas de Miguel Menéndez “Mecafé”, coordinador de contabilizar las aportaciones para la campaña de Funes, quien según estimaciones del Ministerio Público, se habría beneficiado por ser proveedor del gobierno, reportando utilidades estimadas en $14,000,000.

Mecafé, como uno de los fundadores de “Los Amigos de Mauricio”, logró incorporar personalidades que por mucho tiempo estuvieron asociadas con la derecha del país. Era natural que varios de sus integrantes aportaran de su bolsillo a la campaña de Funes.

Entre esas personas se encuentra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores, quien fue el responsable del Movimiento en Estados Unidos, y a quien recientemente Mauricio Funes señaló de supuestamente ser el testigo criteriado que ayudará a la Fiscalía a entablar una demanda contra el exgobernante por lavado de dinero.