El Juzgado Cuatro de Paz de San Salvador confirmó el congelamiento de dos propiedades vinculadas a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, actual pareja del expresidente de la República Mauricio Funes.
Diario1.com solicitó hablar con la jueza Nelly Esther Pozas Henríquez, responsable de dicho Juzgado, pero a través de una colaboradora de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, dijo que no hablaría al respecto.
Sin embargo, la empleada judicial confirmó el congelamiento de dos propiedades valoradas en más de un millón de dólares como una medida preventiva en la investigación por el delito de lavado de dinero que la Fiscalía General de la República realiza contra Mauricio Funes.
Los bienes congelados pertenecen a la empresa Latin American Spas, los cuales fueron adquiridos a través del empresario José Miguel Antonio Menéndez.
Uno de los inmuebles está ubicado en la colonia Maquilishuat, San Salvador, el cual fue adquirido a un costo de $665,00. Ahí funcionaba el salón de belleza cuya propietaria era la actual pareja de Funes y madre de uno de sus hijos.
Asimismo, el Juzgado Cuatro de Paz congeló una vivienda valorada en $325,000, la cual también era usada para brindar servicios de belleza y propiedad de la empresa Latin American Epas.
Por su parte, Mauricio Funes –quien se encuentra asilado en Nicaragua junto a su pareja− dijo a través de su cuenta en Twitter que no existen pruebas que los bienes inmovilizados tengan alguna relación con él. “Según requerimiento, no existe ninguna prueba de que tengo alguna relación con los inmuebles investigados ¿Basta con que un testigo lo asegure?”, cuestionó el exgobernante del FMLN durante el periodo 2009-2014.
“Juzguen ustedes si hay o no persecución cuando montan todo un caso de lavado basado en un testigo al que criteriaron”, agregó Funes.
La Fiscalía mantiene abierta una investigación penal contra Mauricio Funes por los delitos de peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencia.
Además, un proceso civil por el delito de enriquecimiento ilícito por no poder justiciar $728,000 de su patrimonio.