Enrique Rais es un empresario, pero también es un prófugo de la justicia salvadoreña. A él se le acusa de manipular algunas argollas del sistema judicial para obtener resoluciones a su favor.
Desde este martes, tanto el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, como este miércoles, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, confirmaron que la Secretaría General de la Policía internacional (INTERPOL), en Lyon Francia, entretiene la orden de captura internacional en contra de Enrique Rais y otros cinco prófugos más. El argumento es que aún se estudian las peticiones por el impacto nacional e internacional del caso, según manifestó el ministro Ramírez Landaverde.
Lo cierto es que desde enero, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Rais, con su sobrino Hugo Blanco Rais y el abogado Ernesto Gutiérrez se fugaron en un avión que partió desde Guatemala el pasado 13 de enero, con destino a República Dominicana.
En ese momento el fiscal, Douglas Meléndez, señaló que la información confidencial que obtuvieron sobre la fuga de Rais, ya fue compartida con Interpol.
Tras su fuga, las autoridades salvadoreñas presentaron en enero pasado una solicitud de difusión roja a Interpol, la cual todavía no ha colocado el nombre de Enrique Rais como los más buscados.
Este miércoles se cumplen 37 días, desde que el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador decretó una orden de búsqueda y captura internacional contra Enrique Rais, acusado de delitos como fraude procesal y cohecho activo; sin que exista respuesta a dicha solicitud.
Ante esto, el director de la PNC, Howard Cotto, señaló que “la Policía tramita la orden judicial emitida por el juez ante Interpol”, pero es el Consejo de Interpol quien determina la viabilidad de la difusión roja.
“Hay casos en los que Interpol resuelve casi de inmediato, pero en otros pueden tardar semanas o meses”, dijo Cotto al dejar entrever la impotencia que se tiene en el caso.
El director general de la PNC señaló que el comité que estudia las solicitudes de difusiones, evalúa diversos factores, entre los que destaca la persecución racial, étnica o de género. Sin embargo señala no saber cuál es el factor que genera la demora de Interpol.
Y, efectivamente, el país ha vivido las dos caras de la burocracia o agilidad en estos casos por Interpol. Entre los antecedentes más recientes se encuentra el del expresidente Francisco Flores quien en los últimos años de su vida enfrentó un proceso legal por supuesta corrupción con donativos entregados por el gobierno de Taiwán, a favor de los damnificados del terremoto de 2001 en El Salvador.
El 9 de mayo de 2014, solo dos días después que se girara una orden de captura internacional contra Flores, Interpol colocó el perfil del exmandatario en su portal web. Cuatro meses después de encontrarse prófugo de la justicia, Flores se entregó ante la justicia, para posteriormente encarar su proceso legal.
Estas aclaraciones, tanto de Cotto como de Ramírez Landaverde, surgen posterior a algunas versiones confusas que circularon en redes sobre la negativa de Interpol para aceptar la solicitud de difusión en contra Rais. A lo que el ministro de Justicia reiteró “lo que sucede es que no ha sido publicada aún. Pero que lo haya negado, no. No hemos sido notificados al respecto”.
A Rais se le acusa de cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica. Además del empresario, deben ser capturados nuevamente los imputados Romeo Aurora Giammattei, Mauricio Antonio Álvarez Gálvez, Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, Hugo Ernesto Blanco Rais y Julio Adalberto Arriaza González.
En este caso también está implicado el exfiscal Luis Martínez, como parte de una red de manipulación judicial, por el cual Rais obtenía resoluciones beneficiosas, y el ex titular del Ministerio Público y otros abogados recibían dádivas de diversos tipos.
Por este caso, todos los implicados fueron detenidos el pasado 22 de agosto y siete días más tarde, la jueza Séptimo de Paz les concedió medidas sustitutivas al arresto, al considerar que ninguno de los implicados representaba un peligro de fuga.
No obstante, la Cámara Primera de lo Penal anunció el 12 de enero que revocaba las medidas dictadas por el juzgado de Paz y ordenó la recaptura de los implicados en el caso. De ellos, solo el exfiscal general Luis Martínez fue recapturado y actualmente guarda prisión en el penal La Esperanza, conocido como Mariona.
La influencia que Rais alcanzó a tener sobre importantes funcionarios de diversos órganos del Estado, así como políticos poderosos, se ve reflejado en los registros de viaje publicados por medios de prensa.
De acuerdo a una publicación de la Revista Factum de noviembre de 2014, desde febrero del 2013, a pocos meses de haber tomado posesión como fiscal, hasta agosto del 2014, Martínez realizó 66 vuelos, de los cuales 40 fueron en aeronaves privadas. La oficial de información de la Fiscalía, Deisi Marina Posada, confirmó 11 viajes realizados en 2013 y 12 en 2014 por medio de una respuesta a una solicitud hecha por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE.
El fiscal fue duramente cuestionado por esos viajes, al mismo tiempo que en la Fiscalía se fueron desvaneciendo los casos que acusaban al empresario de haber desviado $240 mil de la sociedad mixta MIDES a cuentas personales en Cuba y Estados Unidos para pagar cuentas personales.
El 14 de julio pasado, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada, informó que el ex fiscal general de la República Luis Martínez, valiéndose de su cargo, “vendió justicia” al empresario José Aquiles Enrique Rais a cambio de favores personales, entre los que destacan una larga lista viajes en jets privados a varios países.
En diciembre pasado, Posada confirmó a Diario1 que Luis Martínez aun no había pagado la multa impuesta, la cual es de $8,954, equivalente a 40 salarios mínimos urbanos del sector comercio, la máxima sanción que dicha institución puede otorgar a un funcionario que sea evidenciado.
Por otra parte, el 26 de abril de 2016, Diario1 publicó una investigación de la Revista Factum en la cual se reveló que la Administración para el Control de Droga en los Estados Unidos (DEA) ordenó incautar dos aviones del empresario salvadoreño Enrique Rais luego de detectar restos de narcóticos en los aviones supuestamente modificados.
La intervención en los aviones, estacionados en un pequeño aeropuerto al norte de Miami, se dio tras una investigación conjunta de la oficina del alguacil del condado Martin en Florida, la DEA y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que asegura que Rais creó “compañías fachada” en Estados Unidos, a través de testaferros, para ocultar que él es el propietario de los aviones. La solicitud de incautación de los aviones, firmada por el alguacil del condado de Martin, William D. Snyder, e introducida en una corte local el jueves 21 de abril, va sustentada en que Rais es objetivo prioritario de la DEA, dijo Factum.
Según la publicación periodística, todo comenzó cuando las autoridades de Florida detectaron actividades sospechosas en el plan de vuelo de cuatro aeronaves de Rais que viajaban desde Centroamérica hacia los Estados Unidos.
De acuerdo con el expediente citado por Factum, un perro de antinarcóticos llamado Óscar, de la oficina del alguacil del condado Martin, detectó rastros de droga al interior del avión One Lear Jet, de matrícula N54HT, estacionado en el hangar número 7 del aeródromo Witham Field, en el centro de Florida.
Este hecho, según la investigación periodística, habría ocurrido el pasado 10 de marzo, casi un mes después de que la aeronave realizó su último vuelo partiendo del aeropuerto de Ilopango, en El Salvador.
A partir de este hallazgo, las autoridades de Martin, apoyados por el FBI y la DEA, presentaron un escrito ante la jueza Bárbara W. Bronis para que los aviones retenidos fueran incautados formalmente para realizar un análisis más exhaustivo de las aeronaves.
Pero eso no es todo. En abril pasado, Rais dijo que no solo el exfiscal general de la República, Luis Martínez, ha viajado en sus aviones privados, sino que también varios funcionarios públicos, expresidentes e incluso el actual presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, así como el dirigente del partido en gobierno, FMLN, José Luis Merino.