Una supuesta red compuesta por 27 personas, en su mayoría lancheros de las costas salvadoreñas, fue desbaratada la semana pasada y acusada por diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Según la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, dicha red trabajaba para otros sujetos en Guatemala, quienes tenían vínculos con el poderoso Cártel de Sinaloa.
Dicha estructura, entre quienes también está la expresentadora de televisión y locutora Pamela Posada, ha sido llevada a fase de instrucción y los implicados guardarán prisión por seis meses mientras esperan la próxima comparecencia ante la justicia.
Desde el momento de la captura de los sospechosos hasta la culminación de la audiencia inicial, las autoridades se han mantenido herméticas sobre los verdaderos alcances que tenía esta red, a la que se le acusa de proveer logística para el Cártel de Sinaloa, a través de traslado de droga y provisiones.
El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, sostuvo que en breve se enviarán requerimientos contra dos guatemaltecos que estarían al frente de esta estructura. No obstante, aun no hay aviso de cuando sucederá esto.
Al pensar en 27 capturas, cualquiera puede creer en un significativo golpe contra el crimen organizado en el país. Este planteamiento se viene abajo cuando uno se fija en los ilícitos decomisados a esta red: “14 lanchas, dos revólveres, una escopeta, dos fusiles, $4,000, celulares y dos GPS, vehículos y documentación”.
Si se tiene en cuenta que en su mayoría los capturados en este operativo son lancheros, de quienes las autoridades dicen que usaban dicha actividad como “fachada” para ocultar sus ilícitos, y que los ilícitos incautados en varios allanamientos no arrojaron grandes decomisos, lleva a preguntarse si hay cabecillas criminales que operan esta red y por qué dichas personas no han sido llevados ante los juzgados, de la misma forma que a Pamela Posada y los 26 lancheros.
Diputados de las fracciones legislativas más grandes en la Asamblea Legislativa aplauden estas capturas, pero consideran que las mismas deben llevar hacia dar golpes más contundentes al narcotráfico.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, conocido por sus posiciones a favor de la persecución frontal contra el crimen, es también del pensar que encima de la red conocida como “narcolancheros” existen más personas a la cabeza que deben ser perseguidas.
“Estas capturas son un buen paso, pero yo también me hice esa reflexión; aquí falta otro tipo de personas, ya que aunque los capturados son personas dedicadas al traslado de la droga, los que dirigen el negocio no están y la Fiscalía debe llegar más allá”, manifestó el presidente legislativo.
Similar postura tiene el diputado, Calixto Mejía, del FMLN, quien no dejó de resaltar el accionar del actual gobierno, el cual decomisó en 2016 más de $246 millones en droga, el alijo más grande en la historia del país.
“Para nadie es desconocido que el narcotráfico y el crimen organizado tienen poder económico y tentáculos políticos; no estoy diciendo nada nuevo. Lo importante es seguir enfrentando ese flagelo”, sostuvo Mejía.
Mientras, el diputado de ARENA y miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Mauricio Vargas, se mostró más cauteloso en torno al tema y prefirió esperar el desenlace de las investigaciones en torno al caso de los narcolancheros.
“Aquí no se trata de descalzos y de aquellos a los que la serpiente muerde el pie. Quien tenga pecado, que lo pague, simple y llanamente”, manifestó.