El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador declaró culpables a los tres jueces señalados de favorecer, a cambio de dinero, a estructuras de narcotráfico y pandilleros.
El tribunal impuso una pena de 19 años de prisión al ahora exjuez titular del Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, Enrique Beltrán. Asimismo, su suplente en dicha instancia judicial, José Rodolfo Castillo, pasará 14 años tras las rejas.
Por otra parte, Jorge González Guzmán, exjuez Especializado de Instrucción, fue condenado a cuatro años de cárcel.
Los jueces han sido vinculados a una red del crimen organizado del oriente del país que fue desarticulada a finales de julio del año 2014. Los juzgadores fueron acusados y encontrados culpables por el delito de cohecho propio (favorecer a personas procesadas a cambio de dinero).
La operación abarcó las capturas de policías, fiscales y empleados del Órgano Judicial de los tribunales Especializados de San Miguel. “Hay una gran cantidad de delitos en esta gran operación que hemos realizado”, dijo en aquel momento Howard Cotto, quien se desempeñaba como subdirector general de la Policía Nacional Civil (PNC).
El jefe de la Unidad Especializada de la FGR Allan Hernández, aseguró que se encuentran satisfechos por la desarticulación de una estructura que realizó una “venta sistemática de justicia”, señaló.
Allan Hernández, Director de Unidades Especializadas FGR, y German Arriaza, Director Zona Oriental FGR. Foto Rodrigo Sura
“Es un llamado de atención al sistema, para controlar de mejor forma a los administradores de justicia”, señaló el jefe fiscal.
La red de jueces, policías y fiscales que favoreció a la banda de narcos
Las investigaciones se comenzaron a entretejer en el año 2014. Cuando se da luz verde a uno de los métodos sofisticados para cruzar información entre FGR y PNC, con el objetivo que sus elementos operativos no conozcan de las indagaciones que se realizaban. Los señalamientos de corrupción judicial embarraban a jefes de unidades policiales y jueces del oriente.
El primer contacto se tiene cuando un miembro de la pandilla 18 del departamento de La Unión, liderada por José Timoteo Mendoza alias “el chory”, hace el primer contacto con una colaboradora judicial, para calcular la cuota para la primera venta de justicia. Este fue el primer pulso.
El objetivo era conocer identidades de testigos criteriados en un caso que relacionaba a más de un centenar integrantes de la estructura de la 18, que tienen relación con el narcotráfico. Ese nombre costó $1,500. Del testigo no se dice nada. De los nombres tampoco. Solo que son claves.
Esa cifra fue la primera en ser documentada. Desde ahí hasta a la fecha a los jueces se les atribuyen 12 “favores” que representaron sobornos que superan los $85 mil dólares. Entre los que figuran aplazos de audiencias, condenas blandas, resoluciones a favor, recusaciones, entre otros.
Según el Director de la Zona Oriental de la Fiscalía General de la República, German Arriaza, existía un pliego tarifario para cada favor. “En un caso comenzaron a negociar desde 75 mil dólares y terminaron aceptando 25 mil, en otros casos 50 mil y aceptaron 10 mil”, y así fueron las subastas.
Pero la corrupción no solo había permeado los tribunales. Según las investigaciones fiscales y policiales, la estructura de narcotraficantes estaba compuesta por 93 personas, entre particulares, jueces, fiscales y policías todos del oriente.
Los empleados del sistema judicial eran los encargados de negociar la reducción de penas o la libertad de los involucrados en ilícitos.Pero la cadena de infiltración de la estructura de narcotráfico iniciaba desde la operatividad de la Policía Nacional Civil (PNC), ya que fueron capturados 12 agentes, entre ellos el jefe de la División Antinarcóticos de la PNC, José Mayén Rodríguez Torres, quien se encargaba de brindar detalles de las operaciones.
En esta misma redada también se capturó a los fiscales Patricia María Hernández Hernández y a Salvador Ruiz Pérez.
Los detenidos fueron acusados de favorecer a narcotraficantes que transportan cocaína hacia Estados Unidos a través de encomiendas desde El Salvador y recibidas por la misma estructura en Houston, Texas.
Mientras el operativo policial se extendía en el oriente del país, el 30 de julio de 2014, la Fiscalía acusaba del delito de cohecho a Enrique Beltrán, juez Especializado de Sentencia; José Rodolfo Castillo, juez suplente Especializado de Sentencia; Jorge Gonzales Guzmán, juez Especializado de Instrucción.
Esa acusación, dio pie a un proceso exprés, donde el engranaje del sistema judicial se afinó. “Hemos recibido completo apoyo en este caso”, señalaron los jefes fiscales Hernández y Arriaza.
Pero fue hasta el martes 12 de agosto, siempre de 2014, y después del proceso de antejuicio realizado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se dio a conocer el desafuero de los juzgadores. Ese mismo día se realizó sus capturas.
“Hemos finalizado un proceso tortuoso”, concluyó el fiscal Allan Hernández al señalar los traspiés de un proceso judicial que se extendió por 926 días. “Separaciones de casos, separaciones de jueces que iban a conocer, se presentaban dificultades con el manejo de testigos”, lamentó, pero celebró las condenas Hernández.