La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado Séptimo de Paz que Ana Ligia Mixco Sol pague una fianza de $500,000 de dólares para que enfrente en libertad el proceso judicial en su contra. La exprimera dama es acusada, con 16 personas más, de integrar una red que lavó dinero público para el expresidente de la República Elías Antonio Saca.
La defensa confirmó la solicitud de la FGR que tres implicados (Ana Ligia Mixco Sol, esposa del expresidente Saca; César Funez Cruz, padre del exsecretario de Juventud César Funes; y Antonio Lemus Simún) podrían ser procesados con medidas sustitutivas al arresto, ya que presentan “cuadros clínicos delicados de salud”, señaló el abogado defensor de la exprimera Dama, Miguel Ángel Flores.
Los otros integrantes de la red procesados en esta segunda fase en la denominada “Destape a la Corrupción” son Óscar Edgardo Mixco Sol, cuñado de Elías Antonio Saca; Gerardo Antonio Funes Durán, hermano del expresidente de ANDA, César Funes; Rolando Alberto Durán Acevedo, gerente de América Publicidad; José Antonio Lemus Zelaya, director y socio de la empresa de publicidad Anle; Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Enma Suazo Canjura, Ángel José Montoya González, Oswaldo Octavio Orantes Marenco, Hernán Antonio Leiva Alemán y Nilton Romeo Avilés Cruz.
A ellos se les acusa de lavar al menos 22 millones de dólares provenientes de cuentas de Casa Presidencial.
La red que beneficio a los Saca Mixco
El modo de operar, según el ministerio público, era que los imputados utilizaban agencias de publicidad como fachada para posteriormente dirigirlas a cuentas particulares.
El informe fiscal señala que se emitieron cheques a tres agencias publicitarias “América Publicidad recibió 3, 985,000 dólares; ANLE, 3, 400,000 dólares y Funes Asociados 4, 924,000”, dijo el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Jorge Cortez.
Asimismo, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, trasladó fondos públicos por $5, 488,000 a cuentas de Grupo Samix y que posteriormente terminaron en las cuentas de Elías Antonio Saca. El mismo monto y el mismo modo de operar usó María Enma Suazo Canjura, según explicó el fiscal Cortez.
La investigación de la Fiscalía determina que la red de empresas publicitarias y exempleados de Casa Presidencial se encargaban de lavar dinero a favor de la familia Saca Mixco.
Los movimientos de la exprimera Dama
Según el requerimiento fiscal, en 2006 Ana Ligia Mixco remesó dinero a dos cuentas corrientes; en total fueron $667,388.69. De esta cantidad, y según los ingresos percibidos por Mixco y reportados por el ministerio de Hacienda, solo se justifican $159,146.30, resultando una diferencia de $508,242.39 que la exfuncionaria no logró justificar.
En su momento, Antonio Saca argumentó que esos ingresos provienen parcialmente de sus cuentas y para que fueron destinados para cubrir gastos personales y del hogar por un monto de $94,052.31
Además, intentó justificar que Ana Ligia se dedicaba en ese tiempo a “cambiar cheques en efectivo para prestarle dinero a sus amigos, empleados y familiares”. Cuando sus prestadores cancelaban su deuda, la exprimera dama reunía el dinero y lo depositaba en sus cuentas personales.
El proceso judicial tuvo su génesis en los hallazgos realizados por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CJS), que ordenó el 23 de febrero del año pasado, la apertura a juicio posterior a detectar 13 irregularidades en la declaración patrimonial del exmandatario y que constituyó indicios de enriquecimiento ilícito.
Posterior al peritaje, se determinó que existe un incremento patrimonial de un 172 por ciento en sus ingresos durante los años del mandato de Saca.
Tras un operativo policial, el pasado 30 de octubre, fue capturado el expresidente de la República Elías Antonio Saca, el exsecretario de la Juventud César Funes y el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank.
De igual forma, en la primera etapa del caso fueron detenidos el exsecretario Privado de la Presidencia, Elmer Charlaix; Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia; Francisco Rodríguez, jefe de la unidad financiera institucional de Casa Presidencial y Jorge Alberto Herrera, tesorero institucional de la Presidencia. Estos últimos, siguen siendo funcionarios en la gestión de Salvador Sánchez Cerén.
En noviembre de 2016, la FGR hizo la acusación formal en contra los exfuncionarios, sobre los cuales pesan los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero.
La Fiscalía, en ese momento, acusó al exmandatario de liderar una “red de corrupción” que lavó 246 millones de dólares, en el periodo presidencial 2004 al 2009, y que fueron trasladados a cuentas personales.
Posterior a guardar prisión en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC, la madrugada del 17 de enero Saca y los otros exfuncionarios fueron trasladados al sector 9 del penal La Esperanza, conocido como Mariona.