El fiscal general Douglas Meléndez, aunque respetó la idea que el expresidente Mauricio Funes rinda su declaración en un cuestionario, en torno a su caso por supuesto enriquecimiento ilícito, no dejó de cuestionar la decisión de la Cámara Segunda de lo Civil, ya que a su juicio, no favorece el trabajo del Ministerio Público.
El pasado lunes, dicha Cámara informó que ya envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el cuestionario, el cual posteriormente será enviado al Órgano Ejecutivo, para que este libre el oficio a la embajada de El Salvador en Nicaragua.
Durante un evento en la ciudad de San Vicente, Meléndez dijo que si bien el procedimiento estaba permitido por la Ley, no es el más oficioso, en el sentido de no permitir repreguntas por parte de la Fiscalía.
“Funes debió haber declarado en persona, y en su defecto con videoconferencia, no a través de un cuestionario. No es el mecanismo adecuado y enviar un cuestionario es como estar en un monólogo”, expresó el Fiscal General.
La Fiscalía General de la República (FGR) demandó, en marzo de 2016, al expresidente Funes acatando la resolución de la CSJ que declaró que existen suficientes indicios de enriquecimiento ilícito, luego que Funes Cartagena, su exesposa Vanda Pignato y su hijo, Diego Funes Cañas, no lograran desvirtuar irregularidades en torno a un incremento patrimonial no justificado, que sobrepasa los $700,000.
El expresidente debe dar explicaciones en torno a un aumento patrimonial injustificado de $552,669, mientras que la exprimera dama, en calidad de cónyuge, canceló seis cuentas con $57,060 cuya procedencia de los fondos es desconocido y Diego Funes es demandado por la cantidad de $118,600, monto que presuntamente utilizó para la compra de vehículos.
La Cámara Segunda de lo Civil decidió nombrar el perito de la Superintendencia del Sistema Financiero para determinar los ingresos y los gastos de los investigados. Asimismo, si a las cuentas de Mauricio Funes ingresaron más de $600,000 provenientes de fondos recolectados por el movimiento “Amigos de Mauricio” que apoyó al exfuncionario durante la campaña presidencial.
Además, el perito tendrá que determinar el origen del dinero que el expresidente recibió de las empresas Agrosuministros y Multimedia, ambas S.A de C. V, esta última, ligada al expresentador de noticias Jorge Hernández.
Durante la gestión presidencial, Funes y su exesposa Vanda Pignato pagaron créditos adeudados por un monto superior a los $221,000, generando además un ahorro de $150,000. De acuerdo con los fiscales del caso, con los haberes y obligaciones que tenían Funes y Pignato como núcleo familiar, es inconcebible que lograran tal ahorro.
El ex mandatario es investigado, además por la FGR por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, malversación y negociaciones ilícitas, que ocurrieron durante su mandato.
Actualmente Mauricio Funes, su actual pareja Mitchell Guzmán y tres de sus hijos, solicitaron a Nicaragua asilo político. Después que la Cámara ordenara la apertura a juicio civil en noviembre pasado.
Funes justificó su solicitud tras decir que existe un plan para atentar en contra de su vida y de sus familiares. La Cámara aceptó, en noviembre pasado, la solicitud de Funes para que este declarar desde embajada de El Salvador en Nicaragua, bajo la figura de “cooperación procesal internacional”.
Las audiencias probatorias en torno al caso se han aplazado en tres ocasiones, siendo la más reciente, el 17 de enero pasado. La razón para el aplazamiento fue debido a la inconformidad de la defensa de Funes en cuanto al mecanismo que utilizaría el exmandatario para declarar.
En el mismo tema, el fiscal Meléndez afirmó que el monto cuestionado por supuesto enriquecimiento ilícito contra Funes y su núcleo familiar, había aumentado a partir de las pesquisas, pero no brindó el monto específico.
Asimismo confirmó que la Fiscalía de Brasil ha mantenido comunicación con su contraparte salvadoreña, para ampliar la investigación que se sigue contra jefes de Estado latinoamericanos, señalados por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebretch. Por este mismo hecho, ya se está procesando al expresidente de Perú, Alejandro Toledo.