El juez del Juzgado 7° de Paz de San Salvador decretó una fianza de $250,000 a Ana Ligia de Saca, esposa del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, procesada por el delito de lavado de dinero.
La exprimera dama tendrá que pagar dicho monto para evitar ser encarcelada por la investigación en su contra por haber participado en una red que movía dinero de fondos de Casa Presidencial hacia agencias de publicidad y cuyos fondos terminaban en cuentas del exmandatario que actualmente guarda prisión en el penal de Mariona.
El juzgado prohibió a Ana Ligia de Saca salir del país y le ordenó llegar a firmar cada 15 días al tribunal, si incumple las medidas sustitutivas, la imputada podría ser detenida y llevada a un centro penal.
Según el requerimiento fiscal, en 2006 la esposa de Saca, remesó dinero a dos cuentas corrientes por un total de $667,388.69.
El informe fiscal señala que se emitieron cheques a tres agencias publicitarias “América Publicidad recibió 3, 985,000 dólares; ANLE, 3, 400,000 dólares y Funes Asociados 4, 924,000”, dijo el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Jorge Cortez.
Asimismo, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, trasladó fondos públicos por $5, 488,000 a cuentas de Grupo Samix y que posteriormente terminaron en las cuentas de Elías Antonio Saca. El mismo monto y el mismo modo de operar usó María Enma Suazo Canjura, según explicó el fiscal Cortez. Los imputados están siendo señalados de lavar más de $22 millones de dólares entre 2004 y 2009.
La investigación de la Fiscalía determina que la red de empresas publicitarias y exempleados de Casa Presidencial se encargaban de lavar dinero a favor de la familia Saca Mixco.
Por este mismo caso está siendo procesado el expresidente Saca. Además, el exsecretario privado de la Presidencia, Elmer Charlaix; el expresidente de ANDA, César Funes; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank; Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia; Francisco Rodríguez, jefe de la unidad financiera institucional de Casa Presidencial y Jorge Alberto Herrera, tesorero institucional de la Presidencia. Todos los anteriores se encuentran tras las rejas, acusados de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.