Ni siquiera quince días duró el exfiscal general Luis Martínez al interior del centro penal de Metapán, recinto adecuado para exfuncionarios y aplicadores de justicia acusados o condenados por delitos. Dos semanas después, la Dirección de Centros Penales notificó de su traslado a un sector exclusivo del penal de Mariona.
Tras su recaptura el 13 de enero, por estar ligado a una red de corrupción judicial que operaba al servicio del empresario Enrique Rais, ahora prófugo de la justicia, el juzgado Octavo de Instrucción decidió enviar a Luis Martínez al penal de Metapán. Trece días más tarde, el 26 de enero para ser más exactos, Centros Penales informaba del traslado del exfiscal a Mariona, a un sector acondicionado para recibir a los acusados en casos en los que están inmiscuidos el expresidente Elías Antonio Saca y el expresentador de televisión Max González.
Pese a que el anuncio se dio el 26 de enero, se especula que el traslado ocurrió mucho antes, y que la causa detrás del mismo es que su vida corría peligro en Metapán, aun cuando se piensa que en dicho penal no hay reos de grave peligrosidad.
De acuerdo con una información trascendida en el diario digital El Salvador Times y brindado por fuentes que suelen visitar con frecuencia el presidio, Martínez habría sido víctima de una golpiza, algo que no obstante, las autoridades de la cartera de seguridad han negado que ocurriera cosa semejante.
Una de las versiones en torno a la supuesta golpiza contra Martínez, es que la misma fue ejecutada por un exjuez de la zona oriental del país, acusado de emitir resoluciones a favor de grupos delincuenciales y quien fuera llevado ante la justicia durante la gestión de Martínez en la Fiscalía.
Fuentes cercanas al caso del exfiscal Martínez, sostienen que el director de Centros Penales, Rodil Hernández, está bajo mucha presión por demostrar que prisioneros de alta visibilidad como Luis Martínez o el mismo Ex-Presidente Tony Saca como también el Reconocido Presentador de TCS «El Gordo Max» están con adecuadas medidas de seguridad dentro de los reclusorios adonde están aguardando sus respectivos procesos judiciales.
Pero existe otra versión acerca del origen de la supuesta golpiza, la cual vincula a otro defenestrado por Luis Martínez: El exdiputado suplente del PCN, Wilver Rivera Monge.
Según esta versión, el exdiputado Rivera, también recluido en Metapán, donde purga una condena de 15 años por lavado de dinero, habría ordenado la agresión contra Martínez a manera de venganza contra este.
Los vínculos de Rivera Monge con el crimen
Wilver Rivera Monge fungió como diputado suplente de Reynaldo Cardoza del PCN. Fue detenido en 2014 acusado de tener vínculos comerciales con el narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián “El Repollo”, condenado en noviembre de 2014 a 77 años de cárcel por los delitos de tráfico ilícito, almacenamiento, tráfico internacional; así como conspiración y proposición para delitos relacionados con la droga.
Luis Martínez promovió enérgicamente el proceso contra Rivera Monge, sin tener que esperar a la Asamblea Legislativa, que por aquel entonces discutía someter al exlegislador suplente a un proceso de desafuero.
De acuerdo con la Fiscalía, Rivera Monge a través de algunos miembros de su familia, se dedicaba a lavar bienes de los delitos de Ulloa Sibrián “El Repollo”. Además lo acusó de no justificar el ingreso de 7 millones de dólares a sus cuentas bancarias, tampoco 41 propiedades y una gran cantidad de vehículos a su nombre.
Un informante de este y otros procesos legales, quien prefirió el anonimato, reveló a Diario1 que Rivera Monge tenía un autolote en la prolongación de la alameda Juan Pablo II. El informante señala que algunos vehículos que se vendían y compraban tenían como destino el Cártel de Texis y políticos como Manuel Rodríguez, del PCN.
Los vínculos entre Rivera Monge y esta organización de narcotráfico que opera en el noroccidente del país son tales, que según este mismo informante, el exdiputado habría participado en una reunión el 11 de noviembre de 2013, en el rancho Salinitas, en el departamento de Sonsonate, en la que habrían participado el alcalde de Metapán, Juan Samayoa; el asistente del despacho del a Fiscalía, Rodolfo Delgado y Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal.
En la misma se habrían discutido estrategias para favorecer electoralmente al PCN y la movilización de cargamentos de droga; además se habría fraguado un atentado contra Jorge Ulloa Sibrián “El repollo”, un comerciante condenado a 77 años de cárcel por delitos de narcotráfico.
Junto al alcalde Juan Samayoa y Reynaldo Cardoza (diputado del PCN), el fiscal Delgado le habría tendido una trampa a Wilver Rivera Monge, quien era el encargado de lavar parte del dinero del Cártel de Texis y de “El Repollo”. Aparentemente Rivera Monge fue procesado porque se negó a participar en el atentado contra el mencionado empresario.
De acuerdo con la Fiscalía, Rivera Monge a través de algunos miembros de su familia, se dedicaba a lavar bienes de los delitos de Ulloa Sibrián “El Repollo”. Además lo acusó de no justificar el ingreso de 7 millones de dólares a sus cuentas bancarias, tampoco 41 propiedades y una gran cantidad de vehículos a su nombre.
De izquierda a derecha: Wilver Rivera Monge, Juan Samayoa y Reynaldo Cardoza.
Juan Umaña Samayoa es un empresario de granos básicos que tiene antecedentes judiciales por contrabando y evasión de impuestos. En los últimos diez años, informes de inteligencia del Estado relacionan a Umaña Samayoa con el Cártel de Texis, el cual lidera José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”.
El Cártel de Texis
José Adán Salazar es el único salvadoreño designado por el gobierno estadounidense como capo internacional de la droga. El presidente Barack Obama lo agregó a la lista kingpin el 31 de mayo de 2014.
Adán Salazar es un empresario que pasó de ser cambista de dinero en la frontera entre El Salvador y Guatemala a principios de los años 90, a estar detrás de un gran imperio empresarial con ramificaciones en el mercado de los granos básicos y bienes inmuebles como hoteles y gasolineras.
Este hombre, quien llegó a ser el presidente de la Liga Mayor de Fútbol salvadoreño, es señalado además de tener una sociedad desde hace 16 años con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, la cual el vicemandatario dice que ya lleva varios años de estar inactiva.
El gobierno estadounidense vincula a Adán Salazar con el Cártel de Texis, una estructura criminal que controla el trasiego de droga del oriente al occidente de El Salvador. Recientemente el fiscal general Douglas Meléndez afirmó que existe una investigación en contra del empresario, la cual fue engavetada durante la gestión de Luis Martínez, pero que será retomada.
Cuando fue cuestionado sobre el estatus de la investigación de dicho narcotraficante en una entrevista con el periódico La Prensa Gráfica, el entonces Fiscal General, Luis Martínez, evadió el tema, diciendo que ese caso no era más que un caso de difamación y como mucho de evasión de impuestos.
No obstante, un informe interno de uno de los jefes de la Unidad Especial de Investigación con relación al lavado de dinero y narcotráfico de la Fiscalía, el cual iba dirigido al Ex Fiscal Martínez, advertía sobre la prueba indiciaria que las auditorías y las investigaciones efectuadas a Chepe Diablo, a sus socios más cercanos y a sus empresas. Este informe indicaba que los investigados, habiendo tenido amplia oportunidad, nunca pudieron justificar el origen de las cifras millonarias no declaradas encontradas en sus cuentas bancarias.
Informes de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan a que Salazar fundó dicho cártel junto a Juan Umaña Samayoa, actual alcalde de Metapán y Roberto Herrera, apodado “El burro”, quien cumple una condena en prisión por delitos de crimen organizado. Estos personajes se habrían aliado para dicho propósito con diputados, policías, alcaldes y pandilleros de la zona noroccidental de El Salvador, de acuerdo con una investigación del periódico digital El Faro.
Herrera es el principal personero del Cártel de Texis que ha enfrentado la justicia. Este empresario ganadero fue detenido en 2013, en una serie de capturas desplegada por la Policía Nacional Civil (PNC).
Carta enviada al Congreso por el presidente de EE.UU., Barack Obama, en la cual desiga a tres personas como capo del narcotráfico, entre ellas José Adán Salazar (Chepe Diablo).
El 8 de abril del 2014, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de Adán Salazar, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal, entre estas varios hoteles, empresas, sociedades y viviendas, tras haberlos vinculados a una investigación por evasión de impuestos, y lavado de dinero y activos.
Entre los locales allanados figuró el Hotel Capital, hoteles Tolteca y San José; tres despachos contables, la empresa GUMARSAL, gasolinera Bolívar e inmuebles ubicados en residencial Cumbres de Esmeralda y Joya de la Montaña.
Esta investigación logró determinar que la empresa Agroindustrias Gumarsal evadió 1 millón 135 mil 809 dólares en impuestos. Por lo que Umaña Guerra y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.
Pasados más de 16 años de generados los informes de inteligencia que vinculan a Chepe Diablo y Umaña Samayoa con el Cártel de Texis, ninguno de ellos ha sido procesado por narcotráfico. Expertos en la materia y reportes de prensa señalan que esto se puede deber al nivel de infiltración que Chepe Diablo ha logrado en el estamento de justicia salvadoreño.
De acuerdo con una publicación del rotativo estadounidense El Nuevo Herald de Miami, el dinero de Adán Salazar ayudó a infiltrar instituciones estratégicas de la justicia y del control financiero de El Salvador para extender y proteger su emporio criminal de “blanqueo” de capitales con millonarias inversiones en rubros energéticos, turísticos y agropecuarios.
Una investigación de dicho diario sostiene que Chepe Diablo estableció estrechos contactos con autoridades de alto rango del gobierno del presidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta 2014, en las instancias ejecutivas estatales de las contralorías financieras, bancarias y hacendarias, con lo que evitó ser perseguido y encarcelado e intentó blindar su entarimado empresarial mafioso. Las maniobras habrían ocurrido a espaldas de Funes.
Dicho trabajo periodístico agrega que el Cártel de Texis se constituyó en proveedor de servicios de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo cual ayudó a Salazar a construir una tarima con una fachada de compañías agropecuarias, turísticas y de venta de combustibles para blanquear dinero en instancias financieras salvadoreñas, y con respaldo de políticos salvadoreños ubicados en sitios claves del poder nacional o regional.