El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, expresó este miércoles que la Corte Plena analiza hacer modificaciones a la forma en que el expresidente Mauricio Funes rendirá declaración en su audiencia probatoria, en torno a un juicio de enriquecimiento ilícito en su contra.
La Cámara Segunda de lo Civil remitió en días recientes un cuestionario para que sea enviado al exmandatario, quien goza de asilo políticoen Nicaragua. Según el trámite legal, este instrumento debe pasar previamente por Corte Plena, antes que Cancillería lo tramite a la representación diplomática salvadoreña en la ciudad de Managua, donde Funes rendirá sus declaraciones.
González explicó que Corte Plena maneja dos proyectos: uno es dejar el cuestionario tal y como está y otro es modificarlo. Todo esto, no sin antes analizar si el cuestionario cumple con requerimientos legales establecidos.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional señaló que las audiencias por enriquecimiento ilícito deben apegarse al Código Procesal Civil y Mercantil. En dicho cuerpo de ley, señala el magistrado, se establece el principio de la necesaria intermediación y la posibilidad de que la parte acusadora y defensora puedan interactuar en la audiencia.
La intención es garantizar la posibilidad de que Funes pueda someterse a un interrogatorio y contra interrogatorio, agregó González.
El pasado 14 de febrero, el fiscal general Douglas Meléndez informó que el Ministerio Público no envió preguntas añ exmandatario, ya que considera que el hecho de que Funes conteste un cuestionario por su cuenta, sin la posibilidad de un interrogatorio, es dejar que Funes haga un “monólogo”.
La Fiscalía demandó, en marzo de 2016, al expresidente Funes acatando la resolución de la CSJ que declaró que existen suficientes indicios de enriquecimiento ilícito, luego que Funes Cartagena, su exesposa Vanda Pignato y su hijo, Diego Funes Cañas, no lograran desvirtuar irregularidades en torno a un incremento patrimonial no justificado, que sobrepasa los $700,000.
El expresidente debe dar explicaciones en torno a un aumento patrimonial injustificado de $552,669, mientras que la exprimera dama, en calidad de cónyuge, canceló seis cuentas con $57,060 cuya procedencia de los fondos es desconocido y Diego Funes es demandado por la cantidad de $118,600, monto que presuntamente utilizó para la compra de vehículos.
La Cámara Segunda de lo Civil decidió nombrar el perito de la Superintendencia del Sistema Financiero para determinar los ingresos y los gastos de los investigados. Asimismo, si a las cuentas de Mauricio Funes ingresaron más de $600,000 provenientes de fondos recolectados por el movimiento “Amigos de Mauricio” que apoyó al exfuncionario durante la campaña presidencial.
Además, el perito tendrá que determinar el origen del dinero que el expresidente recibió de las empresas Agrosuministros y Multimedia, ambas S.A de C. V, esta última, ligada al expresentador de noticias Jorge Hernández.
Durante la gestión presidencial, Funes y su exesposa Vanda Pignato pagaron créditos adeudados por un monto superior a los $221,000, generando además un ahorro de $150,000. De acuerdo con los fiscales del caso, con los haberes y obligaciones que tenían Funes y Pignato como núcleo familiar, es inconcebible que lograran tal ahorro.
El ex mandatario es investigado, además por la FGR por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, malversación y negociaciones ilícitas, que ocurrieron durante su mandato.
Las audiencias probatorias en torno al caso se han aplazado en tres ocasiones, siendo la más reciente, el 17 de enero pasado. La razón para el aplazamiento fue debido a la inconformidad de la defensa de Funes en cuanto al mecanismo que utilizaría el exmandatario para declarar.