La Corte Suprema de Justicia confirmó este miércoles la orden de congelar las cuentas y vehículos del expresidente de dicho órgano, Agustín García Calderón, a quien una semana atrás se le envió a juicio civil bajo sospechas de enriquecimiento ilícito.
Las medidas ordenadas por los magistrados de Corte Plena también atañen a la esposa de García Calderón. Como consecuencia, a ambos se le congelaron las cuentas y se les secuestró preventivamente sus vehículos, prohibiéndoles además transferirlos a terceros.
El 7 de febrero pasado, se decidió enviar a juicio civil a García Calderón, luego de confirmar que existe indicios de que el extitular del Órgano Judicial, incurrió en enriquecimiento ilícito durante sus nueve años de gestión (2000-2009).
De acuerdo con un examen de la Sección de Probidad de la CSJ, García Calderón no logró justificar un incremento patrimonial de $165 mil. Dicho hallazgo había sido revelado previamente por el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González.
A través de un comunicado, la Corte Plena detalló las irregularidades encontradas en la declaración de probidad de García Calderón. Entre los que se encontraron, sustanciales movimientos bancarios durante sus nueve años de gestión, especialmente en los años 2000, 2001, 2002, 2003y 2009; de la misma forma se detectaron movimientos en cuentas, posterior al cese de gestiones de Calderón.
Agustín García Calderón. Fotoarte: D1.
Asimismo se detectó en 2010 una compra de vehículos que era incongruente con los ingresos de Calderón.
La resolución de enviar a juicio civil a Calderón, fue firmada por ocho magistrados de Corte Plena. Uno de los firmantes, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, señaló que en la declaración de probidad, no se menciona la bonificación por retiro voluntario de la carrera judicial, la cual asciende a más de $28,000.
A García Calderón también se le señala por obstaculizar investigaciones de corrupción durante su período.
En 2005, cuando la Probidad disponía a indagar presuntas irregularidades de exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores (1999-2004), los magistrados de Corte Plena, la cual presidía García Calderón, decidieron engavetar dichas investigaciones y quitarle facultades a la instancia de Probidad para solicitar información en el sistema financiero, catalogada como “secreto bancario”.
Casi nueve años después de ese hecho, en el 2014 para ser más exactos, Corte Plena restituyó las facultades a Probidad. Para el año 2005, esta instancia era dirigida por José Eduardo “Pino” Cáceres y su asistente era Carlos Pineda, su actual director, y quien asumió como una de sus tareas, realizar el examen de la declaración patrimonial de Agustín García Calderón.
Desde que se le fueron devueltas las facultades a la Sección de Probidad, 76 expedientes de funcionarios y exfuncionarios han sido abiertos por sospechas de enriquecimiento ilícito, siendo los expresidentes Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, y el exfiscal Luis Martínez, los casos más sonados que han sido enviados a juicio civil.