César Funes Cruz, padre del expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), continuará el proceso legal en su contra en arresto domiciliar por padecer una enfermedad terminal, según resolución del Juzgado 7° de Sentencia de San Salvador.
Funes Cruz, junto a nueve personas más, están siendo procesados por el delito de lavado de dinero, ante la supuesta participación en el desvío de al menos $22 millones de Casa Presidencial a empresas de publicidad y que finalmente eran depositados en cuentas de la familia de Elías Antonio Saca.
Además, el juez, decretó arresto domiciliar contra Hernan Leiva, quien también padece una enfermedad que le impide estar dentro de un centro penitenciario.
La esposa del expresidente Saca, Ana Ligia de Saca y el empresario Antonio Lemus Simun, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención, quienes tienen prohibido salir del país y tendrán que llegar cada 15 días a firmar al juzgado. Asimismo, deberán pagar una fianza de $250,000.
Óscar Edgardo Mixco Sol, cuñado de Elías Antonio Saca; Gerardo Antonio Funes Durán, hermano del expresidente de ANDA, César Funes; Rolando Alberto Durán Acevedo, gerente de América Publicidad; José Antonio Lemus Zelaya, director y socio de la empresa de publicidad Anle; Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Enma Suazo Canjura, Ángel José Montoya González, Oswaldo Octavio Orantes Marenco y Nilton Romeo Avilés Cruz, otros implicados en el caso «destape a la corrupción», fueron enviados a prisión por el juez respectivo.
Asimismo, el expresidente Elías Antonio Saca se encuentra detenido en el sector nueve del penal La Esperazan más conocido como Mariona, junto a el exsecretario privado de la Presidencia, Elmer Charlaix; el expresidente de ANDA, César Funes; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank; Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia; Francisco Rodríguez, jefe de la unidad financiera institucional de Casa Presidencial y Jorge Alberto Herrera, tesorero institucional de la Presidencia. Todos los anteriores, acusados de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por más de $246 millones.
Según la Fiscalía, durante el periodo presidencial de Saca (2004-2009) el mandatario y sus funcionarios realizaron movimientos millonarios de fondos de Casa Presidencial a cuentas personales de los imputados.