Un testigo de la DECO, un ex miembro de la estructura del Cártel de Texis, relató cómo Juan Samayoa envió a un emisario a Costa Rica a negociar un cargamento de droga, en el año 2005. Según dicho testigo, “Walter” se movilizó en un vehículo que estaba a nombre de un abogado de Santa Ana de apellido Morataya.
A continuación algunos de los detalles brindados por el testigo:
Tras “amarrar” el negocio en Costa Rica, Walter se dio cuenta que aunque tenía contactos para “subir la droga a Estados Unidos, no conocía la ruta”. Por ello, para conocer el territorio en el que transportarían el cargamento, Walter viajó a Guadalajara, México, en un vehículo con placas salvadoreñas acompañado de otras dos personas. En un “centro nocturno” se reunieron con un mexicano, quien es contacto del cártel de Sinaloa, identificado como “El Güero Reyes”.
Ahí apareció en la escena uno de los acompañantes del emisario de Juan Samayoa, identificado como Arturo Sanabria. Después de hablar con el mexicano, Walter se acercó sonriendo diciendo que “el trato estaba hecho y que el hombre estaría contento”, refiriéndose a Juan Samayoa. Y de allí mismo Walter llamó por celular a Juan, pero siempre el que contestaba era Roberto Morataya, alias El Charrito, testaferro y lugarteniente del alcalde Juan Samayoa. Le comunicó a este que “el trato estaba hecho y el acuerdo era que Juan y su gente llevarían la droga hasta Guadalajara y de allí la subirían a Estados Unidos”.
Así trabajaron y posteriormente Walter se trajo a Metapán a la hija del proveedor de Costa Rica. Aunque no se conoce con exactitud qué ocurrió, “lo desaparecieron al parecer por problemas de droga o dinero”, comentó.
Testimonio enviado a la Fiscalía General de la República
Lo anterior es parte de un relato de un testigo que agentes de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC) entrevistaron el 15 de febrero de 2016 sobre las actividades del Cárter de Texis. Ese informe, asimismo, fue recibido por la Fiscalía General de la República (FGR) el 29 de marzo de 2016.
Según ese mismo testigo de la DECO, para que Juan Samayoa, actual alcalde de Metapán, y José Adán Salazar (Chepe Diablo, cabecilla del Cártel del Texis), hicieran los mencionados contactos en México contaron con la mediación de Horacio Ríos, fundador del partido PAN y ex diputado propietario, que se encuentra prófugo de la justicia.
Chepe Diablo es señalado como el cabecilla del cártel de Texis. Es un empresario que desde el 30 de mayo de 2014 fue designado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dentro de la lista de personas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como “lista Kingpin”.
Este hombre ha diversificado sus negocios al rubro hotelero y de granos básicos. Es señalado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de liderar el Cártel de Texis, organización que controla el trasiego de droga en el oriente del país, y que según informes de inteligencia, mantiene vínculos con grupos delictivos de la misma índole en Guatemala.
Adán Salazar, quien llegó a ser el presidente de la Liga Mayor de Fútbol salvadoreño, también ha sido señalado de tener una sociedad desde hace 16 años con el vicepresidente Oscar Ortiz, sobre la cual el vicemandatario dice que ya lleva varios años de estar inactiva.
Informes de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan a que Salazar fundó dicho cártel junto a Juan Umaña Samayoa, actual alcalde de Metapán, y Roberto Herrera, apodado “El Burro”, quien cumple una condena en prisión por delitos de crimen organizado. Estos personajes se habrían aliado para dicho propósito con diputados, policías, alcaldes y pandilleros de la zona noroccidental de El Salvador, de acuerdo con una investigación del periódico digital El Faro.
Según una publicación del rotativo El Nuevo Herald de Miami, de fecha 24 de julio de 2015, el dinero de Adán Salazar ayudó a infiltrar instituciones estratégicas de la justicia y del control financiero de El Salvador para extender y proteger su emporio criminal de “blanqueo” de capitales con millonarias inversiones en rubros energéticos, turísticos y agropecuarios.
La investigación de dicho diario estadounidense sostiene que Chepe Diablo estableció estrechos contactos con autoridades de alto rango del gobierno del presidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta 2014, en las instancias ejecutivas estatales de las contralorías financieras, bancarias y hacendarias, con lo que evitó ser perseguido y encarcelado e intentó blindar su entarimado empresarial mafioso.
Esa misma publicación afirma que el Cártel de Texis se constituyó en proveedor de servicios de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo cual ayudó a Salazar a construir una tarima con una fachada de compañías agropecuarias, turísticas y de venta de combustibles para blanquear dinero en instancias financieras salvadoreñas, y con respaldo de políticos salvadoreños ubicados en sitios claves del poder nacional o regional.
¿Qué está investigando la Fiscalía General de la República en el caso Cártel de Texis?
El pasado 7 de diciembre trascendió que la Fiscalía envió, a través de los canales legales diplomáticos, un suplicatorio a las autoridades estadounidenses para conocer registros financieros de las empresas de Salazar Umaña, Juan Samayoa y Wilfredo Guerra Umaña.
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Pineda Navas, informó que ese suplicatorio estaba en una fase previa al conocimiento de Corte Plena.
Anteriormente, el 8 de abril del 2014, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de Adán Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Umaña Guerra, presidente de Gumarsal, entre estas varios hoteles, empresas, sociedades y viviendas, tras haberlos vinculados a una investigación por evasión de impuestos, y lavado de dinero y activos.
Entre los locales allanados figuró el Hotel Capital, hoteles Tolteca y San José; tres despachos contables, la empresa GUMARSAL, gasolinera Bolívar e inmuebles ubicados en residencial Cumbres de Esmeralda y Joya de la Montaña.
Esta investigación logró determinar que la empresa Agroindustrias Gumarsal evadió 1 millón 135 mil 809 dólares en impuestos. Por lo que Umaña Guerra y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.
Wilfredo Guerra en actividades de narcotráfico en Guatemala
En una certificación emitida por el Ministerio Público de Guatemala a una de las agencias de seguridad de EE.UU, de fecha 10 de diciembre de 2015, se confirma el expediente número 15562-2015, donde una recopilación de una investigación incluye el relato de un testigo que confirma que Wilfredo Guerra, actual presidente de Gumarsal, de la mano con su socio Adán Salazar (Chepe Diablo), realizó actividades de tráfico de narcóticos en territorio guatemalteco.
Wilfredo Guerra. Foto D1, archivo.
La investigación data desde el año 2003 y surgió a partir de una denuncia particular. El caso fue denominado: “Trasiego der armas y droga hacia los Estados Unidos”.
En el mencionado expediente se vincula, tanto a Salazar y a Guerra, con dos prominentes narcotraficantes guatemaltecos de la época: Juan José “Juancho” León, líder del Cártel Los Leones; y Byron Berganza, quien fue extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con la droga.
Para recabar la información en torno al caso, el Ministerio Público guatemalteco entrevistó a un testigo, quien trabajó para una de las personas que también sostuvo esta serie de reuniones.
De acuerdo con el testimonio, Salazar y Guerra, junto al líder del cártel Los Leones, sostuvieron varias reuniones para planificar acciones en fincas de los departamentos guatemaltecos de San Marcos, Santa Rosa, Zacapa y Jutiapa; todos estos quedan en la ruta al Atlántico, luego de cruzar la frontera de Anguiatú, cercana a la ciudad de Metapán en El Salvador.
En dicha denuncia se advertía de trasiego de droga proveniente de Colombia y Panamá a través de toda la región centroamericana, con destino final a México y Estados Unidos. En esa operación el cartel Los Leones tenía preponderancia y contaba con el apoyo estratégico de José Adán Salazar.
Rodolfo Delgado y Gustavo Villatoro involucrados con Cártel de Texis
El 6 de diciembre, Danny Dalton, ex agente de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), afirmó que el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, ha omitido la investigación del Cártel de Texis porque su asesor Rodolfo Delgado y a su antiguo jefe Gustavo Villatoro están involucrados.
Rodolfo Delgado y Chepe Diablo.
Rodolfo Delgado, ex jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, colaboró con el Cártel de Texis para permitir el ingreso de droga a El Salvador proveniente de Honduras, aseguró Dalton.
Según el ex agente de la DEA, el narcotráfico utiliza todo un entramado que construye a través de personas que mantienen vínculos. Por consiguiente, Danny Dalton considera que Gustavo Villatoro, ex director general de Aduanas, está involucrado con el narcotráfico.
“Villatoro era el jefe de Douglas Meléndez cuando trabajaba como jefe de Aduanas”, sostuvo Dalton, tras hacer ver que la Fiscalía no muestra ningún interés en la investigación del Cártel de Texis.
“La razón por la que Douglas Meléndez no investiga al Cártel de Texis y a Chepe Diablo es porque Villatoro y Rodolfo Delgado son socios y ejercen presión desde la Fiscalía”, recalcó.
Retrasos en la investigación
Recientemente el Fiscal General Douglas Meléndez dijo que existe una investigación en contra de Chepe Diablo, la cual fue engavetada durante la gestión de Luis Martínez.
Sin embargo, debido a que Meléndez lleva casi 11 meses en el cargo y no ha procedido con las respectivas diligencias en este caso, el 1 de diciembre la Asamblea Legislativa conoció una pieza de correspondencia en la que se cuestiona que el Fiscal General no ha emprendido acciones contra el cabecilla del Cártel de Texis, José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo.
En la pieza, presentada el pasado 24 de noviembre, Ángel Enrique García Ramírez solicitó abrir un proceso de antejuicio contra el Fiscal Douglas Arquímedes Meléndez, electo en el cargo el 6 de enero del presente año.
García Ramírez le adjudica al Fiscal General la conducta de “incumplimiento de deberes” contemplada en el artículo 321 del Código Penal. Esta conducta, según argumentó el solicitante, no consiste solo en “la mera no actividad, sino en el no ejecutar una acción posible de ser realizada”.
Agencias de seguridad de Estados Unidos sostienen que existen suficientes información para procesar al cártel de Texis por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico.
En el año 2014, La Fiscalía recibió de parte del Ministerio de Hacienda un informe sobre auditoría realizada a personas relacionadas con el Cártel de Texis.
Esas personas son José Adán Salazar Umaña, Wilfredo Guerra Umaña (presidente de Gumarsal) y Juan Umaña Samayoa (alcalde de Metapán. En ese informe se evidenciaba el conocimiento de varios delitos como evasión fiscal y lavado de dinero.
El Ex Fiscal General Luis Martínez contó a un ex agente de la DEA que uno de sus subalternos, Rodolfo Antonio Delgado Montes, quien era el jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, sin consultarle, realizó maniobras en el Ministerio de Hacienda para que el caso fuera remitido a la Unidad a su cargo y no a la Unidad Penal del Estado como correspondería en ese tipo de delitos.
¿Hasta cuándo habrá que esperar resultados de la investigación?
De acuerdo con el Centro de Investigación del Crimen Organizado − Insight Crime− a pesar de las investigaciones realizadas a Chepe Diablo y al Cártel de Texis, este ha logrado evitar ser condenado por la ley. Los críticos afirman que esto no es signo de su inocencia sino de su fortaleza.
“Al parecer, la red de Salazar cuenta con una gran protección oficial que va desde fiscales y congresistas hasta agentes de la policía y jueces; lo cual hace que los casos en su contra sean archivados de manera indefinida”, afirma dicho Centro de Investigación.
Algunos sostienen que dicha estructura de narcotráfico podría haber no solo permeado ciertas instituciones del Estado, sino también partidos políticos como el PCN, ARENA y FMLN.