En el año 2000, la Fiscalía General de la República abrió un expediente para indagar actividades de José Adán Salazar, debido a que se había detectado que este empezó a adquirir bienes inmuebles, sin que existiera una actividad económica que le generara réditos.
Estas investigaciones fueron extraídas por informes de inteligencia generados por policías de la zona de Metapán, ciudad fronteriza con Guatemala y lugar de origen de Salazar y su familia.
De acuerdo con estos policías, algunos de los cuales estaban ligados con trasiego ilegal de drogas hacia Guatemala, Salazar se estaba empezando a convertir en una seria competencia en las actividades ilícitas en la zona.
Tres años más tarde, la Policía panameña detectó movimientos sospechosos de dinero sin origen justificado, a través del Aeropuerto Internacional Tocumen. En 2003 y 2004, las autoridades detuvieron a salvadoreños que cargaban con más de $800,000 en efectivo. En ambos casos, las personas eran empleados de empresas ligadas a Adán Salazar, o a miembros de su familia.
Estos hechos se recogen en un informe de inteligencia relacionado con el expediente abierto en el año 2000, al cual Diario1 tuvo acceso.
Cabe mencionar que dicho informe experimenta un abastecimiento importante de información en el año 2007, cuando se reporta un incremento en actividades delictivas por parte de Salazar, conocido como Chepe Diablo, aunado a un crecimiento en las inversiones, dentro de las que se destaca su participación en Industrias Gumarsal, donde además participan Wilfredo Guerra (su actual presidente), Juan Umaña Samayoa (alcalde de Metapán) y Roberto “Burro” Herrera, sentenciado por la justicia salvadoreña por delitos vinculados con el narcotráfico.
Entre 2009 y 2010, no se registra mayor actividad que reportar en el expediente, pero a partir de 2011 la Fiscalía retoma las indagaciones y ordena a la Policía empezar diligencias de investigación, centradas principalmente en las cuatro personas antes mencionadas.
Dichas indagaciones, que en un principio fue de índole financiero, empezaron con la solicitud de las actividades bancarias de los cuatro investigados, y se llega al punto de confirmar la existencia de una estructura criminal, integrada por los cuatro sujetos, denominada “Cartel de Texis”.
El 24 de febrero de 2014, la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, remite un informe confidencial, en el que se asume que tanto Salazar Umaña, como Umaña Samayoa y Guerra Umaña, habrían cometido los delitos de defraudación al fisco y evasión fiscal, por no justificar los altos ingresos percibidos para la formación de diversas empresas.
Pese a esta información, la Fiscalía no realiza mayores diligencias, y decide transferir la investigación a la Unidad contra el Crimen Organizado, liderada por Rodolfo Delgado.
El año 2014 continúa siendo agitado para la Fiscalía en cuanto al expediente contra Salazar Umaña, ya que en junio de 2014, el Departamento del Tesoro remitió un informe en el que se declaraba a “Chepe Diablo” como capo internacional de la droga, y se identificaba a su estructura como “El cartel de Texis”.
Dicha declaratoria fue emitida por el presidente Barack Obama, y proscribe a las empresas ligadas a las estructuras delictivas abarcadas en la moratoria, de hacer negocios en suelo estadounidense.
En diversas ocasiones, el actual fiscal general, Douglas Meléndez, ha mencionado que su antecesor en el cargo, Luis Martínez, engavetó la investigación en torno a las actividades del Cartel de Texis, y que a principios de 2016 él llegó a reabrirla.
Según el informe de inteligencia consultado por Diario1, la investigación abierta en 2016 tiene como base el informe de la Dirección de Impuestos Internos, el cual establece el delito de evasión fiscal, pero con un análisis jurídico, también se establece el cometimiento del delito de lavado de dinero.
Un poco más de 10 empresas ligadas a Salazar Umaña y sus allegados, incurrieron en el delito de lavado de dinero, según se deduce del informe de la Dirección de Impuestos Internos.
Pese a que existe un expediente de larga data, el fiscal Meléndez sostiene que se continúa investigando a la estructura de Salazar Umaña y que no responderá a presiones externas para proceder con el mismo.
Diario1 publica íntegramente el informe de inteligencia, hecho público por el exagente de la Agencia de Control Antinarcóticos estadounidense (DEA por sus siglas en inglés), Danny Dalton:
