Aunado a reclamos previos por mayor presupuesto para mejorar el trabajo de su institución, el fiscal general Douglas Meléndez propuso este viernes que la Fiscalía debe contar con facultades del Instituto de Medicina Legal, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Sección de Probidad del Órgano Judicial.
Entro otros argumentos, Meléndez señaló que al juntar las facultades de Medicina Legal, Probidad e investigación criminal, no perderán el tiempo de solicitar colaboración a otras instancias a la hora de sustentar casos de sospechosos que deben ser llevados a los juzgados, 72 horas después de su captura.
El fiscal cuestionó que a la escena de un crimen, la Fiscalía y demás autoridades sean las últimas en llegar. Por otra parte insistió que su institución realiza mucho trabajo con recursos limitados, pero que esa realidad no lo detendrá.
Sobre el caso de la Sección de Probidad, cuyas facultades pidió la Fiscalía y que ha facilitado la investigación de funcionarios señalados por posible enriquecimiento ilícito; existe otra propuesta para que esta instancia no esté ligada al Sistema Judicial y operar de forma independiente.
Solo alguno de los casos impulsados por Probidad bajo sospecha de enriquecimiento ilícito, como los de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, han trascendido al ámbito penal con investigaciones conducidas por el Ministerio Público.
También reclamó que no tenga instrumentos de investigación científica, como los que tiene la Policía Nacional Civil, para combatir la impunidad.
De igual forma mencionó que en la actualidad existe una cantidad más que suficiente de organizaciones estatales para combatir la corrupción, pero que la percepción de este mal permanece alta entre la gente: “Estas instituciones bastarían si cada una cumpliera con su rol”, sostuvo.
Lo anterior fue dicho en el marco de la celebración del día internacional de la lucha anticorrupción y el lanzamiento de la campaña “La Casa de los corruptos es la cárcel”, la cual busca incentivar la denuncia ciudadana de casos de corrupción.
La iniciativa es apoyada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Sobre los objetivos que persigue la misma, el fiscal dijo: “La población debe involucrarse, no dejar sola a las instituciones (…) La población debe saber que sus recursos pueden o han sido malversados, que los dineros públicos no son de las instituciones, sino de la gente”.
Además criticó a las figuras públicas que proclaman que las instituciones que combaten la impunidad y que creen que El Salvador no necesita un esfuerzo similar al de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): “Por supuesto que todo está bien, pero para los corruptos”, exclamó durante una ponencia.
Frente a la propuesta del fiscal de asumir roles que hace el sistema judicial, el presidente de dicho órgano, Óscar Pineda Navas, comentó: “ Es una institución que ayuda a la investigación del delito, así que debería analizarse que tan factible es, ya que para eso debe reformarse la Constitución”.