El fiscal general Douglas Meléndez reiteró este lunes que se encuentra investigando al Cártel de Texis, estructura de narcotráfico que controla el trasiego de estupefacientes en la zona occidental del país.
Contrario a quienes argumentan que el Cártel de Texis no existe, Meléndez fue enfático en que la investigación contra la estructura es real.
“Eso no es una fantasía, ahí están las investigaciones, no es un tema inventado, no es una leyenda urbana, ahí está”, dijo el fiscal durante una entrevista concedida a Ágape TV, canal 8.
Además explicó que su antecesor, el fiscal Luis Martínez, fue el que desestimó seguir con las investigaciones contra el cártel y sus principales personeros, luego que el caso se enfocara en lavado de dinero.
El 8 de abril del 2014, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de Adán Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Umaña Guerra, presidente de Gumarsal, entre estas varios hoteles, empresas, sociedades y viviendas, tras haberlos vinculados a una investigación por evasión de impuestos, y lavado de dinero y activos.
Entre los locales allanados figuró el Hotel Capital, hoteles Tolteca y San José; tres despachos contables, la empresa GUMARSAL, gasolinera Bolívar e inmuebles ubicados en residencial Cumbres de Esmeralda y Joya de la Montaña.
Esta investigación logró determinar que la empresa Agroindustrias Gumarsal evadió 1 millón 135 mil 809 dólares en impuestos. Por lo que Umaña Guerra y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.
José Adán Salazar «Chepe Diablo». Foto Archivo.
“La administración anterior de la Fiscalía, qué hizo, esta gente fue investigada y procesada por evasión de impuestos nada más, estos imputados, pagaron los impuestos que tenían que pagar y cerraron el caso. No continuaron la investigación por otros delitos, por investigaciones de narcotráfico, por investigaciones de lavado, las cerraron, así llanamente y las archivaron”, recalcó el fiscal.
La semana anterior se conoció que la Fiscalía solicitó en octubre un suplicatorio de información, por medio del Órgano Judicial, a autoridades en Estados Unidos, para que estas le provean de registros financieros relacionados con las empresas a las que está ligado José Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, señalado como principal líder del cártel.
El pasado viernes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Pineda Navas, confirmó dicha solicitud y señaló que actualmente se encuentra en una fase preliminar, antes que pueda ser conocida por Corte Plena.
Por su parte, el fiscal Meléndez manifestó que no admitirá presiones internas o externas para seguir el caso ni procesar a sus principales sospechosos.
“Los tiempos en que la Fiscalía cobraba por investigar gente o por no investigarla, ya pasaron. Los tiempos en que la Fiscalía era presionada por grupos, ya pasaron, hoy nosotros caminamos en las investigaciones”, indicó.
Además agregó: “Nosotros vamos a dar las respuestas y creo que la población se va a dar cuenta que estamos actuando en ese caso y otros casos, en forma correcta”.
José Adán Salazar, señalado como el cabecilla del cártel de Texis, es un empresario que desde el 30 de mayo de 2014 fue designado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dentro de la lista de personas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como “lista Kingpin”.
Salazar, quien ha diversificado sus negocios al rubro hotelero y de granos básicos, es según la pieza de correspondencia, el principal señalado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de liderar el cartel de Texis, organización que controla el trasiego de droga en el oriente del país, y que de acuerdo con informe de inteligencia, mantiene vínculos con grupos delictivos de la misma índole en Guatemala.
Foto tema. Foto D1: AFP
La decisión del presidente Obama, cita la pieza de correspondencia, se basó en los reportes de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo cual surge de un largo seguimiento contra el empresario, además que abre la puerta para que diversas empresas estadounidenses le den persecución, al igual como lo han hecho contra otros capos de la droga en países como México.
Este hombre, quien llegó a ser el presidente de la Liga Mayor de Fútbol salvadoreño, es señalado además de tener una sociedad desde hace 16 años con el vicepresidente Oscar Ortiz, sobre la cual el vicemandatario dice que ya lleva varios años de estar inactiva.
Según un informe interno de uno de los jefes de la Unidad Especial de Investigación con relación al lavado de dinero y narcotráfico de la Fiscalía, el cual iba dirigido al exfiscal Martínez, advertía sobre la prueba indiciaria que las auditorías y las investigaciones efectuadas a Chepe Diablo, a sus socios más cercanos y a sus empresas indicaban lavado de dinero proveniente de actividades que los investigados habiendo tenido amplia oportunidad de justificar nunca pudieron justificar el origen lícito de las cifras millonarias no declaradas encontradas en sus cuentas bancarias.
Informes de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan a que Salazar fundó dicho cartel junto a personalidades del mundo empresarial local como Juan Umaña Samayoa, actual alcalde de Metapán y Roberto Herrera, apodado “El burro”, quien cumple una condena en prisión por delitos de crimen organizado. Estos personajes se habrían aliado para dicho propósito con diputados, policías, alcaldes y pandilleros de la zona noroccidental de El Salvador, de acuerdo con una investigación del periódico digital El Faro.
De acuerdo con una publicación del rotativo estadounidense El Nuevo Herald de Miami, el dinero de Adán Salazar ayudó a infiltrar instituciones estratégicas de la justicia y del control financiero de El Salvador para extender y proteger su emporio criminal de “blanqueo” de capitales con millonarias inversiones en rubros energéticos, turísticos y agropecuarios.
Una investigación de dicho diario sostiene que Chepe Diablo estableció estrechos contactos con autoridades de alto rango del gobierno del presidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta 2014, en las instancias ejecutivas estatales de las contralorías financieras, bancarias y hacendarias, con lo que evitó ser perseguido y encarcelado e intentó blindar su entarimado empresarial mafioso. Las maniobras habrían ocurrido a espaldas de Funes.
Dicho trabajo periodístico agrega que el Cártel de Texis se constituyó en proveedor de servicios de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo cual ayudó a Salazar a construir una tarima con una fachada de compañías agropecuarias, turísticas y de venta de combustibles para blanquear dinero en instancias financieras salvadoreñas, y con respaldo de políticos salvadoreños ubicados en sitios claves del poder nacional o regional.