En su corta existencia a principios de la década pasada, el Partido Acción Nacional (PAN) dio cabida a controvertidos personajes que años después fueron sujetos de investigaciones penales por vínculos con el crimen organizado.
Uno de ellos es un hombre de perfil bajo, a quien sus amigos describían como una persona generosa, amigable y dispuesta a ayudar. Dicho hombre fue capturado directamente por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y fue llevado sin intermediarios a suelo norteamericano.
Ese hombre es el exdiputado William Eliú Martínez, cuyo nombre salió este martes de las sombras, luego que la Fiscalía decidiera incautar 22 de sus propiedades para hacerlas pasar por el proceso de extinción de dominio.
Entre los inmuebles allanados están un hotel (ubicado en la Colonia Las Rosas de San Salvador), un centro comercial, una quinta, casas y varios apartamentos; la mayoría de los cuales estaba en abandono.
De acuerdo con relatos de políticos de la época, Martínez solía ofrecerle a los diputados alojamiento gratis en ese hotel e incluso organizaba fiestas para ellos.
Según el Fiscal General, Douglas Meléndez, una de las propiedades intervenidas tiene todas las cualidades de una instalación usada para el narcotráfico, ya que contaba con caletas en las oficinas y salidas paralelas alternas en la parte de atrás.
Agregó que otra de las propiedades estaría vinculada con Horacio Ríos, fundador del partido PAN y exdiputado propietario. Eliú Martínez fue suplente de este.
Meléndez reclamó que las instancias que combaten el crimen en el país necesitan recursos, mientras que las bandas de crimen organizado funcionan con toda una serie de recursos.
Ríos actualmente es prófugo de la justicia nacional e internacional. En El Salvador se le acusa desde 2013 de ser líder de una estructura del Cártel de Texis, el cual está afincado en el occidente del país y que tiene vínculos con otras bandas en Guatemala y Honduras.
En 2007, el presidente de Guatemala de aquel entonces, Óscar Berger, acusó a Ríos de estar vinculado con el asesinato de tres miembros del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), entre los que se encontraba Eduardo d’Aubuisson, hijo del mayor Roberto d’Aubuisson, fundador del partido ARENA.
Hotel ubicado en colonia Las Rosas de San Salvador, que pasará a manos del Estado mediante la Ley de extinción de dominio. Foto D1, Rodrigo Sura.
Eliú Martínez fue capturado el 12 de noviembre de 2003 en el aeropuerto internacional de Panamá. Agentes de la DEA le informaron de la acusación en su contra y esa misma noche lo trasladaron al país norteamericano por conspirar para favorecer el delito de narcotráfico usando el territorio salvadoreño como puente entre Colombia y dicho país.
Según la DEA, Martínez movió entre 1999 y 2003, al menos, 36 toneladas de cocaína con un valor de 905 millones de dólares.
En el juicio, él dijo que era inocente y que fue perseguido por oponentes políticos, pero fue declarado culpable por un jurado de la ciudad de Washington el 27 de junio de 2005.
Durante el juicio, el ex legislador salvadoreño alegó que fue secuestrado en Panamá por agentes antinarcóticos de EE.UU. y trasladado contra su voluntad; primero a la base militar en Guantanamo, Cuba, y luego a Washington, a finales de 2003.
Los fiscales estadounidenses atribuyeron a Martínez el haber trasladado desde 1998 cinco toneladas de cocaína a ese país por medio de la organización de tráfico de drogas del guatemalteco Otto Herrera.
El exdiputado reiteró su inocencia e indicó que jamás supo que el fugitivo guatemalteco Otto Herrera, con quien tenía vínculos comerciales, tuviera nexos con el narcotráfico y que desconocía que sus propiedades en El Salvador, que alquiló a Herrera y al venezolano Rodrigo Hernández, eran usadaS para el tráfico de narcóticos.
Durante el juicio, testificó en su contra David Arias, uno de sus extrabajadores, quien dijo ante el jurado que que él mismo participó junto a Martínez en el tráfico de drogas en alta mar frente a las costas de El Salvador. Por acceder a declarar contra su exempleador, Arias fue liberado de cargos.
De manera lapidaria, el juez que le dictó la sentencia de 29 años de cárcel a Martínez. Le dijo que si sus amigos cercanos no lo hubiesen descrito como una persona buena, lo hubiese decretado cadena perpetua.