Ante los señalamientos de posibles actos de corrupción en contra del fiscal Rodolfo Delgado, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, se encuentra en una encrucijada: Proteger a su amigo, no investigarlo; u ordenar una investigación y suspenderlo mientras se dilucida el caso.
Rodolfo Delgado, ex jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y actual asesor del Fiscal General, ha sido señalado de estar involucrado con el Cártel de Texis, grupo delictivo al cual habría ayudado a ingresar al país cargamentos de cocaína provenientes de Honduras, según un informante que trabajó con dicho cártel.
Una de las opciones del titular del Ministerio Público podría ser proteger a su asesor y amigo Delgado, con lo cual ignoraría los señalamientos y continuaría dándole largas al caso del Cártel de Texis, una de las agrupaciones más poderosas de Centroamérica, dijeron abogados que han seguido de cerca este caso.
La otra opción sería ordenar una investigación contra Delgado y suspenderlo mientras se dilucida la investigación. Y, además, arrestar a los cabecillas del Cártel de Texis, ya que, según se sabe y comenta entre los mismos investigadores de la Fiscalía, ya se cuenta con suficientes evidencias del cometimiento posibles delitos como lavado de dinero, agregaron.
El 7 de noviembre, Danny Dalton, ex agente de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), reveló acusaciones hechas por el Ex Fiscal General de la República, Luis Martínez, cuestionando actuaciones en el pasado del fiscal Rodolfo Delgado en torno al caso del Cártel de Texis.
En una carta dirigida a la opinión pública de El Salvador, Dalton –quien participó en diversas investigaciones con las autoridades de El Salvador que sirvieron para la captura y juzgamiento de Byron Berganza, Mario Paredes, William Eliú Martínez, Reynerio Flores y Los Perrones− recordó que el pasado 15 de septiembre visitó El Salvador. En esa ocasión se entrevistó con Luis Martínez, Ex Fiscal General de la República, quien “voluntariamente y sin coacción alguna narró varios eventos relevantes ocurridos en su gestión como Fiscal General”.
El ex agente de la DEA dice que el exfiscal Martínez le contó que en el año 2014 recibió de parte del Ministerio de Hacienda un informe sobre auditoría realizada a personas relacionadas con el Cártel de Texis.
Juan Samayoa, Wilfredo Guerra y Adán Salazar
Esas personas son José Adán Salazar Umaña, Wilfredo Guerra Umaña y Juan Umaña Samayoa, y las sociedades Gumarsal y Hotesa. En ese informe se evidenciaba el conocimiento de varios delitos como evasión fiscal y lavado de dinero, agregó.
Delgado desobedeció al Fiscal General
El Ex Fiscal Luis Martínez confesó a Dalton que uno de sus subalternos, Rodolfo Antonio Delgado Montes, quien era el jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, sin consultarle, llevó a cabo maniobras en el Ministerio de Hacienda para que el caso fuera remitido a la Unidad a su cargo y no a la Unidad Penal del Estado como correspondería en ese tipo de delitos.
Según la carta del ex agente de la DEA, Martínez le ordenó a Rodolfo Delgado que preparara un caso de lavado de dinero, por existir suficientes elementos en contra de la estructura del Cártel de Texis. Sin embargo, dicho fiscal desobedeció sus órdenes y presentó un requerimiento ante los juzgados por el delito de evasión fiscal, omitiendo el procedimiento por el delito de lavado de dinero, “delito que hasta el día de hoy no ha prescrito y se podrían seguir las acciones penales correspondientes en forma inmediata”, añadió en su carta el ex agente de la DEA.
Rodolfo Delgado, Danny Dalton y Luis Martínez.
“Estos hechos son graves y son constitutivos de delitos de acuerdo a las leyes de El Salvador, como la Omisión de Investigación, y son más graves aun cuando se ha observado que Rodolfo Delgado actualmente ostenta el cargo de asesor del despacho del actual Fiscal General de la República, Douglas Arquímides Meléndez Ruiz”, indicó Dalton.
El 10 de noviembre, Diario1 publicó que un informante, quien asegura haber trabajado directamente para Juan Samayoa del Cártel de Texis , precisó en un escrito serios delitos, como cohecho y colusión de delitos con los capos del Cártel, en los que estaría involucrado el fiscal Rodolfo Delgado.
El informante sostuvo que en una reunión, que se realizó el 11 de noviembre de 2013, en el rancho Salinitas, en el departamento de Sonsonate, habrían participado el alcalde de Metapán, Juan Samayoa; el entonces diputado suplente Wilver Rivera Monge, del PCN; el fiscal Rodolfo Delgado y Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal.
En esa reunión se planificó un atentado contra un reconocido empresario y la movilización de un millonario cargamento de armas y drogas proveniente de San Cristóbal, Honduras.
Asimismo, se discutió la compra de la candidatura de Claudia Ramírez, quien comenzó en el partido ARENA. Con su renuncia se dejaría el camino libre a Francisco Merino, diputado del PCN y a quien también vinculan con el Cártel de Texis. La compra de la postulación de Claudia Ramírez habría sido negociada por el alcalde de Metapán, Juan Samayoa, a través de Roberto Pereza.
De acuerdo con la versión de ese informante, un hombre identificado solo como “Saul”, originario de Ciudad Arce, era el encargado de informar sobre los movimientos, rutina y proceso de investigación contra el Cártel de Texis que el empresario seguía de cerca. Y se sugirió atentar contra el empresario o familiares de este.
Rodolfo Delgado habría ayudado dando seguridad en la transportación de un cargamento de armas y drogas que ingresó al país desde San Cristóbal, Honduras, hasta la base naval de La Unión. El fiscal tenía en ese lugar “un contacto para ejecutar un plan”, el cual consistía en “enviar una lancha con droga como anzuelo mientras el millonario cargamento tenía paso libre”, aseguró.
Una parte de esa droga la dejarían en el país, en un rancho de la Costa del Sol propiedad de Wilver Rivera Monge.
Junto al alcalde Juan Samayoa y Reynaldo Cardoza (diputado del PCN), el fiscal Delgado habría tendido una trampa a Wilver Rivera Monge, quien era el encargado de lavar parte del dinero del Cártel de Texis y de “El Repollo”. Supuestamente Rivera Monge fue procesado porque se negó a participar en el atentado contra el mencionado empresario.
Rivera Monge (diputado suplente de Reynaldo Cardoza) fue detenido en 2014 acusado de tener vínculos comerciales con el narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián “El Repollo”, condenado en noviembre de 2014 a 77 años de cárcel por los delitos de tráfico ilícito, almacenamiento, tráfico internacional; así como conspiración y proposición para delitos relacionados con la droga.
Chepe Diablo agregado a Lista Kingpin
José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, es el único salvadoreño designado por el gobierno estadounidense como capo internacional de la droga. El 31 de mayo de 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo incorporó a la lista kingpin.
Salazar fue accionista y principal fundador de la comercializadora de granos Gumarsal; es dueño de al menos seis hoteles y también fue dirigente de la Primera División de Fútbol de El Salvador. Informes policiales lo han señalado como el cabecilla de una organización de crimen organizado denominada “Cártel de Texis”.
Días después que Estados Unidos lo declarara capo internacional de la droga, la entonces embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, afirmó que las empresas estadounidenses tenían que interrumpir las relaciones comerciales con las personas que se les ha aplicado la Ley Kingpin.
La Ley Kingpin fue promulgada en diciembre de 1999 y su objetivo principal es bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculados con el narcotráfico y que sean una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Adán Salazar es un empresario que pasó de ser cambista de dinero en la frontera entre El Salvador y Guatemala a principios de los años 90, a estar detrás de un gran imperio empresarial con ramificaciones en el mercado de los granos básicos y bienes inmuebles como hoteles y gasolineras.
Chepe Diablo, además, es señalado de tener una sociedad desde hace 16 años con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, la cual el vicemandatario dice que ya lleva varios años de estar inactiva.
Después de denunciar que el Fiscal General anterior, Luis Martínez, engavetó el caso del Cártel de Texis, el actual fiscal Douglas Meléndez anunció públicamente durante sus primeros meses de gestión que le daría continuidad a la investigación de esta agrupación delictiva y en especial al capo internacional de la droga José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo.
Una publicación del rotativo estadounidense El Nuevo Herald de Miami, el dinero de Adán Salazar ayudó a infiltrar instituciones estratégicas de la justicia y del control financiero de El Salvador para extender y proteger su emporio criminal de “blanqueo” de capitales con millonarias inversiones en rubros energéticos, turísticos y agropecuarios.
Chepe Diablo estableció estrechos contactos con autoridades de alto rango del gobierno del presidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta 2014, en las instancias ejecutivas estatales de las contralorías financieras, bancarias y hacendarias, con lo que evitó ser perseguido y encarcelado e intentó blindar su entarimado empresarial mafioso. Las maniobras habrían ocurrido a espaldas de Funes, sostiene esa misma publicación.
Ese mismo trabajo periodístico añade que el Cártel de Texis se constituyó en proveedor de servicios de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo cual ayudó a Adán Salazar a construir una tarima con una fachada de compañías agropecuarias, turísticas y de venta de combustibles para blanquear dinero en instancias financieras salvadoreñas, y con respaldo de políticos salvadoreños ubicados en sitios claves del poder nacional o regional.
Según el Centro de Investigación del Crimen Organizado − Insight Crime− a pesar de las investigaciones realizadas a Chepe Diablo y al Cártel de Texis, este ha logrado evitar ser condenado por la ley. Los críticos afirman que esto no es signo de su inocencia sino de su fortaleza.
“Al parecer, la red de Salazar cuenta con una gran protección oficial que va desde fiscales y congresistas hasta agentes de la policía y jueces; lo cual hace que los casos en su contra sean archivados de manera indefinida”, asegura dicho Centro de Investigación.