Marta vive en una de las comunidades populares del departamento de San Salvador. Hace unos meses contrató el servicio de cable residencial con una empresa telefónica, pero por motivos económicos dejó de cancelarlo.
A pesar de no pagar la factura, la empresa aun no desconecta el servicio de cable porque los pandilleros de la Mara Salvatrucha no permiten el ingreso de sus técnicos a la comunidad y ante la peligrosidad por las estructuras criminales, los trabajadores prefieren no acudir a la zona.
Que los vecinos tengan el cable «pirata»; es decir, sin pagar por el mismo a la compañía, es considerado por los pandilleros como una oportunidad de obtener ingresos económicos.
Marta asegura que los pandilleros se han dado la tarea de visitar casa por casa y preguntar a los vecinos si el cable de su vivienda es «legal o pirata», un censo para establecer una nueva modalidad de extorsión contra la población.
A las familias que dicen pagar dicho servicio a la empresa telefónica, los pandilleros les exigen ver el recibo cancelado del último mes; al corroborar la información, los delincuentes no les dicen nada.
Por el contrario, cuando un vecino tiene cable y no paga a nadie por el mismo, la pandilla establece un monto de $5 por vivienda, los cuales son recolectados mes a mes por los delincuentes.
«Si no le pagas a la empresa, nos vas a pagar a nosotros», dicen los criminales a los residentes de la comunidad.
La mujer afirmó que son varios meses los que ha entregado $5 a los integrantes de dicha estructura criminal. Aunque reconoce que es una cantidad pequeña, asegura que muchos vecinos entregan el dinero por el temor a ser asesinados por los pandilleros.
«¿Ya le pasaron cobrando el cable?», preguntan los pandilleros a los vecinos cada fin de mes.
La familia de Marta dejó de pagar el servicio de cable a la compañía y se quedó en la ilegalidad.
También hay personas que se dedican a instalar el cable de forma «pirata». Y ellos mismos informan a los pandilleros para que estos cobren los $5 mensuales.