El expresidente Elías Antonio Saca, el exsecretario de la Juventud, César Funes; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, y el exsecretario Privado de la Presidencia, Elmer Charlaix, fueron presentados este martes por la tarde ante el juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.
La Fiscalía General de la República acusó formalmente de varios delitos al expresidente de la República, Elías Antonio Saca y seis de sus colaboradores por desviar al menos $246 millones de Casa Presidencial hacia sus cuentas bancarias personales.
El fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró que el exmandatario será acusado de los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado.
Tras ser presentados ante los tribunales, el Juzgado Cuarto de Paz programó la audiencia del caso Saca −conocido como «Destape a la Corrupción»− para el jueves 3 de noviembre, a las 10:00 a.m.
Junto al expresidente Saca serán juzgados el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank, el exsecretario privado de la Presidencia, Elmer Charlaix y el presidente de ANDA, César Funes.
Además, Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia; Francisco Rodríguez, jefe de la unidad financiera institucional de Casa Presidencial y Jorge Alberto Herrera, tesorero institucional de la Presidencia.
Los procesados fueron llevados a tribunales en vehículos policiales. Ninguno de los acusados fue esposado.
La Fiscalía acusa a Saca de apropiarse indebidamente de $246 millones de Casa Presidencial, de los cuales, $116 millones fueron retirados en efectivos, depositados en cuentas personales y que finalmente terminaron en cuentas bancarias de seis empresas del exmandatario.
Asimismo, este martes la Fiscalía allanó las oficinas del Grupo Samix, propiedad del expresidente Saca, las instalaciones de Radio Usuluteca y una casa del exgobernante ubicada en el cantón El Carmen de la colonia Escalón.
El lunes, la entidad encargada de los intereses del Estado, allanó un autolote propiedad de Herbert Saca, primo de Elías Antonio Saca, quien supuestamente realizó transacciones comerciales en las que podrían haberse usado fondos públicos.
Foto D1/Rodrigo Sura