Danny Dalton, ex agente de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), reveló acusaciones hechas por el Ex Fiscal General de la República, Luis Martínez, cuestionando actuaciones en el pasado del fiscal Rodolfo Delgado en torno al caso del Cártel de Texis. Rodolfo Delgado actualmente es una pieza clave en la Fiscalía de Douglas Meléndez y funge como asesor directo del Fiscal General.
En una carta dirigida a la opinión pública de El Salvador, Dalton recordó que el pasado 15 de septiembre visitó El Salvador y que en esa ocasión se entrevistó con Luis Martínez, Ex Fiscal General de la República, quien “voluntariamente y sin coacción alguna narró varios eventos relevantes ocurridos en su gestión como Fiscal General”.
El ex agente de la DEA –quien participó en diversas investigaciones con las autoridades de El Salvador que sirvieron para la captura y juzgamiento de Byron Berganza, Mario Paredes, William Eliú Martínez, Reynerio Flores y Los Perrones− dice que el exfiscal Martínez le contó que en el año 2014 recibió de parte del Ministerio de Hacienda un informe sobre auditoría realizada a personas relacionadas con el Cártel de Texis.
Esas personas son José Adán Salazar Umaña, Wilfredo Guerra Umaña y Juan Umaña Samayoa, y las sociedades Gumarsal y Hotesa. En ese informe se evidenciaba el conocimiento de varios delitos como evasión fiscal y lavado de dinero, agrega.
Luis Martínez dijo a Dalton que uno de sus subalternos, Rodolfo Antonio Delgado Montes, quien era el jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, sin consultarle, realizó maniobras en el Ministerio de Hacienda para que el caso fuera remitido a la Unidad a su cargo y no a la Unidad Penal del Estado como correspondería en ese tipo de delitos.
El entonces Fiscal General le ordenó a Rodolfo Delgado que preparara un caso de lavado de dinero, por existir suficientes elementos en contra de la estructura del Cártel de Texis, pero dicho fiscal, desobedeciendo sus órdenes, presentó un requerimiento ante los juzgados por el delito de evasión fiscal, omitiendo el procedimiento por el delito de lavado de dinero, “delito que hasta el día de hoy no ha prescrito y se podrían seguir las acciones penales correspondientes en forma inmediata”, añade en su carta el ex agente de la DEA.
Estos hechos son graves y son constitutivos de delitos de acuerdo a las leyes de El Salvador, como la Omisión de Investigación, y son más graves aun cuando se ha observado que Rodolfo Delgado actualmente ostenta el cargo de asesor del despacho del actual Fiscal General de la República, Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, enfatiza.
Douglas Meléndez anunció públicamente durante sus primeros meses de gestión que le daría continuidad a la investigación del Cártel de Texis y en especial al capo internacional de la droga José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo, pero han transcurrido casi 11 meses de su nombramiento y en este caso existe un silencio total sobre el avance de las investigaciones a pesar de ser uno de los cárteles vinculados con el narcotráfico más poderosos de Centroamérica, indica.
Dalton, asimismo, recordó que durante una reciente visita a Estados Unidos, el Fiscal General Douglas Meléndez recibió una carta del congresista James McGovern en la cual este le instaba a darle seguimiento al caso del Cártel de Texis; y además “le mencionaba que mi persona podía colaborar con datos relevantes sobre posibles líneas de investigación de este caso del Cártel de Texis”.
Finalmente, en su carta abierta el ex agente de la DEA solicita que en el caso del Cártel de Texis se tomen las acciones inmediatas que correspondan y también que se investiguen los hechos expresados por el Ex Fiscal Luis Martínez para deducir responsabilidades.
Chepe Diablo y sus socios
José Adán Salazar –Chepe Diablo− es el único salvadoreño designado por el gobierno estadounidense como capo internacional de la droga. El 31 de mayo de 2014, el presidente Barack Obama lo agregó a la lista Kingpin.
Chepe Diablo es un empresario que pasó de ser cambista de dinero en la frontera entre El Salvador y Guatemala a principios de los años 90, a estar detrás de un imperio empresarial con ramificaciones en el mercado de los granos básicos y bienes inmuebles como hoteles y gasolineras.
Junto a Juan Samayoa (alcalde de Metapán acusado de evasión) montó hace varios años una empresa de granos. Poco tiempo después endosó las acciones a su amigo y se dedicó a otros negocios.
Juan Umaña Samayoa es alcalde de Metapán desde 2006 y, según diferentes investigaciones realizadas por el Estado, también es señalado como uno de los líderes de El Cártel de Texis. En los años que lleva como alcalde le han asesinado a dos de sus síndicos.
El alcalde metapaneco es padre de Wilfredo Guerra Umaña, quien es presidente de Agroindustrias Gumarsal (distribuidor de frijoles y arroz) y de Molinos San Juan (que distribuye harina de trigo).
El designado capo de la droga por Estados Unidos, quien llegó a ser el presidente de la Liga Mayor de Fútbol salvadoreño, también es señalado de tener una sociedad desde hace 16 años con el vicepresidente Oscar Ortiz, la cual el vicemandatario dice que ya lleva varios años de estar inactiva.
Informes de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan a que Adán Salazar fundó el Cártel de Texis junto a Juan Umaña Samayoa, actual alcalde de Metapán, y Roberto Herrera, apodado “El Burro”, quien cumple una condena en prisión por delitos de crimen organizado. Estos personajes se habrían aliado para dicho propósito con diputados, policías, alcaldes y pandilleros de la zona noroccidental de El Salvador, según una investigación del periódico digital El Faro.
Asimismo, según una publicación del rotativo estadounidense El Nuevo Herald de Miami, el dinero de Adán Salazar ayudó a infiltrar instituciones estratégicas de la justicia y del control financiero de El Salvador para extender y proteger su emporio criminal de “blanqueo” de capitales con millonarias inversiones en rubros energéticos, turísticos y agropecuarios.
Chepe Diablo estableció estrechos contactos con autoridades de alto rango del gobierno del presidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta 2014, en las instancias ejecutivas estatales de las contralorías financieras, bancarias y hacendarias, con lo que evitó ser perseguido y encarcelado e intentó blindar su entarimado empresarial mafioso. Las maniobras habrían ocurrido a espaldas de Funes, señala esa misma publicación.
Dicho trabajo periodístico agrega que el Cártel de Texis se constituyó en proveedor de servicios de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo cual ayudó a Adán Salazar a construir una tarima con una fachada de compañías agropecuarias, turísticas y de venta de combustibles para blanquear dinero en instancias financieras salvadoreñas, y con respaldo de políticos salvadoreños ubicados en sitios claves del poder nacional o regional.
El 8 de abril del 2014, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de Salazar Umaña, Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra Umaña, presidente de Gumarsal, entre estos varios hoteles, empresas, sociedades y viviendas, tras haberlos vinculados a una investigación por evasión de impuestos, y lavado de dinero y activos.
Entre los locales allanados figuró el Hotel Capital, hoteles Tolteca y San José; tres despachos contables, la empresa Gumarsal, gasolinera Bolívar e inmuebles ubicados en residencial Cumbres de Esmeralda y Joya de la Montaña.
Esta investigación logró determinar que la empresa Agroindustrias Gumarsal evadió 1 millón 135 mil 809 dólares en impuestos. Por lo que Umaña Guerra y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.