René Novellino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) descartó que las reformas a la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) eran urgentes para el pago de pensiones a los jubilados del ISSS e INPEP, como lo indicó el gobierno.
“El pago de pensiones a los jubilados del ISSS y del INPEP se hacen con el pago de los trabajadores del AFP desde 2006. Este sería la primera vez que el gobierno de El Salvador no puso los fondos para pago de capital e intereses en su presupuesto para el pago de la deuda que tiene con el fondo”, aseguró Novellino en el programa 8 en punto de Canal 33.
El presidente de ASAFONDOS explicó que las reformas del FOP ponen en riesgo las pensiones de los trabajadores, debido a que el gobierno nunca pagará la deuda, sino que emitirá titulos valores.
“El gobierno ha financiado sus déficit con los dineros de los trabajadores. Con esta reforma, el gobierno ha tomado el dinero de las pensiones para solventar sus problemas de caja. Esta propuesta no fue estudiada adecuadamente”, manifestó.
Durante el programa televisivo, Novellino explicó que esta medida le quitará rentabilidad a las pensiones de los trabajadores, quienes observarán que la cantidad de dinero ahorrado, por sus años trabajados, será menor al esperado. “Si el gobierno toma decisiones equivocadas con los dineros de las pensiones, los trabajadores y sus familias serán perjudicados. Los trabajadores recibirán una menor cantidad de dinero, al esperado, como pensión”, agregó.
Los diputados del FMLN, GANA, PDC y PCN insistieron que las reformas al FOP, aprobadas el jueves, son la única opción viable para que los jubilados reciban sus pensiones a tiempo. El FMLN ha señalado que las reformas buscan soluciones ya que el partido ARENA negó sus votos a la aprobación de préstamos por $71 millones y $1,200 millones para el pago obligaciones contraídas por el gobierno.
Por su parte, organizaciones sociales han interpuesto un requerimiento ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para dejar sin efecto esta medida, debido a que argumentan que el decreto pone en riesgo el dinero de los trabajadores.