El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, se sumó este domingo al clamor de la OEA para demandar el fin de las protestas de grupos adeptos a la izquierda gobernante en contra fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el marco de una crisis presupuestaria.
«En definitiva los ataques a la sala de lo Constitucional violentos, porque se han dado, nos parecen reprobables desde todo punto de vista, no pueden justificarse», declaró Escobar durante una rueda de prensa tras oficiar la misa dominicial en la céntrica catedral de San Salvador.
Militantes y partidarios de la izquierda gobernante han manifestado con cierre parcial de calles contra fallos de la CSJ que impiden al gobierno obtener parte de 1,200 millones de dólares en bonos necesarios para cerrar el año y resolver el problema de liquidez, atribuida, en parte, a la baja recaudación tributaria.
«Puede que tengamos diferencias, eso es natural en un país democrático y habrá que discutir con ideas y haciendo uso de las leyes que tenemos», destacó el arzobispo.
El viernes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó a poner fin a las presiones y ataques verbales contra la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal general, Douglas Meléndez, tras señalar en un comunicado que son «una seria amenaza a la independencia de poderes».
Almagro llamó a los líderes políticos a «moderar la actual retórica que conduce al enfrentamiento, a terminar con las presiones, a mesurar posiciones y no alentar protestas que pongan en riesgo la independencia de poderes, la seguridad en sus comunidades y la estabilidad del país».
Para salir de la crisis presupuestaria, el gobierno y la derecha negocian un acuerdo para emitir bonos a cambio de una ley de responsabilidad fiscal marcada por la transparencia y el buen uso de los fondos.
En ese sentido, Almagro instó a la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha opositora) y al Gobierno, a «entablar un diálogo permanente que genere a la brevedad una solución de largo aliento a la frágil situación financiera del país que pone en riesgo su posición frente a organismos financieros internacionales».