La Superintendencia de Competencia declaró inadmisible la denuncia por “prácticas anticompetitivas” presentada por Agroindustrias Gumarsal en contra de Molinos de El Salvador.
El representante legal de Gumarsal, Wilfredo Guerra Umaña, presentó el 22 de junio de 2016 a la Superintendencia de Competencia un escrito denunciando supuestas prácticas anticompetitivas, específicamente la utilización de medios de comunicación que generaron un deterioro de la imagen de Gumarsal.
Luego del análisis respectivo, la Superintendencia determinó que la denuncia presentada no cumplía con ciertos requisitos de fondo y de forma esenciales. En ese sentido, previno al denunciante que en el plazo de cinco días hábiles cumpliera con los requisitos; sin embargo, Gumarsal presentó de forma extemporánea el escrito.
El representante legal de la sociedad denunciante, por su parte, explicó a la Superintendencia que los hechos denunciados no son susceptibles de calificarse como prácticas de competencia desleal porque el objetivo de la campaña de desacreditación a la que se hizo alusión no está dirigido hacia los productos de Gumarsal, sino que se enfoca en una vinculación de dicha sociedad y su representante legal con actividades de lavado de dinero.
Guerra Umaña expuso que con la vinculación mediática en actividades de lavado de dinero se estaría generando un riesgo automático en la entidad financiera, solo por el hecho de realizar las operaciones con esta empresa vinculada con actividades delictivas.
Asimismo, argumentó que los hechos denunciados derivan en “cierres de cuentas bancarias” de Gumarsal como resultado del “riesgo reputacional” por haber vinculado, a través de medios de comunicación, a Guerra Umaña y Gumarsal en supuestas actividades ilícitas.
La Superintendencia señaló que las publicaciones mediáticas no pueden catalogarse, a priori de manera abstracta, como conductas propias de una actividad económica de mercado. “Se observa que las publicaciones denunciadas representarían manifestaciones de la libertad empresarial y de expresión, y del derecho de información”.
“Asumir como nueva modalidad de práctica anticompetitiva la utilización de medios de comunicación –propios del agente económico o de terceros− por parte de un agente económico o de terceros que generen un deterioro en la imagen de otro agente económico participante del mismo mercado […]´ equivaldría a establecer un supuesto de censura previa a la libertad de expresión, lo cual no es permitido por la Constitución”, agregó la Superintendencia de Competencia.
Aunque el escrito de subsanación hubiese sido presentado por Gumarsal en tiempo, indicó, el cierre de cuentas bancarias “no puede ser atribuido indirectamente a un agente económico que actuaría ejerciendo la libertad empresarial y de expresión”.
En lo concerniente al escrito presentado por los abogados Sigfredo Edgardo Figueroa Navarrete, Miguel Eduardo Pérez Escamilla y Edgar José Salmerón Campillo, como apoderados de Gumarsal, se observa que el objeto de la petición radica en la ampliación del ofrecimiento probatorio mediante la incorporación de cierta documentación y la solicitud de requerimientos de información por parte del suscrito, en el marcado de una investigación administrativa del caso denunciado, dijo la Superintendencia.
Al respecto, señaló, no siendo procedente el inicio de un procedimiento administrativo sancionador es inoficioso resolver acerca de lo solicitado por los apoderados de Gumarsal.
Por lo tanto, la Superintendencia de Competencia declaró inadmisible la denuncia de Gumarsal en contra de Molinos de El Salvador.
Fragmentos de la resolución de la Superintendencia de Competencia.
Gumarsal y el Cártel de Texis
José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, es el único salvadoreño designado por el gobierno estadounidense como capo internacional de la droga. El presidente Barack Obama lo agregó a la lista kingpin el 31 de mayo de 2014.
Junto a Juan Samayoa (alcalde de Metapán, acusado de evasión), Chepe Diablo montó hace varios años Gumarsal, una empresa de granos. Al poco tiempo endosó las acciones a su amigo y se dedicó a otros negocios.
Juan Umaña Samayoa es alcalde de Metapán desde 2006 y, según diferentes investigaciones realizadas por el Estado, también es señalado como uno de los dirigentes de El Cártel de Texis. En los años que lleva como alcalde le han asesinado a dos de sus síndicos.
El alcalde metapaneco es padre de Wilfredo Guerra Umaña, quien es presidente de Agroindustrias Gumarsal (distribuidor de frijoles y arroz) y de Molinos San Juan (que distribuye harina de trigo). En una entrevista, Guerra dijo que consideraba a Salazar “su segundo padre”.
Entre 2004 y 2011, Gumarsal compró $63.2 millones en arroz, trigo y maíz a cinco consorcios agroindustriales con sede en los Estados Unidos. Esa cifra representa casi el 80 % de los $81 millones en producto que la empresa salvadoreña importó entre 2004 y 2011, según consta en documentos a los que investigadores estadounidenses tuvieron acceso, según diferentes publicaciones periodísticas.
El volumen de importaciones de granos fue, de hecho, uno de los elementos de la investigación que más llamó la atención a los agentes de la Oficina de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro.
El nivel de compras y los respectivos pagos de aranceles realizados entre 2004 y 2011 corresponde, de acuerdo con el sitio web del Banco Central de Reserva, a una empresa importadora mediana. En el mercado de los granos, sin embargo, es una cantidad importante, de acuerdo con investigadores hacendarios en El Salvador. “Es una tajada grande, y no solo fue eso, sino fue el crecimiento de las compras, el tamaño del mercado salvadoreño y el resto de la información que había sobre esta persona”, dijo en un café de Washington una fuente que conoce de cerca la investigación de OFAC, de acuerdo con una publicación de La Prensa Gráfica del 16 de junio de 2014 titulada Compra de granos Gumarsal alertó a Estados Unidos.
En julio pasado, Gumarsal intentó hacer creer a través de un memorándum que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para hacer negocios en su territorio y exportar harinas y granos básicos. No obstante, el documento que difundió Gumarsal se trataba de una carta fechada el 31 de marzo de 2015, en la que OFAC señala que “ha revisado cuidadosamente la información presentada, así como también otras disponibles, en conexión con esta transferencia, y ha determinado que el Banco Wells Fargo ha sido autorizado para procesar las transferencias”, señaló Danny Dalton, exagente de la Drug Enforcement Administration (U.S.-D.E.A.).
La transferencia a la que se refiere la OFAC, de acuerdo con información del sistema financiero, es que Gumarsal hizo una transferencia a Estados Unidos de $684,869.13 a Estados Unidos para pagar dicha cantidad a favor de Bunge Central America, una filial de la empresa Bunge Limited (empresa multinacional dedicada a la comercialización de granos cuya oficina central está ubicada en White Plains de los Estados Unidos) a una cuenta de dicha filial en el banco J.P.Morgan Chase en los Estados Unidos.
Banco Wells Fargo, tomando las respectivas medidas precautorias ante empresas que no han logrado justificar el origen lícito de los fondos, tomó la decisión de denegar la transferencia.
Gumarsal, por medio de sus abogados y apoderados legales, logró convencer a la OFAC para que autorizara la transferencia en mención. Y eso es únicamente por lo que Aydin Akgun, de la OFAC, autoriza en la carta señalada.
Adán Salazar es un empresario que pasó de ser cambista de dinero en la frontera entre El Salvador y Guatemala a principios de los años 90, a estar detrás de un gran imperio empresarial con ramificaciones en el mercado de los granos básicos y bienes inmuebles como hoteles y gasolineras.
El 8 de abril del 2014, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de Salazar Umaña, Umaña Samayoa y Wilfredo Umaña Guerra, presidente de Gumarsal, entre estas varios hoteles, empresas, sociedades y viviendas, tras haberlos vinculados a una investigación por evasión de impuestos, y lavado de dinero y activos.
Entre los locales allanados figuró el Hotel Capital, hoteles Tolteca y San José; tres despachos contables, la empresa GUMARSAL, gasolinera Bolívar e inmuebles ubicados en residencial Cumbres de Esmeralda y Joya de la Montaña.
Esta investigación logró determinar que la empresa Agroindustrias Gumarsal evadió 1 millón 135 mil 809 dólares en impuestos. Por lo que Umaña Guerra y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.