Mirna Liévano de Marques, exministra de Planificación, se desvinculó del caso de Infocentros debido a que afirma que nunca participó en la junta directiva.
El apoderado judicial de la exfuncionaria, Alfredo Martínez Moreno, presentó un escrito a la Fiscalía General de la República (FGR) mediante el cual dice que Liévano de Marques recibió el 25 de abril de 2012 un citatorio para que compareciera ante la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción.
“Mi poderdante no pudo cumplir con el citatatorio, por encontrarse muy ocupada en su trabajo en los Estados Unidos, pero se comunicó telefónicamente con la mencionada Unidad Especializada de la Fiscalía, expresando la imposibilidad de trasladarse en esa fecha a San Salvador”, agrega el escrito.
Ella se enteró que las diligencias de investigación se referían a la Asociación de Infocentros en El Salvador, y en vista de que un alto funcionario público, en cadena de radio, el día anterior a la segunda ronda electoral se refirió a los ´últimos actos de corrupción de ARENA´, y con irresponsabilidad al conocimiento de los hechos mencionó su nombre al respecto, por ella haber participado en la Asociación Infocentros de El Salvador.
El abogado Martínez Moreno añadió que la exfuncionaria le pidió aclarar que la Asociación Infocentros se creó el 23 de diciembre de 1998 y que participó en la junta directiva nombrada para su creaión.
“El proyecto no avanzó y no se realizó ninguna reunión con la junta directiva constituida, ya que se esperó la transición del gobierno”, subrayó.
En mayo de 1999, “sin el conocimiento de la junta directiva o al menos de mi persona (Mierna Liévano de Marques), se creó mediante Decreto Legislativo el Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL, cuyo artículo 12 asignó 10 millones de dólares para la ejecución de Centros Comunales de Información (Infocentros).
En ese período no hubo reuniones de junta directiva y los encargados de la administración se dedicaron a montar los Infocentros y otros programas. En el camino afrontaron diversas contingencias, siendo la mayor los terremotos de enero y febrero de 2001, dijo.
“Yo me vine a residir y trabajar en Washington en julio de 2001. A esa fecha renuncié a todos mis compromisos en El Salvador. El Código de Ética de la organización en la que trabajo –Banco Interamericano de Desarrollo− establece que todo funcionario de la institución tiene que dedicar el 100% de su tiempo a la organización”, dijo la exfuncionaria a través de su apoderado judicial.
Por todo lo anterior, “desconozco todo el acontecer posterior a los Infocentros y, además, nunca participé en ninguna junta directiva”, aseguró.