Durante una visita realizada recientemente a Washington D.C, capital de Estados Unidos, el Fiscal General salvadoreño, Douglas Meléndez, recibió una carta de parte del congresista federal por el estado de Massachusetts, James McGovern, un político demócrata conocido por abogar por el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en El Salvador.
En la carta, McGovern le reitera a Meléndez el apoyo que tiene de parte de Estados Unidos en el combate a la impunidad en El Salvador y le recuerda que él fue uno de varios congresistas que aplaudió su elección como Fiscal General.
“Como alguien que ha estado comprometido con las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador por más de tres décadas, creo que usted tiene un rol importante en la finalización de la cultura de impunidad en El Salvador y garantizar justicia para todos”, señaló el congresista.
De manera personal, el congresista McGovern instó a Meléndez a que continúe con las investigaciones que deriven en la captura y enjuiciamiento de quienes están vinculados al Cártel de Texis, específicamente a Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo.
José Adán Salazar es el único salvadoreño designado por el gobierno estadounidense como capo internacional de la droga. El presidente Barack Obama lo agregó a la lista kingpin el 31 de mayo de 2014.
McGovern recomendó a Meléndez contar con la ayuda de Danny Dalton, un estadounidense que estuvo delegado en El Salvador como agente de la oficina del control de drogas (DEA por sus siglas en ingles) y quien conoció al congresista durante los intentos de esclarecer el asesinato de Gilberto Soto, un sindicalista del gremio de transportistas de carga, asesinado en Usulután en 2004.
Carta enviada por congresista James McGovern al Fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez.
Dalton ha seguido de cerca las actividades del Cártel de Texis y tras jubilarse de la DEA, ha escrito varios artículos sobre el modus operandi de esta organización y de las personas allegadas a este. Algunos de esos artículos han sido reproducidos en Diario1.
Uno de esos artículos tiene que ver con la tergiversación que intentó hacer la empresa Gumarsal, cuyo fundador y accionista mayoritario fue Adán Salazar, de un memorándum enviado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La empresa Gumarsal intentó hacer ver que esa era una autorización del gobierno estadounidense para hacer negocios en suelo norteamericano y exportar harinas y granos básicos, pero Dalton señaló que el memorándum era relacionado con un trámite entre Gumarsal y la entidad bancaria privada Wells Fargo.
Dalton enfatizó que Estados Unidos no puede dejar que una empresa ligada a una persona señalada por narcotráfico, realice negocios en su territorio. Si Chepe Diablo hubiera tenido cuentas bancarias y bienes en Estados Unidos cuando el presidente Obama lo declaró “capo internacional de la droga”, de inmediato habrían sido congeladas.
Tras la declaración presidencial, los estadounidenses y las empresas con base en ese país tienen prohibido hacer negocios con los negocios ligados al narcotraficante en cuestión. La alerta se extiende a estructuras migratorias, aduanales, policiales y de otros aparatos de la seguridad de Estados Unidos.
Adán Salazar es un empresario que pasó de ser cambista de dinero en la frontera entre El Salvador y Guatemala a principios de los años 90, a estar detrás de un gran imperio empresarial con ramificaciones en el mercado de los granos básicos y bienes inmuebles como hoteles y gasolineras.
Este hombre, quien llegó a ser el presidente de la Liga Mayor de Fútbol salvadoreño, es señalado además de tener una sociedad desde hace 16 años con el vicepresidente Oscar Ortiz, sobre la cual el vicemandatario dice que ya lleva varios años de estar inactiva.
El gobierno estadounidense vincula a Adán Salazar con el Cártel de Texis, una estructura criminal que controla el trasiego de droga del oriente al occidente de El Salvador. Recientemente el fiscal general Douglas Meléndez afirmó que existe una investigación en contra del empresario, la cual fue engavetada durante la gestión de Luis Martínez, pero que será retomada.
Cuando fue cuestionado en sobre el estatus de la investigación de dicho narcotraficante en una entrevista con el rotativo La Prensa Gráfica, el entonces Fiscal General, Luis Martínez, evadió el tema, diciendo que ese caso no era más que un caso de difamación y como mucho de evasión de impuestos.
No obstante, según un informe interno de uno de los jefes de la Unidad Especial de Investigación con relación al lavado de dinero y narcotráfico de la Fiscalía, el cual iba dirigido al exfiscal Martínez, advertía sobre la prueba indiciaria que las auditorías y las investigaciones efectuadas a Chepe Diablo, a sus socios más cercanos y a sus empresas indicaban lavado de dinero proveniente de actividades que los investigados habiendo tenido amplia oportunidad de justificar nunca pudieron justificar el origen lícito de las cifras millonarias no declaradas encontradas en sus cuentas bancarias.
Informes de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan a que Salazar fundó dicho cartel junto a personalidades del mundo empresarial local como Juan Umaña Samayoa, actual alcalde de Metapán y Roberto Herrera, apodado “El burro”, quien cumple una condena en prisión por delitos de crimen organizado. Estos personajes se habrían aliado para dicho propósito con diputados, policías, alcaldes y pandilleros de la zona noroccidental de El Salvador, de acuerdo con una investigación del periódico digital El Faro.
Herrera es el principal personero del Cártel de Texis que ha enfrentado la justicia. Este empresario ganadero fue detenido en 2013, en una serie de capturas desplegada por la Policía Nacional Civil (PNC).
El 8 de abril del 2014, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de Salazar Umaña, Umaña Samayoa y Wilfredo Umaña Guerra, presidente de Gumarsal, entre estas varios hoteles, empresas, sociedades y viviendas, tras haberlos vinculados a una investigación por evasión de impuestos, y lavado de dinero y activos.
Entre los locales allanados figuró el Hotel Capital, hoteles Tolteca y San José; tres despachos contables, la empresa GUMARSAL, gasolinera Bolívar e inmuebles ubicados en residencial Cumbres de Esmeralda y Joya de la Montaña.
Esta investigación logró determinar que la empresa Agroindustrias Gumarsal evadió 1 millón 135 mil 809 dólares en impuestos. Por lo que Umaña Guerra y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.
Pasados más de 16 años de generados los informes de inteligencia que vinculan a Chepe Diablo y Umaña Samayoa con el Cártel de Texis, ninguno de ellos ha sido procesado por narcotráfico. Expertos en la materia y reportes de prensa señalan que esto se puede deber al nivel de infiltración que Chepe Diablo ha logrado en el estamento de justicia salvadoreño.
De acuerdo con una publicación del rotativo estadounidense El Nuevo Herald de Miami, el dinero de Adán Salazar ayudó a infiltrar instituciones estratégicas de la justicia y del control financiero de El Salvador para extender y proteger su emporio criminal de “blanqueo” de capitales con millonarias inversiones en rubros energéticos, turísticos y agropecuarios.
Una investigación de dicho diario sostiene que Chepe Diablo estableció estrechos contactos con autoridades de alto rango del gobierno del presidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta 2014, en las instancias ejecutivas estatales de las contralorías financieras, bancarias y hacendarias, con lo que evitó ser perseguido y encarcelado e intentó blindar su entarimado empresarial mafioso. Las maniobras habrían ocurrido a espaldas de Funes.
Dicho trabajo periodístico agrega que el Cártel de Texis se constituyó en proveedor de servicios de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo cual ayudó a Salazar a construir una tarima con una fachada de compañías agropecuarias, turísticas y de venta de combustibles para blanquear dinero en instancias financieras salvadoreñas, y con respaldo de políticos salvadoreños ubicados en sitios claves del poder nacional o regional.