La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro aceptó las 96 pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, su exesposa Vanda Pignato y Diego Funes Cañas, hijo del exmandatario, acusados de enriquecerse ilícitamente durante el periodo 2009-2014.
Las autoridades nombrarán un perito de la Superintendencia del Sistema Financiero para que determine los ingresos y los gastos de los investigados. Asimismo, si a las cuentas de Mauricio Funes ingresaron más de $600,000 provenientes de fondos recolectados por el movimiento «Amigos de Mauricio» que apoyó al exfuncionario durante la campaña presidencial.
Además, el perito tendrá que determinar el origen del dinero que el expresidente recibió de las empresas Agrosuministros y Multimedia, ambas S.A de C. V, y esta última, ligada al expresentador de noticias Jorge Hernández.
Durante la gestión presidencial, Funes y su exesposa Vanda Pignato, pagaron créditos adeudados por un monto superior a los $221,000, generando además un ahorro de $150,000. De acuerdo con los fiscales del caso, con los haberes y obligaciones que tenían Funes y Pignato como núcleo familiar, es inconcebible que lograran tal ahorro.
El tema de las armas también fue parte de la resolución de la audiencia preparatoria de la Cámara y el exgobernante tendrá que explicar cuántas armas compró durante su mandato y de dónde tomó el dinero para adquirir las mismas.
El perito de este caso será juramentado el 3 de octubre, según lo estableció la Cámara asignada al caso, el cual establecerá a cuanto puede ascender el enriquecimiento ilícito del exmandatario.
Asimismo, la audiencia probatoria por supuesto enriquecimiento ilícito contra Mauricio Funes y sus parientes fue programada para el 15 de noviembre próximo.
Finalmente, la Cámara solicitó la comparecencia del exmandatario a la audiencia probatoria y notificó al defensor del imputado, Enrique Araujo, para que informe a su cliente sobre la exigencia de dicha instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mauricio Funes, actualmente asilado en Nicaragua, también está siendo investigado penalmente por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias y malversación.
Como parte del proceso civil derivado de la investigación de la Sección de Probidad del Órgano Judicial, se han embargado cuatro cuentas bancarias y cinco vehículos a nombre de Funes, así como 4 vehículos a nombre de su hijo, Diego Funes Cañas.
De ser encontrado culpable en las instancias civiles por enriquecimiento ilícito, el primer presidente del FMLN, tendrá que regresar al Estado más de $728,000 que supuestamente se apropió de forma indebida, a la vez que será inhabilitado por un período de 10 años para ejercer cargos públicos.