Los militares retirados Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zárpate Castillo, señalados por la Audiencia Española de participar en la masacre en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en noviembre de 1989, recuperaron su libertad tras una orden girada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La liberación de los militares, ocurrida la noche del viernes, llega diez días después que el Pleno del Órgano Judicial decidiera no extraditarlos, a pesar de la orden girada por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Española, para responder por el crimen acaecido durante el conflicto armado salvadoreño.
Los tres permanecían detenidos en bartolinas policiales desde febrero, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) decidió hacer efectiva una orden de difusión roja girada por Interpol en contra de los señalados.
El crimen contra Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y Elba y Celina Ramos, ocurrió en el contexto de la “ofensiva final” lanzada por la exguerrilla. Según el Informe de la Comisión de la Verdad, un grupo élite de soldados de un batallón de reacción inmediata irrumpió en el campus de la UCA a acribillar a las víctimas, a manera que no quedaran testigos.
De los cuatro detenidos en la ola de capturas desplegada en febrero pasado, solo el excoronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno permanece en prisión, a la espera de lo que dictamine un juez de Instrucción.
Esto se debe a que Benavides fue procesado en el juicio contra los supuestos responsables de la masacre, ocurrido tres años después de la misma, en el que fue condenado a prisión, pero posteriormente absuelto al entrar en vigencia la Ley de Amnistía de 1993, que recientemente fue derogada por la Sala de lo Constitucional de la CSJ.