La Fiscalía General de la República presentó este jueves el requerimiento penal contra nueve imputados en red que ofrecía favores judiciales a cambio de dádivas. Esta red incluye al exfiscal general de la República, Luis Martínez, y al empresario Enrique Rais.
A Martínez se le acusa de los delitos de fraude procesal y omisión de investigaciones, mientras que Rais está señalado de supuestamente cometer falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho impropio.
El exfiscal fue duramente cuestionado durante su cuestión por realizar viajes personales y familiares en las aeronaves propiedad de Rais, al mismo tiempo que en la Fiscalía se fueron desvaneciendo los casos que acusaban al empresario de haber desviado $240 mil de la sociedad mixta MIDES a cuentas personales en Cuba y Estados Unidos para pagar cuentas personales.
Revista Factum publicó en noviembre del 2014 que desde febrero del 2013, a pocos meses de haber tomado posesión como fiscal, hasta agosto del 2014, Martínez realizó 66 vuelos, de los cuales 40 fueron en aeronaves privadas. La oficial de información de la Fiscalía, Deisi Marina Posada, confirmó 11 viajes realizados en 2013 y 12 en 2014 por medio de una respuesta a una solicitud hecha por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE.
Los arrestos de Rais y Martínez se dieron en circunstancias muy similares, pero con sus respectivas particularidades: Mientras Rais, junto a su sobrino y su abogado particular, fueron a sede central de la Fiscalía a rendir declaración sobre el litigio que mantiene con empresarios canadienses por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), y ahí fueron capturados; Martínez llegó a la oficina de denuncias de la Fiscalía en la colonia La Sultana de Antiguo Cuscatlán, para entregarse voluntariamente, no sin antes justificar que no tenía relación con los hechos por los que se le investiga a Rais.
Otros acusados dentro de esta red son el exjefe de la División de Intereses del Estado de la Fiscalía, Julio Arriaza y el exjuez Romeo Aurora Giammattei, este último estaría señalado por manipular pruebas que se presentaban en su juzgado.
Con la presentación del requerimiento, el Juzgado Séptimo de Paz tiene 72 horas para fijar la audiencia inicial contra los imputados, los cuales guardan prisión desde el pasado lunes en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los abogados defensores de los imputados han reclamado que no han podido tener mayor comunicación con sus clientes y que no han conocido los hechos fácticos de los cuales son acusados. Además adelantaron que pedirán medidas sustitutivas al arresto para Rais y Martínez, aduciendo que ambos tendrían complicaciones de salud.