En lo que va del año, al menos 350 presuntos pandilleros han muerto en enfrentamientos armados con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), según confirmó este miércoles el director de la institución, Howard Cotto.
De acuerdo con el funcionario, de un total de 366 enfrentamientos reportados entre el primero de enero y este 10 de agosto, el resultado ha sido casi siempre al menos un pandillero muerto, y un promedio de 50 al mes.Esta cifra cobra mayor importancia al compararla con cifras de años anteriores.
Estadísticas de la PNC entregadas a este periódico por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública revelan que hace dos años, en 2014, el número total de pandilleros muertos en enfrentamientos fue de 90, es decir casi cuatro veces menos de los que van en solo siete meses de este año.
Asimismo, en los años anteriores, desde el 2008 al 2013 esta cifra nunca alcanzó siquiera los 30 muertos en enfrentamientos.
Este incremento tiene relación cronológica con la aplicación de políticas públicas represivas por parte del gobierno, cuyo punto más álgido se ha alcanzado a principios de este año con la aplicación de medidas extraordinarias y la creación de más batallones especializados con elementos de la Fuerza Armada.
Imagen: Diario1
De acuerdo con Cotto, si bien los enfrentamientos armados no son la finalidad número uno de la policía, cada vez se están dando más, y ante el incremento de muertes de policías a manos de pandilleros, las autoridades optaron por dar vía libre para disparar a las autoridades, librándolas de responsabilidad cuando el homicidio se justifique con el uso de la legítima defensa.
En este contexto, las autoridades también han reportado ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía. De acuerdo con las investigaciones, al menos en dos casos, agentes de la PNC han capturado a grupos de jóvenes desarmados y los han ejecutado, alterando posteriormente las escenas del crimen y colocando armas para fingir enfrentamientos.
El primero de estos casos es conocido como la Masacre de San Blas, cometida el 26 de marzo de 2015 en la finca San Blas del cantón El Matazano 2, del municipio de San José Villanueva, en La Libertad. Este caso donde al menos ocho personas murieron fue denunciado por primera vez por el periódico digital El Faro el 22 de julio del mismo año.
El segundo caso fue denunciado por La Prensa Gráfica el 25 de octubre del 2015 sobre un hecho ocurrido el 15 de agosto en el municipio de Panchimalco, donde cinco hombres murieron a manos de la policía.
A partir de estas publicaciones periodísticas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos abrió dos expedientes, de los cuales concluyó que en los dos casos se dieron ejecuciones “extralegales” cometidas por la policía.
El exprocurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, quien terminó su mandato este lunes 8 de julio, confirmó durante su última conferencia de prensa que durante su gestión (2013-2016) la Procuraduría ha abierto 39 expedientes sobre posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía. Algunos de estos casos, según Morales, incluyen a varias víctimas, por lo que juntos suman cerca de 140 personas fallecidas.
Las autoridades de seguridad, por su parte, aseguran que existen mecanismos de depuración e investigación interna en la policía y que tanto en estos casos como en los de grupos de exterminio en que se han visto involucrados policías, la institución lo ha denunciado.