Después de la audiencia inicial de tres días, la jueza 7° de Paz de San Salvador, Evelyn Jiménez, decretó medidas sustitutivas a la detención contra el exfiscal general de la República, Luis Martínez, el empresario Enrique Rais y el resto de acusados de fabricar pruebas falsas para incriminar a una pareja de apellido Calderón.
Los imputados tendrán que llegar a firmar al tribunal cada 15 días, no salir del país y no cambiar de domicilio.
Ademas, Jiménez impuso una fianza de $20,000 al empresario Enrique Rais y $5,000 para Luis Martínez, el exjuez Aurora Giammattei, Julio Arriaza y otros de los involucrados.
Durante la lectura del fallo, la juzgadora, consideró que el exjuez Aurora Giammattei podría haber cometido el delito de cohecho activo. Asimismo, afirmó que hay indicios suficientes por dicho delito contra el juez suplente Mauricio Galvez.
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Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco y el abogado Wilfredo Gutiérrez, según la jueza, sí podrían haber cometido el delito de falsedad ideológica al haber pagado por alterar un peritaje psicológico elaborado en el Instituto de Medicina Legal y que fue usado contra la pareja Calderón.
Foto D1/Rodrigo Sura
En cuando al exfiscal Luis Martínez, Jiménez afirmó que existen indicios de el cometimiento del delito de omisión de investgación al tener conocimiento de la creación de pruebas falsas, haber colaborado y no haber detenido los proceso judiciales contra los afectados.
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Por su parte, Julio Arriaza, exdirector de Ia Sociedad de la Fiscalía General de la República, según la juzgadora, también pudo haber cometido el delito de fraude procesal.
Todos los imputados fueron enviados a sus casas y seguirán la etapa de instrucción en libertad.
Audios clave de Fiscalía
La jueza no permitió, en la audiencia inicial, escuchar los audios que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó como prueba que supuestamente incriminaba al exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Raís, como al resto de imputados, de falsificar documentos para judicializar injustamente a una pareja de esposos.
La juzgadora inicialmente decidió que los audios fuera escuchados en la audiencia que inició el viernes parado, pero la defensa de los imputados apeló la decisión argumentando que los audios habían sido editados; es decir, cortados. Además exigieron que los mismos sean escuchados en la etapa de instrucción, pero sin edición alguna.
Según la Fiscalía, la estrategia de la defensa iba dirigida a que la jueza no escuchara los audios y con ello decretara medidas sustitutivas contra Martínez, Rais y el resto de procesados; sin embargo, al escuchar los audios no le quedaría ninguna duda a la representante del juzgado de la participación de los capturados.
La apelación presentada por la defensa fue analizada por la jueza, quien consideró acertada la posición de los abogados de los imputados y decidió que los audios serán escuchados en la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía se mostró inconforme por la reconsideración de la juzgadora, incluso, a través de su cuenta de Twitter señaló supuestas irregularidades en la audiencia inicial.
«Jueza del #CasoRaizMartínez ha cambiado la decisión sobre las escuchas telefónica 3 veces. Resolvió fuera de incidentes revocatoria de defensores», denunció la Fiscalía.
A pesar de no poder incorporar los audios en la audiencia inicial, la Fiscalía insistió en la culpabilidad de los imputados en los hechos que se les atribuyen y solicitó detención provisional contra todos los involucrados y que los mismos sigan el proceso penal tras las rejas.
Los fiscales del caso insistieron a la jueza que era necesario enviar a los imputados a la cárcel, debido al alto riesgo de fuga. Asimismo, recalcaron que los procesados tiene los suficientes recursos económicos para salir del país y huir de la justicia salvadoreña.
Los abogados defensores y Luis Martínez representándose personalmente, recalcaron ser inocentes y señalaron que la acusación fiscal en su contra es muy débil e insuficiente para continuar a la etapa de instrucción, por lo que solicitaron quedar en libertad.