El periodista Héctor Silva Ávalos, Co-Director de la Revista Factum, se presentó este jueves al tribunal de Sentencia de Santa Tecla a comparecer por la demanda que el empresario y multimillonario Enrique Rais ha interpuesto en su contra por los supuestos delitos de Calumnia y Difamación.
De acuerdo con los abogados de Rais, desde el 2014 hasta principios del 2016 la Revista Factum ha publicado varios artículos periodísticos en los que se “daña el honor” de Rais, a quien recientemente el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) vinculó en un conflicto de interés con el ex fiscal general Luis Martínez.
José Campos, uno de los tres abogados contratados por Rais para este caso, aseguró que el artículo titulado “Se cae el castillo de naipes” en el que se explica el conflicto de interés entre el empresario y el ex fiscal es un “ataque con evidente intencionalidad” hacia su defendido y que Silva Ávalos no dio derecho de respuesta a Rais.
En ese sentido, el empresario ha emprendido un juicio civil con el que pretende obligar al periodista a pagarle más de $300,000 en concepto de indemnización.
Sin embargo, según publicaciones hechas por la Revista Factum, Silva Ávalos intercambió correos con los apoderados de Rais antes de la última publicación, pidiendo su versión de los hechos, pero estos nunca contestaron. Días después de la publicación, el empresario, por medio de sus abogados, envió una carta pidiendo que se publicara un texto solo con su versión. El periodista contestó diciendo que le pedía una entrevista, a lo que Rais se negó.
Ante esto, el periodista Silva Ávalos calificó la demanda como un “acto intimidatorio” contra su persona y contra el periodismo. “Ya está establecido por organizaciones internacionales reconocidas que velan por el libre ejercicio de la profesión y del periodismo, como el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quienes han dicho que las acciones judiciales establecidas por personas que tienen un conflicto con la ley – como este caso – es efectivamente una amenaza al periodismo”.
Asimismo, el periodista aseguró que “este hombre que me está demandando (Rais) ha intentado utilizar al Estado de El Salvador, a la Fiscalía General de la República, para su beneficio particular. Esto es importante porque está intentando utilizar nuevamente al Estado para coartar la libertad de expresión”.
Las investigaciones contra Rais comenzaron luego que se supiera que el ex fiscal Martínez realizó más de una docena de viajes privados en los aviones del empresario al mismo tiempo que este tenía varios procesos abiertos en la Fiscalía, algunos en los que era el demandante y en otros el demandado.
Durante el periodo de Luis Martínez en la fiscalía, y al mismo tiempo que este realizaba viajes en sus aviones, los casos contra Rais se fueron desvaneciendo en los tribunales, algunos incluso porque la misma fiscalía pidió sobreseimiento. Por otra parte, los casos en que Rais era el acusador, se fortalecían.
En ese momento el caso se resumía básicamente a un pleito legal entre Rais y dos empresarios canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, que además fueron sus socios en la empresa de economía mixta MIDES que se encarga de administrar el relleno sanitario más grande del país.
Por un lado, Rais demandaba a sus ex socios por una supuesta extorsión millonaria, mientras que los canadienses señalaban a Rais de haber extraído miles de dólares de la empresa MIDES hacia cuentas personales en el extranjero que posteriormente habría utilizado para pagar sus deudas.
El empresario Enrique Rais, sin embargo, no ha tenido problema para aceptar públicamente que Luis Martínez ha viajado en sus aviones. Durante una conferencia de prensa ofrecida por el millonario el pasado 27 de abril, confesó que el ex fiscal fue pasajero asiduo en sus aviones y que no solo se los prestó para cuestiones “de trabajo” sino también para que asistiera a fiestas familiares, como la boda de su esposa.
Asimismo, Rais dijo tener una relación “muy cordial” con Martínez y añadió que “no solo él” ha viajado en sus aviones sino otros funcionarios y ex funcionarios del gobierno salvadoreño como el mismo presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, el expresidente Mauricio Funes y el dirigente del FMLN, José Luis Merino, mejor conocido como “Ramiro”.
Contrario a estas declaraciones hechas por el mismo Rais, luego de que el Tribunal de Ética Gubernamental impusiera una sanción de $8,964 a Luis Martínez por haber “vendido justicia” a Rais, sus abogados han asegurado que los aviones en que viajó el ex fiscal no eran de su patrocinador.
La sanción que el TEG le impuso a Luis Martínez es la más alta que se le pueda imponer a un funcionario público por cometer faltas a los lineamientos éticos de la administración pública, tal como lo explicó en su momento el presidente Marcel Orestes Posada.
Siguiente paso
De acuerdo con la abogada Bertha María Deleón, representante legal del periodista Héctor Silva en este caso, el siguiente paso del proceso judicial es una audiencia de “conciliación” en la que las partes considerarán si se puede llegar a un acuerdo por este caso. Deleón aclaró que este es el procedimiento de ley, lo que no quiere decir que su defendido tenga la intención de conciliar.
Además de Deleón, el reprentante del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (IDHUCA), Arnau Baulenas, aseguró que formará parte de la defensa bajo la figura de Asistente no letrado.
Baulenas explicó que el IDHUCA forma parte de la defensa debido a que la demanda de Rais contra Silva Ávalos es “a todas luces un ataque contra la libertad de expresión que es un derecho consagrado en la constitución y un derecho humano”.