Además de confirmar que apelará la resolución de la jueza Séptimo de Paz de juzgar en libertad a los 11 acusados de integrar una red de corrupción que procuraba favores legales a cambio de dádivas, entre los que se encuentran el exfiscal general Luis Martínez y el empresario Enrique Rais, la Fiscalía General de la República señaló que no descarta iniciar una investigación en contra de la Jueza Séptimo de Paz.
A través de un comunicado, la Fiscalía argumenta la decisión, debido a “una serie de vacíos e incongruencias que la juzgadora ha concretado durante el desarrollo de la Audiencia Inicial y que sin lugar a dudas se plasmarán en su resolución, sin mayor fundamento legal”.
Luego de conocerse la decisión el pasado domingo de girar medidas sustitutivas a la prisión para Rais, Martínez y otros nueve implicados mas, los fiscales del caso cuestionaron fuertemente la decisión de la jueza y adelantaron que recurrirían a la misma ante un Tribunal de Segunda Instancia o Cámara Especializada.
Entre otras cosas, la Fiscalía cuestiona que la jueza de Paz revocó en tres ocasiones decisiones que ella misma tomó, que ya estaban firmes, pero que no pudo mantener. Dentro de esas decisiones está la de no autorizar la reproducción de comunicaciones telefónicas que incriminan a los acusados. El argumento de la jueza fue que escucharlas retrasaría el proceso de la audiencia inicial, por lo que decidió que serán escuchadas en la fase de Instrucción.
Además no dejaron de ver con extrañeza el hecho que la jueza llegara dos horas después de lo acordado para dar la resolución y no diera en el mismo momento la copia de la resolución por escrito, sino que solo la dio de forma oral.
La apelación a dicha resolución judicial se presentará luego de analizar los fundamentos del fallo por escrito, el cual será entregado por el juzgado el próximo viernes 2 de septiembre, agregó la Fiscalía.
Por el momento, los vinculados en este caso gozan de medidas sustitutivas a la detención, como la prohibición de cambiar de domicilio, no abandonar el país y presentarse a firmar cada 30 días al Juzgado Séptimo de instrucción. Asimismo, a partir de hoy han debido cancelar fianzas que oscilan van de los $1,500 a los $20,000.