Durante la gestión del presidente Mauricio Funes hubo muchos casos de corrupción, esas fueron las palabras Andrés Amaya, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, quien brindó declaraciones durante una serie de allanamientos contra propiedades del empresario Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé” y amigo del exmandatario.
“En la administración Funes, por todos es conocido, muchos actos de corrupción se han dado y que esta gente se ha visto involucrada”, dijo Amaya en las afueras de Cosase ubicada sobre la avenida Bernal en San Salvador, una de las empresas allanadas por la Fiscalía.
“Hay un proceso por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Funes, también la relación del señor Miguel Menéndez, propietario de estas empresas Cosase, donde también hay contratos millonarios que son objetos de revisión en cuanto como fueron adjudicados, adquiridos, cómo fue que la administración de él se los otorgó”, recalcó representa de la Fiscalía.
Con la autorización del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, la entidad encargada de investigar el crimen logró ingresar a siete propiedades de Meléndez, entre las que se encuentran empresas de seguridad, viviendas, un campo de tiro, entre otros negocios.
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Una de las viviendas allanadas está ubicada en la residencial Lomas de Altamira, calle El Gorrión, casa número 20, San Salvador, en la cual reside el empresario Menéndez. Asimismo, la residencia número 57-A de la misma dirección, en la cual vive la señora Ada Mitchell Guzmán Sigüenza (La Michy), compañera de vida del expresidente Funes.
“Incautar todos los esos documentos para demostrar todos esos actos que estamos siento investigados desde enriquecimiento ilícito hasta posible peculado”, dijo el fiscal respecto al objetivo del procedimiento.
“Serán la información que recabemos las que dirán mediante un análisis a cuánto podrían ascender. En estos momentos son documentos los que nos interesan recabar”, expresó Amaya, sin embargo, aseguró que las empresas de Menéndez registraron ganancias por $14 millones por contratos durante la gestión Funes.
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La investigación busca comprobar que el exmandatario cometió los delitos de Peculado, Negociaciones Ilícitas, Malversación, Tráfico de Influencias y Enriquecimiento Ilícito, en perjuicio de la administración pública.