La Fiscalía General de la República (FGR) allanó este jueves las instalaciones de la Corte de Cuentas de la República para incautar 48 documentos de juicios de cuentas prescritos en contra de los intereses del Estado.
«Se ha denunciado por parte del anterior presidente de la Corte la caducidad específica de 48 expediente de juicios de cuenta que fueron ingresados a esta institución en el año 2005 al 2007. Los referidos expedientes eran de instituciones públicas en los cuales se les hacían reparos», dijo el fiscal Mario Salazar que acudió a la entidad contralora.
Salazar aseguró que los juicios de cuenta eran contra la administración de Carlos Perla, expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Hospital Rosales, la alcaldía de Santa Ana, el Ministerio de Obras Públicas, entre otras dependencias del Estado.
«Según la denuncia, cuatro jueces de cuentas de primer instancia se les atribuye la responsabilidad de haber caducado esos procesos en los dos años que se tienen para resolver los mismos», recalcó el fiscal.
A pesar de los cuestionamientos de la prensa, el empleado de la Fiscalía se negó a revelar los nombres de los jueces investigados, pero adelantó que el montó de los 48 expedientes asciende a más de $2.5 millones que el Estado dejó de percibir por no haberse realizado las diligencias necesarias para solventar los reparos a los señalados.
El representante de la institución encargada de investigar el delito, aseguró que su labor es determinar alguna acción penal contra los jueces de cuentas que no cumplieron con su labor y si existió alguna conducta delictiva.
Estos juicios de cuentas prescribieron durante la gestión del expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras.
La Corte de Cuentas de la República se encuentra actualmente en acefalía luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la elección de los titulares de la institución.
Ante lo anterior, Jovel Humberto Valiente, Raúl Antonio López y Marco Antonio Grande Rivera, presidente, primero y segundo magistrado, respectivamente, fueron separados de sus cargos.
La Asamblea Legislativa aún no define quienes serán los nuevos funcionarios que dirigirán las riendas de entidad contralora.