Diario1.com reproduce textualmente el artículo Compra de granos Gumarsal alertó a Estados Unidos, publicado el 16 de Junio de 2014 por La Prensa Gráfica. Este periódico es referente informativo en todo El Salvador.
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Fuentes federales en Washington confirmaron que la investigación involucra ahora las cuentas de otros socios de Adán Salazar Umaña. Washington ya pidió a proveedores estadounidenses de Gumarsal cortar tratos comerciales con Salazar Umaña y sus socios.
El Departamento del Tesoro en Washington ya empezó a girar avisos a los consorcios agroindustriales estadounidenses que tienen negocios con empresas relacionadas a José Adán Salazar Umaña: les pide, en breve, que se abstengan de hacer o continuar tratos comerciales con el metapaneco, a quien el 30 de mayo pasado el presidente Barack Obama designó capo internacional de la droga. Así lo confirmaron la semana pasada tres personas cercanas a la investigación abierta en la capital de Estados Unidos.
Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, fue miembro de la Asociación Ganadera de Santa Ana y presidente de la primera división de fútbol; desde 2009, la inteligencia policial salvadoreña lo investiga como supuesto líder del cartel de Texis, una organización de narcotráfico y lavado de dinero de la que la ONU dijo en 2011 que recibía protección de políticos salvadoreños. Investigaciones periodísticas también revelaron, entre 2012 y 2013, que Salazar Umaña y su grupo contaron con protección de altos jefes policiales.
A principios de este año, “Chepe Diablo”, en carácter de representante legal de la empresa Hotesa, pagó un aproximado de $231,000 al fisco como parte de una investigación penal abierta en su contra por evasión de impuestos. El empresario, sin embargo, sigue procesado, en libertad, porque según la Fiscalía adeuda, como contribuyente particular, $834,721.55 del año 2010 y $274,940.25 de 2011.
Entre las empresas más grandes con las que Salazar Umaña ha tenido tratos entre 2004 y el año pasado en Estados Unidos está Archer Midland Daniels (AMD), un gigante agroindustrial al que el empresario compraba granos a través de Gumarsal, empresa agroimportadora en la que llegó a tener un 25 % de participación accionaria, según el Registro de Comercio en El Salvador. La otra es Chevron, la transnacional petrolera con la que el metapaneco negociaba la importación de gasolina para abastecer sus seis estaciones de servicio, cuyos valor a 2010 llegó a $18.4 millones.
El volumen de importaciones de granos fue, de hecho, uno de los elementos de la investigación que más llamó la atención a los agentes de la Oficina de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro.
Entre 2004 y 2011, Gumarsal compró $63.2 millones en arroz, trigo y maíz a cinco consorcios agroindustriales con sede en los Estados Unidos. Esa cifra representa casi el 80 % de los $81 millones en producto que la empresa salvadoreña importó entre 2004 y 2011, según consta en documentos a los que investigadores estadounidenses tuvieron acceso.
Al 31 de diciembre de 2010, según el balance general presentado por Wilfredo Guerra Umaña, representante legal de Gumarsal, al Registro de Comercio de El Salvador, el valor de activos de la empresa era de $19,305,829.20. Guerra Umaña es hijo de Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán; ambos, socios de Gumarsal, también han sido relacionados por la Policía salvadoreña al cartel de Texis.
El nivel de compras y los respectivos pagos de aranceles realizados entre 2004 y 2011 corresponde, de acuerdo con el sitio web del Banco Central de Reserva, a una empresa importadora mediana. En el mercado de los granos, sin embargo, es una cantidad importante, de acuerdo con investigadores hacendarios en El Salvador. “Es una tajada grande, y no solo fue eso, sino fue el crecimiento de las compras, el tamaño del mercado salvadoreño y el resto de la información que había sobre esta persona”, dice en un café de Washington una fuente que conoce de cerca la investigación de OFAC.
De acuerdo con los documentos financieros que OFAC analizó, las compras de granos a AMD, consorcio con sede en Decatur, Illinois, empezaron en 2005. Ese año Gumarsal importó $579,579 en granos, según el valor CIF, que es el precio pagado en aduana, según técnicos de Hacienda consultados. En cuatro años, las cantidades que Gumarsal importaba habían crecido más de 2,000 %: para 2008, la factura de compra, solo a ADM y sus filiales, fue de $12,339,069.94. Para 2011, la compra de granos a ADM fue por $8.1 millones.
Este periódico pidió, vía correo electrónico y telefónica, una reacción de ADM sobre la etiqueta de narcotraficante internacional que Obama puso a su cliente salvadoreño. No hubo respuesta.
Gumarsal también negoció granos al consorcio Global Commodities Trading, con sede en Granite Bay, California. A ellos la compañía de Salazar Umaña les compró $7.7 millones en un año, entre 2008 y 2009. “Para estos gigantes estadounidenses, Gumarsal no representa pérdida alguna… Será un porcentaje mínimo de sus ventas totales, pero para El Salvador sí es un elemento importante de la economía”, dice una de las fuentes que conoce la investigación a “Chepe Diablo”. Las cifras le dan la razón, en lo que corresponde al volumen de ventas de, por ejemplo, ADM: para 2013, ese consorcio reportó al fisco estadounidense ganancias por $2,900 millones, según documentos en el sitio web de la empresa.
En El Salvador, el peso de Gumarsal es más notable. No es solo la tajada del mercado de granos que controla, que según dos fuentes consultadas en Hacienda puede haber llegado en años recientes a cerca del 30 %. Es también la clientela: dos exministros de Estado aseguraron que la empresa metapaneca proveyó de granos al Ministerio de Agricultura al menos dos veces entre 2005 y 2009 durante las administraciones de Antonio Saca y Mauricio Funes.
Alcances de advertencia
El viernes pasado, una de las fuentes relacionadas con la investigación confirmó que ya la OFAC se disponía a girar una advertencia también a Chevron para advertirle que se abstuviera de seguir vendiendo a Salazar Umaña.
La ley estadounidense establece fuertes sanciones a las empresas que mantienen tratos con personas o entidades nombradas como capos internacionales del narcotráfico. El Programa de Sanciones Antinarcotráfico de OFAC establece: “Transacciones hechas por personas estadounidenses, o en la que estén envueltos estadounidenses, están prohibidas si incluyen transferencias, pagos, exportaciones, retiros o tratos de otro tipo con propiedades o intereses de las personas listadas”.
OFAC también establece la penalidad para las empresas transgresoras: “(…) hasta $1,075 millones por violar la ley hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para ejecutivos corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas entre 5 y 10 millones de dólares”.
Investigación ampliada
El último paso era la identificación por medio de un documento oficial. El 28 de mayo pasado por la tarde, los agentes del Departamento del Tesoro recibieron la pieza que faltaba: una ficha de la Policía Nacional Civil de El Salvador en la que constaba que el individuo al que investigaban desde hacía al menos un año se llamaba, en efecto, José Adán Salazar Umaña, que era originario de Metapán, en El Salvador, y que había nacido el 16 de junio de 1948.
Dos días después, el jefe de esos agentes, el presidente Barack Obama, envió una carta al Congreso en Washington en la que informaba a las dos cámaras del Congreso que el metapaneco era una de tres personas designadas como capos internacionales del narcotráfico.
“Este reporte al Congreso, bajo la sección 804(a) de la Ley de Designación de Capos Internacionales de la Droga, 21 U.S.C 1903(b)(1), transmite mi designación de los siguientes individuos extranjeros como sujetos a sanciones bajo esta ley y reporta mi instrucción de sancionarlos de acuerdo a la ley: Francisco de Fátima Federico (Cabo Verde), José Adán Salazar Umaña (El Salvador) y Víctor Ramón Navarro Cerrano (Colombia)”.
Para el caso del salvadoreño, los agentes federales estadounidenses tuvieron acceso, entre otros documentos, a peritajes contables y financieros realizados por Hacienda y la Fiscalía en El Salvador como parte de la investigación policial que arrancó en 2009 y la penal abierta el año pasado por evasión de impuestos. En esos informes el Estado salvadoreño establece que el valor bruto de los bienes relacionados con Salazar Umaña era, para 2011, de $54,877,864.
La designación que hace el presidente de Estados Unidos a través del “Kingpin Act”, explican investigadores en Washington, también implica que las agencias federales de policía y aplicación de la ley pueden ampliar sus pesquisas a socios del designado, algo que en el caso de “Chepe Diablo” y el cartel de Texis ya está ocurriendo.
Desde la semana pasada, el Departamento de Justicia, del que depende la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la CIA y toda la comunidad de inteligencia, el Departamento de Defensa (Pentágono), la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés), el Consejo Nacional de Seguridad (NSC, en inglés, que asesora directamente a Obama), el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado intensificaron sus investigaciones en torno a Salazar Umaña y, según fuentes cercanas al caso, en torno a al menos otras tres personas relacionadas con el cartel de Texis, cuyos nombres no revelaron para no entorpecer el proceso.