Marvin Adaly Ramos Quintanilla, alias «Piwa» y considerado el cerebro financiero de la Mara Salvatrucha (MS), fue uno de los beneficiados con la tregua entre pandillas promovida por el gobierno del presidente Mauricio Funes, dijo el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano.
El jefe edilicio respondió así tras salir a la luz este lunes en la audiencia inicial contra los cabecillas capturados acusados de ser parte de la estructura financiera de la Mara Salvatrucha que «Piwa» trabajó en la comuna de Ilopango.
El pandillero fue capturado en el marco de la operación «Jaque» realizada el jueves anterior en los departamentos de Sonsonate y San Salvador, en la cual se dio un duro golpe a la MS al incautarle negocios como prostíbulos, moteles y autolotes, que habían sido adquiridos con el dinero de la extorsión.
El «Piwa» y otros capturados más fueron llevados a tribunales este lunes y el fiscal del caso explicó que el hombre que se hacía pasar por pastor evangélico, devengaba entre $300 y $800 como empleado municipal de Ilopango.
Salvador Ruano afirmó que “no tiene nada que ocultar” y que ese pandillero fue llevado a su municipio por el presidente Mauricio Funes a través del entonces ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, uno de los funcionarios del primer gobierno del FMLN que impulsó la tregua.
“No somos responsables de lo que esta gente proveniente de los penales hizo. Nosotros lo que hicimos fue creer en la política de seguridad del gobierno del presidente Funes, pero todo lo hicimos fue de buena fe para ayudar a la población a bajar los altos índices delincuenciales. Lamentablemente no nos dijeron la verdad”.
La Fiscalía solicitó que Ramos Quintanilla sea enviado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca mientras se realiza el periodo de instrucción en el proceso penal en su contra.
Posteriormente, a través de su cuenta en Twitter, la Fiscalía General de la República confirmó que “Piwa” fue favorecido por tregua. Estaba entre 30 reos trasladados en marzo 2012 del penal de Zacatecoluca a Ciudad Barrios.
Asimismo, informó que a semanas de que el cabecilla de la MS «Piwa» fue puesto en libertad, el ministerio de Defensa le otorgó permiso de portación de armas.
El Ministerio Público también lleva aparte un proceso para judicializar a supuestos responsables de cometer actos arbitrarios y de corrupción, amparados en la tregua entre pandillas, que abarcó de 2012 a 2014. Los principales implicados por la Fiscalía en esta supuesta red de corrupción son: El mediador de la tregua, Raúl Mijango; el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda; y el comisionado de la Policía, Óscar Aguilar.
El actual fiscal general, Douglas Meléndez, llamó el pasado 3 de febrero al expresidente Mauricio Funes a declarar para definir su rol sobre la tregua. De la misma forma que el exfiscal Luis Martínez, citó el 17 de julio de 2014 al ministro de Defensa, David Munguía Payés, a aclarar el papel que jugó durante este proceso.
Ambos han negado que el gobierno haya negociado con pandillas, sino que las principales estructuras pandilleriles, MS13 y Barrio 18, acordaron una tregua entre ellas. Especialmente Munguía Payés ha defendido los resultados de la tregua, cómo reducción de homicidios y desapariciones, que tuvieron su mayor alcance mientras fungió como ministro de Justicia y Seguridad en 2012.
En varias ocasiones, Munguía Payés dijo que la tregua fue parte de su estrategia para contrarrestar el crimen, la cual insiste en llamar como «proceso de pacificación». No obstante, en su investigación penal, la Fiscalía sostiene que los cabecillas de pandillas se beneficiaron con cosas más allá de lo permitido por la Ley Penitenciaria, como fiestas en los centros penales y condiciones de encierro más laxas; a la vez que se habría contribuido al fortalecimiento de estos grupos.