A principios del mes de septiembre de 2014, se solicitó a Miguel Ángel García Argüello, juez Séptimo de Instrucción, autorización para intervenir teléfonos a través del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, e indagar sobre supuestas amenazas de muerte contra Luis Antonio Martínez, entonces fiscal general de la República.
Estas amenazas provendrían de gente allegada al exdiputado suplente del PCN, Wilber Rivera Monge, condenado recientemente por integrar una red de lavado de dinero ligada al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrían. Lo que escucharían en las intervenciones vincularía al juez Noveno de Paz, Romeo Aurora Giammatei, con un hijo de Rivera Monge.
Sigfredo Campos Crespo, entonces director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, notificó de lo escuchado a Luis Martínez, para ampliar la intervención contra el juez Aurora Giammatei. A través de esa intervención, se constató que este juzgador convenía procesos judiciales para favorecer a terceros.
En ese sentido, fueron interceptadas varias comunicaciones telefónicas entre Giammatei y el abogado Wilfredo Ernesto Gutiérrez, un empleado del empresario Enrique Rais, célebre por un largo litigio legal contra empresarios canadienses por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) y por haber sido arrestado en 2001 por defraudación a la economía pública.
Estos elementos constan en el requerimiento penal que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el jueves al juzgado Séptimo de Paz en contra de Luis Martínez, Enrique Rais y otros nueve imputados, por participar en una red que ofrecía beneficios legales a cambio de dádivas por parte del empresario.
La Fiscalía interceptó 27 conversaciones entre el juez Giammatei y Wilfredo Gutiérrez, en el que convenían la presentación de un caso en el que Enrique Rais acusaba de amenazas con agravantes a Claudia María Herrera Díaz, demanda que fue interpuesta el 26 de septiembre de 2014.
Menos de un mes después de interpuesta la demanda, el 20 de octubre del mismo año, empiezan las conversaciones vía telefónica entre Giammatei y Gutiérrez, en las que planteaban la presentación del caso ante el juzgado Noveno de Paz. Ese mismo día se decretaría detención administrativa contra Claudia Herrera y Amílcar Hernández Serrano.
En el convenio entre Giammatei y Gutiérrez, también involucraban a Mauricio Antonio Álvarez, juez Noveno de Paz suplente, el cual asumiría el requerimiento judicial contra Herrera y Serrano, mientras Giammatei tramitaba una incapacidad médica.
“Posiblemente mañana (21 de octubre) iban a cazar a la bruja”, dijo Gutiérrez a Giammatei sobre Claudia Herrera. En efecto, la persecución contra la mujer empezó ese día. En una comunicación registrada esa fecha, el abogado de Rais le promete al juez que “si no caía la bruja, igual le iban a reconocer lo que él estaba perdiendo”.
En los días siguientes, se interceptó como Giammatei se comunicaba con Gutiérrez para preguntar el día en que sería interpuesto el requerimiento contra Herrera y Serrano; a la vez pidió que “le agilizaran el trámite de la ayuda por estar disponible”. A continuación se reproduce el resto de esa conversación.
-Gutiérrez: “¿Cuánto quiere?”
-Giammatei: “Lo que sea su voluntad”
-Gutiérrez: “Lo tengo que tramitar con la secretaria, ya que el hombre (Enrique Rais) no está”.
El 22 de octubre es capturada Claudia Herrera y un día después se detiene a Amílcar Serrano. Las conversaciones continuaban entre Giammatei y Gutiérrez, ya que el requerimiento no había sido interpuesto. El 24 de octubre, el abogado de Rais explica al juez que no se había podido entregar el requerimiento porque “El Uno” (Luis Martínez) no había podido salir con el asunto, pero que estaban preparando un buen documento.
Ese mismo día, Gutiérrez se excusa de que no se haya podido mandar el requerimiento, a lo que Giammatei responde que su juez suplente se había quejado por “todo lo que había perdido. Gutiérrez trata de calmarlo y le comenta que “Mauricio no ha perdido nada porque tendrá su cuestión (bono)”.
El 25 de octubre se presenta el requerimiento formal contra Herrera y Serrano. Dos días más tarde, Gutiérrez y Giammatei se percatan que tienen intervenidos sus teléfonos, por lo que Giammatei le comentó que “iba a hablar con el amigo Luis (Martínez) para preguntarle por qué le tenía pinchado (intervenido) el teléfono, pero el abogado de Rais le recomendó que no lo hiciera abiertamente.
Detalle de la conversación entre Romeo Aurora Giammatei y Wilfredo Gutiérrez.
El 5 de marzo de 2015, Gutiérrez ya había cambiado su teléfono y se contacta con Enrique Rais para coordinar el armado de un peritaje psicológico con el que reforzarían la acusación contra Herrera y Serrano. La idea era parecer que Rais había sufrido daños psicológicos a raíz de las amenazas con agravantes.
Gutiérrez le recuerda a Rais que se le había dado previamente una dosis (soborno) al psicólogo. El empresario lo recuerda, pero olvidó de cuantos “miligramos (miles de dólares) era la dosis. Gutiérrez le recuerda que eran cinco mil dólares.
Los peritajes médicos serían seis dibujos, los cuales serían hechos por otra persona denominada “Gracia”. Tres dibujos serían de Enrique Rais y otros tres de Hugo Blanco Rais, en los que evocarían tristeza a partir de las supuestas amenazas. El 9 de marzo los peritajes estaban listos y el 11 de marzo se presenta el requerimiento de acusación, ya en fase de Instrucción, contra Herrera, Serrano y otros dos imputados más por amenazas con agravantes.
Sigfredo Campos Crespo, jefe del Centro de Intervenciones Telefónicas, tuvo conocimiento de estas conversaciones, pero según órdenes del fiscal Luis Martínez, no debía trasladarse esta información a ninguna unidad fiscal.
El requerimiento señala además que Campos Crespo pasó la información de las escuchas a Julio Arriaza González, el entonces director de la Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, quien le respondió que gestionaría un requerimiento contra el juez Giammatei. Pero una semana después, las escuchas son del conocimiento de Luis Martínez, quien dijo que “esas eran mierdas, son inventos de esos cabrones, todo el mundo sabía que Giammatei es pícaro” y que había que continuar escuchándolos.
En 2015, Campos Crespo continuaba notificando de las escuchas y las investigaciones a Luis Martínez y a Julio Arriaza. El fiscal general le daba largas al asunto, hasta que un día dijo que no era necesaria un antejuicio para Giammatei, sino que “obligaría a renunciar” al juez, llevando “pruebas en mano” al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Campos Crespo es parte de los cuatro testigos presentados por la Fiscalía en los cuatro hechos de los cuales se acusa a esta red de nueve personas. Por lo anterior, a Luis Martínez se le acusa de omisión de investigación y fraude procesal; a Enrique Rais y a Wilfredo Gutiérrez de de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo; mientras que el juez Aurora Giammatei es acusado de prevaricato.
Detalle de las comunicaciones entre Wilfredo Gutiérrez y Enrique Rais.
Cabe recordar que de acuerdo a una publicación de la Revista Factum de noviembre de 2014, desde febrero del 2013, a pocos meses de haber tomado posesión como fiscal, hasta agosto del 2014, Martínez realizó 66 vuelos, de los cuales 40 fueron en aeronaves privadas. La oficial de información de la Fiscalía, Deisi Marina Posada, confirmó 11 viajes realizados en 2013 y 12 en 2014 por medio de una respuesta a una solicitud hecha por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE.
El fiscal fue duramente cuestionado por esos viajes, al mismo tiempo que en la Fiscalía se fueron desvaneciendo los casos que acusaban al empresario de haber desviado $240 mil de la sociedad mixta MIDES a cuentas personales en Cuba y Estados Unidos para pagar cuentas personales.