Normalmente cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declara la inconstitucionalidad de un decreto legislativo, se devuelve a la Asamblea Legislativa para que esta “enmiende la plana”.
La plana que algunos diputados planean corregir se realizó hace 23 años en un proceso que muchos consideran como polémico: La Ley de Amnistía general de 1993, que salvaba a aquellos señalados por crímenes cometidos durante la guerra civil de El Salvador de ser llevados a un tribunal.
Luego que la Sala de lo Constitucional decretara la inconstitucionalidad de dicha ley, algunos diputados hablan de crear una nueva amnistía, partiendo de las prohibiciones dejadas por la Sala.
En el comunicado emitido respecto a la Ley de Amnistía, la Sala señaló que esta “es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.
Además estipuló que los crímenes de lesa humanidad y los comprendidos en el Informe de la comisión de la Verdad, dado a conocer días antes de la aprobación de la Amnistía, no aplican para esta Ley.
Ese punto fue recalcado por el diputado del PCN, Rodolfo Parker, quien recordó que los crímenes de lesa humanidad ya estaban excluidos de la Ley de Amnistía, por lo que su inconstitucionalidad no ocasionará mayor inconveniente.
Los primeros parámetros dados por la Sala en su inconstitucionalidad son los que se deben quedar fuera en una hipotética nueva Ley de Amnistía, agregó Parker.
Velado también dijo que la coyuntura actual es ideal para para «un diálogo nacional sobre el mantenimiento de la paz», ya que considera que la derogación de la Amnistía generaría inestabilidad política.
Antonio Almendariz del PCN también es de la idea de una nueva Ley de Amnistía, sobre la cual dijo estar sorprendido por su inconstitucionalidad y señaló que el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, es “juez y parte” que debió haberse recusado, debido a su participación en el juicio contra los implicados en el asesinato de los sacerdotes Jesuitas de la UCA en noviembre de 1989.
El resto de fracciones tomaron con cautela la sentencia de la Sala, aunque no dejaron de manifestar sus temores en torno a que esta disposición, abriría “heridas del pasado”. Ese fue el sentir del presidente del partido ARENA, Jorge Velado, quien dijo que antes de la llegada de los gobiernos del FMLN, las heridas del pasado estaban “bastante cerradas”.
Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos por el partido GANA cuestionó lo que a su juicio es una “parcialización” de la Comisión de la Verdad, la cual adjudica el 90 por ciento de los crímenes de guerra cometidos en la guerra civil de El Salvador a la fuerza armada. El legislador estima que esto provocará una ola de persecución contra gente de derecha.
En tanto, Guillermo Mata Bennett del FMLN dijo que el partido analizará bien las implicaciones de la sentencia y fijar una posición, aunque no dejó de criticar el hecho que la Sala sacara tres resoluciones que cambian el rumbo político del país (Amnistía, emisión de bonos por $900 millones y anulación de diputados suplentes) el mismo día.