Pese a mis 20 años de experiencia trabajando en proyectos de inteligencia y combate al narcotráfico y el crimen organizado, me ha sorprendido cómo una empresa relacionada con José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo” (un salvadoreño que fue designado Capo del Narcotráfico el 31 de mayo de 2014 por el presidente Barack Obama) haya intentado confundir a la opinión pública diciendo que está autorizada para operar en Estados Unidos.
Algunos periódicos digitales publicaron esa noticia. “Departamento del Tesoro de Estados Unidos autoriza operaciones de Gumarsal”, La Página; “GUMARSAL operará en EE.UU. tras obtener autorización por el Departamento del Tesoro de esa nación”, El Blog; “Departamento del Tesoro de los EE.U.U autoriza a Gumarsal para operar en ese país”, Diario Latino.
Gumarsal publicó en esos medios una carta firmada por Aydin Akgun, de la Oficina de Control de Asuntos Extranjeros (OFAC), que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, autorizó todas las operaciones comerciales en ese país de esa empresa.
No obstante, si se lee cuidadosamente la carta (de fecha 31 de marzo de 2015), incluso en las mismas publicaciones de esos periódicos, la OFAC dice “ha revisado cuidadosamente la información presentada, así como también otras disponibles, en conexión con esta transferencia, y ha determinado que el Banco Wells Fargo ha sido autorizado para procesar las transferencias”.
Es decir, en ningún momento es una autorización para operar en Estados Unidos, ya que, según mi experiencia, es sumamente difícil que algún banco estadounidense apruebe transferencias de empresas sospechosas de tener vínculos con el narcotráfico y de lavado de dinero.
Lo que sucedió con esa transferencia a la que se refiere la OFAC, de acuerdo con información del sistema financiero, es que Gumarsal, a través del Banco Promérica hizo una transferencia a Estados Unidos de $684,869.13 a Estados Unidos para pagar dicha cantidad a favor de Bunge Central America, una filial de la empresa Bunge Limited (empresa multinacional dedicada a la comercialización de granos cuya oficina central está ubicada en White Plains de los Estados Unidos) a una cuenta de dicha filial en el banco J.P.Morgan Chase en los Estados Unidos.
Banco Wells Fargo, tomando las respectivas medidas precautorias ante empresas que no han logrado justificar el origen lícito de los fondos, tomó la decisión de denegar la transferencia.
Gumarsal, por medio de sus abogados y apoderados legales, logró convencer a la OFAC para que autorizara la transferencia en mención. Y eso es únicamente por lo que Aydin Akgun, de la OFAC, autoriza en la carta señalada.
Productos comercializados por Gumarsal.
En ningún momento consiste en autorizar a Gumarsal para hacer negocios en Estados Unidos. Es muy difícil que este país dé el beneplácito para que una empresa como Gumarsal, que tiene como socio fundador a Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, como designado Capo del Narcotráfico e incluido en la lista Kingpin.
La Ley Kingpin fue promulgada en diciembre de 1999 y su objetivo principal es bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculados con el narcotráfico y que sean una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Considero importante que los salvadoreños conozcan la veracidad de este caso y el intento de tergiversar una carta (curiosamente dada a conocer hasta hoy, ya que está fechada el 31 de marzo de 2015).
Dios los bendiga.
D.D.
(*) es un exagente de la Drug Enforcement Administration (U.S.-D.E.A.) con más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos de inteligencia y combate al narcotráfico y el crimen organizado. Trabajó por más de 10 años como agente antinarcóticos en Centroamérica y fue el responsable de capturar, extraditar y condenar a notorios narcotraficantes de la región centroamericana como Byron Berganza y Jorge Mario Paredes, entre otros.
En los años recientes, después de jubilarse de la DEA, Danny Dalton ha enarbolado la causa de exponer la mala administración y falta de competencia y efectividad de las agencias federales de los Estados Unidos de Norteamérica que cuentan con presupuestos multimillonarios y que tienen grandes fracasos en su lucha contra el crimen organizado a nivel internacional.