Apenas dos meses habían pasado desde que la mujer comenzó a llegar a esa colonia para vender sus productos. Lo hizo como una nueva oportunidad de tener más clientes y ganar algunas monedas más. Doña Zoila*, como llamaremos a la víctima de este relato, era una vendedora ambulante que creyó que podía entrar a una colonia de Apopa* para trabajar, como lo haría cualquier persona en un país normal. Pero se equivocó.
Esa colonia queda ubicada sobre la carretera Troncal del Norte, departamento de San Salvador, y aunque esos datos sirvan para ubicar el lugar, quizá no sea tan importante como decir que el lugar es una zona asediada por miembros de la facción Revolucionarios de la pandilla Barrio 18. A esa colonia fue que Zoila decidió ir a probar suerte.
Los primeros días, cuando apenas había llegado, los pandilleros la recibieron con algo que, irónicamente, fue considerado como una buena noticia para Zoila: aceptaron bajarle la “cuota” diaria de $15 a $10 por dejarla caminar libremente por las calles de la colonia, vendiendo sus productos. Sin embargo, la pandilla le hizo una advertencia clara y sin titubeos: el día que no pague, se muere.
Pasaron dos meses y cada vez que los pandilleros le exigían uno o dos dólares más de la cuenta, la mujer les recordaba que no podía pagar más y que ya entregaba una “cuota” en otras colonias a las que entraba a vender, que si les daba más ya no iba a llevar lo suficiente a su casa.
Una mañana, a principios de noviembre del 2014, dos pandilleros a quien la señora había aprendido a llamar Ángel y Dennis la volvieron a llamar y le dijeron que querían $15 en ese mismo instante. Nuevamente, la vendedora les dijo que no podía más y que lo único que quería en esa colonia era poder vender tranquilamente.
Los pandilleros le aceptaron la súplica, pero esta vez le dijeron que para diciembre esperaban un “aguinaldo” y con un mayor grado de cinismo del normal le aconsejaron comenzar a ahorrar.
Zoila, desesperada, decidió ya no llegar a la colonia y creyó en que buscar a la policía era lo mejor, que así podría trabajar tranquila. Fue a un puesto policial y denunció.
Los investigadores le ayudaron y montaron varios equipos para realizar una entrega controlada de la extorsión que básicamente consiste en entregar billetes seriados que más tarde serán hallados en manos de los pandilleros para poderlos procesar.
La policía le entregó a la vendedora dos billetes de cinco dólares para que se los diera a los pandilleros cuando volviera a llegar a la colonia y le dijeron que simulara ir como si nada pasara.
El primer día de la semana siguiente, la vendedora volvió a llegar a la colonia. Religiosamente, los pandilleros la esperaban en una de las esquinas de la entrada a la zona y le pidieron la “cuota”, no sin antes gritarle que por qué había faltado a trabajar.
Asustada, la vendedora les dijo que había estado enferma y que no había podido trabajar. Los pandilleros le creyeron y le soltaron otra sorpresa: el aguinaldo que querían para diciembre era de $200 y no querían excusas.
Zoila les dijo nuevamente que no podía más. Entonces uno de los pandilleros, El Dennis, tomó un teléfono e informó a otra persona lo que la señora decía. Cuando colgó, le dijo que el Barrio 18 no la quería ver más por esa colonia. Y le quitaron los $10 de siempre.
Con uno de los dos billetes seriados cada uno, los pandilleros se fueron caminando hacia donde estaba uno de los equipos policiales. Un agente los detuvo y los registró, encontrándoles el dinero y tomándole los datos. Luego los dejaron ir.
La policía soltó a los pandilleros para ir por una orden de captura luego de haberles encontrado el dinero que sería entregado como extorsión. Luego regresaron a capturar a los dos individuos que, luego de un largo proceso, fueron condenados este viernes 24 de junio a 20 años de prisión cada uno por el delito de extorsión agravada continuada tras un fallo del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.
Ángel Antonio Mejía Herrera y Dennis Alejandro Hernández Enriques pasarán 20 años de prisión en un penal y no podrán amenazar más a la vendedora ambulante; sin embargo, desde aquel día tres de noviembre del 2014 ella no se puede acercar más a trabajar a la mencionada colonia.
*Los nombres y la dirección fueron cambiados para proteger la identidad de la víctima.