El periodista Héctor Silva Ávalos reiteró que no se ha retractado de lo publicado en la revista Factum en torno a las investigaciones en Estados Unidos en contra del empresario Enrique Rais.
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Silva Ávalos envió una carta a Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, uno de los abogados de Rais. A continuación se reproduce íntegramente dicha carta:
Washington, DC, 19 de mayo de 2016
Estimado Licenciado Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala.
Reciba por este medio mi respuesta a la comunicación firmada por usted el día 16 de mayo de 2016 y enviada a dos de mis buzones electrónicos el día 17 de mayo de 2016.
En dicha comunicación usted, en nombre de su poderdante José Aquiles Enrique Rais López, me solicita concederle en Revista Factum, publicación electrónica de la que soy Co-Director, derecho de respuesta por el artículo titulado “Condado de Florida pide incautar aviones de José Enrique Rais tras detectar rastros de narcóticos”, publicado en la revista el 26 de abril de 2016.
No me referiré en esta respuesta a su comunicación a los juicios de valor por usted emitidos en torno al trabajo periodístico en mención y/o a mi trabajo en general, por considerar que son solo eso: valoraciones subjetivas ajenas a la realidad. Si me permito, empero, aclararle que la investigación a la que usted se refiere está basada en documentos públicos cuya autoría es atribuible a autoridades federales de los Estados Unidos de América, como la Agencia de Control Antidrogas (DEA, en inglés), uno de cuyos agentes firma un documento legal anexo a un proceso judicial interpuesto por al alguacil del condado de Martin ante un tribunal de esa localidad. En ese último documento, el agente citado asegura, literalmente, que José Enrique Rais “ha sido designado como objetivo prioritario de la DEA desde el inicio de esta investigación.”
Usted refiere en su escrito, además, que yo he intentado retractarme de lo publicado a través de una entrevista vía Skype que otorgué al periodista salvadoreño Rafael Domínguez, y ofrece el link a un vídeo posteado en el sitio YouTube. Si usted tiene a bien observar la entrevista completa que otorgué al periodista Domínguez se dará cuenta de que en ningún momento en esa conversación me retracto de la investigación publicada, es más, reitero los hallazgos de la investigación y los señalamientos contra su poderdante. Le reitero: no me he retractado de lo publicado en Factum el 26 de abril de 2016. Usted, en la comunicación a la que se refiere esta misiva, y su cliente en diversos medios de comunicación en El Salvador han dicho que yo me retracté por decir en el citado programa televisivo que el proceso contra su cliente en Estados Unidos era de índole civil cuando yo había escrito en Factum que era de índole criminal. Le invito a releer lo publicado: en ningún momento en el texto se habla de una investigación o proceso de tipo criminal; se habla de una investigación en el marco de la cual la DEA y el FBI han encontrado indicios de actos ilícitos cometidos por su poderdante. ¿Entiende la diferencia?
Omiten usted y su poderdante, en su escrito del 16 de mayo, decir que Revista Factum, a través de mi persona, les ofreció derecho previo de rectificación y respuesta al escribirles un correo electrónico ofreciendo una entrevista a su poderdante para hablar de los señalamientos hechos por la DEA y el alguacil del condado de Martin. Usted, en nombre de su poderdante, se negó a esa entrevista. También respondió al correo una persona de nombre Jonathan David, quien se identificó como abogado del señor Rais. Le copio aquí los párrafos de la publicación de Factum.
“Factum escribió a Enrique Rais un correo electrónico el domingo 24 de abril de 2016 en el que pedía sus comentarios o reacciones al documento introducido por la oficina del alguacil Snyder a la corte del condado Martin, así como a los señalamientos hechos por la DEA en esa petición legal. El mismo domingo contestaron los abogados Jonathan David, basado en Miami y quien se presentó como representante de Rais y la compañía Rais Group Internacional, y el abogado salvadoreño Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, uno de los apoderados de Rais en El Salvador.
“En relación a los hechos… el decomiso de la aeronave por el alguacil del condado Martin estuvo basada en el alegato de irregularidades en el registro de la misma, por la documentación presentada a la corte para pedir permiso de entrar a las instalaciones, y una audiencia preliminar –incluso para determinar si hay causa probable para las acciones del condado– aún no ha ocurrido. Es decir, no ha habido determinación judicial de ningún hecho ni nada parecido. La única base para las acciones del condado son tips de fuentes no confiables… Una barrida exhaustiva fue realizada por las autoridades y no se encontró nada incriminatorio… Para ser aún más claros: ni el Grupo Rais ni José Enrique Rais ni ninguno de sus asociados ha cometido crimen alguno, y por lo tanto niegan cualquier alegato al respecto…”, escribió el abogado David, quien de acuerdo a los récords públicos de la corte del condado Martin no se ha presentado todavía como parte en el caso abierto por la petición del alguacil Snyder.
Como supongo usted sabrá, la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta emitida por la Asamblea Legislativa el 4 de septiembre de 2013, y aplicable para la tramitación del derecho de rectificación y respuesta, establece en su artículo 5º. Literal d que “no habrá lugar al derecho de rectificación o respuesta… Cuando el medio de comunicación, por propia iniciativa, haya concedido al interesado la rectificación o respuesta, sin necesidad que éste la hubiere solicitado, cumpliendo con las condiciones y en los términos que establece esta ley.” Esto último es precisamente lo que Revista Factum hizo cuando ofreció a su poderdante, previo a la publicación del 26 de abril de 2016, una entrevista para hablar de los señalamientos hechos por la DEA en su contra.
Entiendo que mi persona y Revista Factum cumplieron entonces con las obligaciones exigidas por la ley y por el método y ética periodísticos en este caso, por lo que doy por zanjada la petición hecha por usted en nombre de su poderdante y entenderé futuras comunicaciones, declaraciones públicas o acciones judiciales hechas por su poderdante en torno a este tema como acciones de acoso en perjuicio de mi integridad personal y de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, ambos derechos consagrados en nuestras leyes primarias.
Atentamente,
Héctor Silva Ávalos
Periodista
Co-Director Revista Factum
Editor-at-large Insight Crime
Investigador Asociado, Centro de Estudios Latinoamericanos, American University.
CC.
Serafín Valencia
Presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador
Edison Lanza Robatto
Relator Especial para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos
Carlos Lauría
Comité de Protección a Periodistas
Ricardo Trotti
Sociedad Interamericana de Prensa