La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) hizo público un pronunciamiento acerca de la demanda judicial que el empresario salvadoreño José Enrique Aquiles Rais López interpuso en contra del periodista y Co-editor de Revista Factum, Héctor Silva Ávalos, a quien acusa de supuestas calumnia y difamación en su perjuicio, según informó ese medio en su sitio web.
Sumado a esto, el pasado martes 3 de mayo —y con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa—, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) incluyó el caso en su informe anual de la situación de la prensa en el país, agregó.
Como “preocupante” y “de un efecto negativo” calificó la WOLA a la demanda judicial (y las acciones relacionadas) que ha entablado Enrique Rais contra Silva Ávalos.
El pronunciamiento, hecho público el miércoles 4 de mayo, repasa las credenciales periodísticas del demandado, así como también la cronología del caso en cuestión. A la vez cuestiona el efecto de los actos tomados en conjunto por Rais y su equipo de abogados.
“Aunque WOLA no conoce la motivación detrás de las acciones de Rais, el efecto de los actos, tomados en conjunto, parecieran ser la intimidación, para desalentar a Silva, directamente y a través de su familia, de continuar su periodismo investigativo”, indicó Factum.
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Para contextualizar el caso y su posición al respecto, WOLA se apoya en un informe publicado en marzo de 2016 por el Comité para la Protección de Periodistas y que describe el problema general de las demandas por difamación contra periodistas en las Américas.
El informe lleva por título “Los críticos no son delincuentes. Estudio comparativo de las leyes penales de difamación en las Américas”. En él destacan un punto primordial: “Las leyes que permiten que los periodistas sean enjuiciados penalmente por el contenido de sus reportajes representan un peligro para la libertad de prensa y para el derecho de los ciudadanos a estar informados. Como lo describió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual de 1994, tales leyes tienen un ‘efecto inevitablemente inhibidor…para la libertad de expresión’”.
En la auto descripción publicada en su página de internet, según la revista, WOLA se define como una oficina que promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con sus contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe para influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior.
WOLA, asimismo, dejó clara su preocupación por los efectos que tienen casos como este en la labor periodística.
“No cabe duda de que, en este caso, la demanda judicial y las acciones relacionadas tienen un efecto negativo sobre el periodismo investigativo. Esto es preocupante, no sólo para Silva y su familia, sino también porque el periodismo investigativo ha demostrado, en Centroamérica y en otras partes del mundo, ser una herramienta importante para aumentar la rendición de cuentas y la transparencia, y, a la larga, para la consolidación de la democracia”.
Además, este caso tampoco pasó inadvertido a nivel local. En El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) incluyó el caso en su informe anual de la situación de la prensa en el país. En el reporte, APES también tomó posición y manifestó que “desaprueba las acciones intimidatorias en contra del periodista Silva Ávalos”.