La Fiscalía General de la República concluyó este martes tres de mayo la primera fase de investigación que inició hace tres meses respecto los ilícitos que se cometieron en el marco de la tregua entre pandillas en que participó el Estado salvadoreño durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes.
Las investigaciones de la Fiscalía han logrado determinar que durante los 15 meses que duró la tregua se cometieron ilícitos como la introducción de pantallas planas, videojuegos, cable tv, discomóviles, bailarinas, abusos sexuales, así como el desvió de cerca de $2 millones de fondos del Estado para la “promoción” del pacto.
El jueves 28 de abril, la Fiscalía entregó 21 órdenes de capturas al director de la PNC, Howard Cotto, contra los implicados en los diversos ilícitos, de las cuales 17 se hicieron efectivas este día.
Entre los detenidos se encuentran dos directores y tres ex directores de centros penales, altos mandos de la Policía como el comisionado Óscar Aguilar Hernández, y elementos de inteligencia policial, así como colaboradores de la Fuerza Armada y el más mediático de los mediadores de la tregua, Raúl Mijango.
Sin embargo, varios de los involucrados en el caso aún brillan por su ausencia entre los señalados por la Fiscalía.
El expresidente Mauricio Funes, por ejemplo, quien en declaraciones a la prensa aceptó que conoció de la negociación desde su origen, solamente ha sido citado a dar declaraciones, y aunque ha sido mencionado en este proceso, no se encuentra entre los objetivos inmediatos del Ministerio Público.
Otro de los involucrados en este caso es el ministro de la Defensa y ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, quien es actualmente ministro de la Defensa y que fungió como ministro de Justicia y Seguridad Pública durante el inicio de la tregua.
En una entrevista con el periódico El Faro, Munguía Payés aceptó que la tregua fue parte de su plan de seguridad para disminuir la ola de homicidios que llevaba a El Salvador a convertirse en uno de los países más violentos de mundo.
Horas después de que la PNC anunciara oficialmente las capturas, el fiscal general Doulglas Meléndez montó una conferencia de prensa en la que mostró una presentación en la que se ve una estructura que habría organizado ilícitos dentro y fuera de los penales en el marco de la tregua.
Cuando la prensa le preguntó al fiscal sobre si Funes y Munguía Payés serían procesados luego de haber aceptado públicamente su participación en la tregua, Meléndez insistió en que “este proceso llamado tregua no es delito, lo que es delito son los que se cometieron en ese marco”.
“Entiendo yo que el señor ministro (Munguía Payés) e incluso el expresidente Funes, en su oportunidad, han manifestado que se inició el tema de la tregua, pero ellos lo que manifiestan es que se inició de alguna manera de buena fe para iniciar una reducción o una negociación con las pandillas para reducir los homicidios”, dijo Meléndez.
De acuerdo con el funcionario, el exmediador Raúl Mijango fue quien estuvo a la cabeza de toda la estructura y quien tuvo bajo su mando a funcionarios como el ex director de Centros Penales, Nelson Rauda, y a varios directivos de inteligencia policial, entre otros. Sin embargo, señaló que la fiscalía tiene sospechas de que funcionarios de mayor rango intervinieron en este proceso. “Nosotros como investigadores fiscales inferimos de que había algún tipo de directriz sobre estas personas pero no tenemos prueba suficiente”, dijo Meléndez.
Sobre el expresidente Funes, el fiscal señaló que “sí aparece mencionado; tanto así que lo llamamos a que declarara. Sin embargo no hemos encontrado pruebas que lo vinculen directamente con estos hechos”, dijo el fiscal. Y añadió “Sobre Munguía Payés. Él también aparece mencionado en la fase inicial de la Tregua, pero no hemos encontrado personas que quieran dar información en relación a él. A lo mejor por el nivel de empoderamiento que tenía”, dijo el fiscal.
Organigrama elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR) / Diario1
Investigación paralela sobre desvío de $2 millones
La fiscalía apunta a que funcionarios de la Dirección General de Centros Penales con altos mandos de la PNC facilitaban las negociaciones entre pandilleros, y además facilitaron recursos del Estado para la promoción de la tregua.
Según con las investigaciones fiscales, además de los ilícitos que ya habían sido revelados por la prensa nacional, otro de los hechos de corrupción cometidos en este marco fue el desvío de cerca de $2 millones provenientes de fondos destinados para las tiendas institucionales de los penales.
Meléndez señaló que las tiendas fueron entregadas en su totalidad a la administración de pandilleros internos, quienes acreditaron como proveedores a sus mismos familiares. Sin embargo, algunos proveedores particulares reportaron el impago de $2 millones.
De estos dos millones, la Fiscalía tiene pruebas de que una parte fue utilizada para la “promoción” de la tregua, aunque podría ser la totalidad del monto “o más”, lo malversado, según explicó el fiscal general.