La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se encuentra allanando las instalaciones de las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en el marco de la investigación de la tregua entre pandillas en que se han visto involucrados altos funcionarios del gobierno salvadoreño.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades están incautando la información referente a las tiendas institucionales de los centros penales, de las cuales se habrían desviado $2 millones para “promocionar” la tregua.
La fiscalía cerró este martes tres de mayo la primera etapa de una investigación en torno a los delitos que se cometieron en el marco de la tregua entre pandillas durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes.
Las investigaciones apuntan a que funcionarios de la Dirección General de Centros Penales junto a altos mandos de la PNC facilitaban las negociaciones entre pandilleros, y además desviaron recursos del Estado para diversas actividades ilícitas como la introducción de discomóviles, televisores y bailarinas a los penales.
El martes fueron capturados 18 de los involucrados en diversos ilícitos supuestamente cometidos en el marco de la tregua, entre ellos el exguerrillero y exmediador de la tregua, Raúl Mijango, quien, según la FGR, coordinaba actividades ilícitas y tenía bajo su mando a altos funcionarios, incluso al entonces director de Centros Penales, Nelson Rauda. Este último se encuentra prófugo de la justicia.
Según con las investigaciones fiscales, además de los ilícitos que ya habían sido revelados por la prensa nacional, otro de los hechos de corrupción cometidos en este marco fue el desvío de cerca de $2 millones provenientes de fondos destinados para las tiendas institucionales de los penales.
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, señaló en una conferencia de prensa que las tiendas institucionales de centros penales fueron entregadas en su totalidad a la administración de pandilleros internos, quienes acreditaron como proveedores a sus mismos familiares. Sin embargo, algunos proveedores particulares reportaron el impago de $2 millones.
De estos dos millones, la Fiscalía tiene pruebas de que una parte fue utilizada para la “promoción” de la tregua, aunque podría ser la totalidad del monto “o más”, lo malversado, según explicó el fiscal general.
La División Técnica y Científica de la PNC en el allanamiento. Foto D1, Rodrigo Sura.