Una serie de investigaciones realizadas por las secciones de Inteligencia de Centros Penales y de la Policía Nacional Civil (PNC) determinaron que existe una red de abogados que, bajo el uso del derecho a la legítima defensa, ingresaron a los centros penales para colaborar con los cabecillas de pandillas recluidos.
Así lo confirmó hoy el secretario de la Presidencia Eugenio Chicas, quien explicó que por eso, entre las medidas adoptadas por el Estado de Emergencia decretado en siete centros penales, se encuentra la supervisión de las actividades que los abogados realicen en los recintos.
“Hay mucha investigación criminal que ha llevado al descubrimiento de que muchos, no algunos, muchos de los abogados que se dedican a defender criminales también son puente de enlace de estos grupos. O sea, también han estado implicados en el manejo económico de la extorsión y en el traslado de órdenes, de directrices, de información”, aseguró el vocero de la Presidencia.
Este martes, la Dirección de Centros Penales realizó el traslado de 299 pandilleros que ostentan mandos medios en las tres principales pandillas del país (MS-13 y las dos facciones del Barrio 18) hacia un módulo especial “de aislamiento” en el penal de Quezaltepeque, y decretó Estado de Emergencia durante 15 días en siete cárceles del país.
Algunas de las implicaciones del Estado de Emergencia son la suspensión de visitas personales o familiares a los reos. Las autoridades también determinaron que los reclusos deberán permanecer encerrados en sus celdas mientras dure la medida extraordinaria para facilitar la realización de requisas.
“Es muy importante la medida de restringir las visitas incluso de los defensores. Siempre estará asegurado, porque existe el rango constitucional, el derecho de la legítima defensa, pero en este caso tiene que haber medidas extraordinaria para asegurar que esa legítima defensa esté enmarcada en técnicamente en eso”, dijo Chicas.