Llevada por el miedo y la incapacidad de poder seguir pagando la extorsión, “Vanessa” decidió acudir a la Policía y denunciar que pagaba $100 mensuales a miembros de la Mara Salvatrucha que operan en el municipio de San Marcos*.
Una mujer que por años ha trabajado vendiendo cereales como arroz, frijoles, maíz y concentrados para aves en el centro de dicho municipio del departamento de San Salvador, se cansó de entregar dinero producto de su esfuerzo a pandilleros y se armó de valor para denunciar a un grupo de extorsionistas que durante seis meses le habían quitado no solamente su dinero, sino también su tranquilidad.
En la segunda semana de junio de 2015, la mujer acudió normalmente al mercado para realizar su labor comercial y nunca pensó que comenzaría su calvario al ser víctima de la delincuencia y específicamente del delito de extorsión.
Tras caminar varias cuadras hacia su negocio, la víctima fue abordada por tres pandilleros, hombres fornidos, tatuados, de entre 20 y 25 años, quienes con voz amenazante le dijeron que desde ese momento tenía que “colaborar” con la clica.
“Órale, la onda es que a partir de hoy tenés que pagar $100 para entrar a nuestro barrio y si no los das no vuelvas porque te vamos a reventar”, relató la víctima al recordar las palabras de uno de los delincuentes.
Ante las amenazas a muerte, la mujer de aproximadamente 40 años y de mediana estatura, no tuvo otra opción que entregar $100 mensuales a los pandilleros y con ello evitar ser parte de los 24 homicidios diarios que actualmente registra el país.
Sin embargo, en diciembre pasado la señora −responsable de la manutención de tres hijos− aseguró que la extorsión había afectado profundamente sus finanzas y ante la incapacidad de pago buscó la ayuda de las autoridades.
La denuncia culminó con la captura de 11 los pandilleros que fueron identificados tras cuatro entregas controladas de dinero. Y fueron puestos a las órdenes de juzgados capitalinos.
El caso llegó hasta la jurisdicción de un tribunal de sentencia de San Salvador, que dejó en libertad a los acusados debido a supuestas irregularidades en la investigación policial y diferencias entre los hechos señalados y la acusación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La ofendida, que en el juicio fue identificada como clave “Vanessa”, aceptó colaborar en cuatro operativos encubiertos y junto a un agente policial vestido de civil entregaba los $50 quincenales a los extorsionistas, lo que permitió a la Policía identificar a cada uno de los delincuentes.
La primera entrega supervisada por la PNC fue realizada el 20 de diciembre pasado, cuando una mujer identificada como Marisol Mejía llegó a recoger la extorsión. La imputada se hacía acompañar de dos hombres más que respondían a los nombres de Wilmer Salvador y Juan Antonio, ambos de apellido Rodríguez.
En los otros tres operativos policiales antiextorsión fueron identificados Jorge Edgardo Deras Cano, Óscar Andrés Guillen Recinos, Carlos Antonio González, Sergio Orellana, Brenda Esperanza, José Solorzano y Denis Valencia.
El juez del caso aseguró que la Fiscalía no presentó pruebas pertinentes para robustecer la acusación contra los imputados y señaló que los documentos que se analizaron en la vista pública corresponden a una investigación extrajudicial; es decir, no contaron con la vigilancia de un juzgado como lo establece la ley.
Además, señaló que los reconocimientos de personas no fueron realizados por la víctima sino los mismos policías que supuestamente participaron en las entregas controladas fungieron como testigos, situación que no puede ser valorada como prueba en acusación penal.
“Muy probablemente uno de ustedes haya participado en los hechos”, dijo el juez a los imputados, pero aclaró que “en el sistema penal se debe tener certeza de la culpabilidad de los acusados”.
El juzgador aseguró tener una “duda razonable” sobre la veracidad de los hechos consignados en las actas de entregas controladas, las cuales fueron firmadas por elementos policiales que no participaron en los mismos y que, según el registro policial, se encontraban a kilómetros de San Marcos.
Todos los imputados fueron sobreseídos por el delito de extorsión y liberados ya que no eran reclamados por ningún tribunal del país. El caso continuará solamente contra Sergio Orellana, quien fue separado del proceso por no haber sido trasladado a los tribunales.
*El municipio se cambió para proteger a la víctima.