En un primer abordaje a la temática, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) mostró su preocupación ante la intención del gobierno de implementar estados de excepción como medida para combatir el accionar de grupos criminales en el país.
“Es como llegar de una enfermedad a una quimioterapia, es como reconocer que las instituciones no están funcionando”, valoró la vicepresidente de FUSADES, Claudia Umaña.
Umaña, quien además es presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, dijo que la propuesta atenta contra garantías como la libertad de expresión y reunión, por lo que esperan conocer el proyecto de decreto que diseñe el gobierno.
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La medida emanó luego de una reunión el pasado lunes entre los presidentes de los tres poderes del Estado, la cual sería de manera focalizada en los municipios con mayor índice delictivo.
Por su parte el director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio Fabían, dijo que estaría de acuerdo con medidas excepcionales focalizadas, las cuales solo cumplirían su propósito si logran que los grupos criminales que controlan determinadas zonas no regresen a las mismas.
De momento se desconoce si el gobierno enviará un proyecto de decreto a la Asamblea Legislativa para aplicar medidas especiales contra la criminalidad, la cual implicaría asignación de financiamiento especial. La presidente de la Asamblea Legislativa Lorena Peña, expresó que una medida de esta índole podría contener regulaciones a las llamadas y al uso de redes sociales.