Siete de los doce exmiembros del alto mando de la Fuerza Armada involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en noviembre de 1989 divulgaron un comunicado en el que aseguran que son víctimas de una persecución política que carece de base legal y moral.
Los prófugos de la justicia, que la PNC busca desde el viernes pasado para detenerlos con propósitos de extradición a España, reiteraron que se sienten limpios de cualquier responsabilidad por la muerte de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López, Amando López, Segundos Montes, Juan Ramón Moreno y Elba y Celina Ramos.
«Reafirmamos nuestra inocencia y recordamos al pueblo que los verdaderos responsables ya fueron enjuiciados», señalan en el comunicado Juan Rafael Bustillo, Rafael Humberto Larios, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Joaquín Arnoldo Cerna Flores y Óscar Alberto León Linares.
Recordaron, además, que en 2011 se escondieron en la Brigada Especial de Seguridad Militar (BESM) pero diez magistrados -que ya terminaron funciones- decidieron que la difusión roja que emite INTERPOL no puede concretarse en una captura mientras se decide una extradición.
«Cualquier captura y solicitud de extradición es cosa juzgada», dicen en referencia a la solicitud que en diciembre de 2015 reactivó Eloy Velasco Núñez, juez del juzgado de Instrucción número 006 de la Audiencia Nacional de España.
Los militares acusaron a David Morales, procurador de Derechos Humanos, de encabezar una campaña de desprestigio contra ellos.
Recientemente Lisandro Quintanilla, defensor de doce de los 17 militares que ha requerido la justicia española, presentó un recurso de hábeas corpus a la Sala de lo Constitucional de la Corte pero no ha obtenido respuesta aún.
Al final del comunicado advierten que tomarán «medidas» contra las autoridades que giraron las órdenes de captura.